La justicia trabó un embargo de 3 millones de pesos contra el policía retirado Juan Velaztiqui acusado de asesinar a sangre fría a Maximiliano Tasca, Adrián Matassa y Cristian Gómez en una estación de servicio del barrio de Floresta, el sábado por la madrugada.
El suboficial retirado de la Policía Federal fue alojado el lunes en la cárcel de Marcos Paz y quedó procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio en tres oportunidades, en una resolución judicial adoptada por el juez de instrucción porteño Ricardo Warley.
Los familiares de los jóvenes, que durante el fin de semana realizaron multitudinarias manifestaciones contra la impunidad policial, realizarán el jueves una presentación ante la Defensoría porteña en la que pedirán su intervención y solicitarán asistencia jurídica. Fuentes de la Defensoría informaron a Noticias Urbanas que "la asistencia podría prolongarse hasta las últimas instancias penales, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Huamnos de la OEA".
El domingo último fue relevada la plana mayor de la comisaría 43a, en cuya jurisdicción ocurrió el triple homicidio. Según testigos presenciales, los jóvenes fueron acribillados por el policía retirado mientras observaban por televisión las protestas del viernes último.
El crimen despertó la ira de los vecinos quienes salieron masivamente a la calle para repudiar el accionar del policía y de la violenta represión de la que fueron víctimas el sábado cuando fueron desalojados de la comisaría 46 de Floresta, en la que Velaztiqui estaba detenido.
El lunes, cerca de 600 vecinos participaron de una marcha de antorchas y de una multitudinaria asamblea en la cual se fijaron las metas del accionar inmediato. Como homenaje a sus tres amigos, un grupo de chicos del barrio -entre los que se encontraba el cuarto joven que sobrevivió al crimen- se reunió en el desolado escenario de la estación de servicio YPF de Gaona y Bahía Blanca para brindar en memoria de sus amigos.
En la asamblea se designó una comisión permanente que el lunes mismo comenzó a juntar firmas, casa por casa, para un petitorio donde se reclama a las autoridades -entre otras cosas- que nunca más lleven armas de fuego los custodios de los comercios de la zona.