La Legislatura porteña aprobó este jueves la Ley de Ciudad Productiva, que modifica el Código de Planeamiento Urbano para permitir la instalación de más industrias en el distrito.
Como anticipó esta agencia, finalmente, el despacho de mayoría fue el aprobado y promovido especialmente por el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano Álvaro González (Juntos por Buenos Aires), el resto del macrismo y algunos diputados del Frente para la Victoria.
El mismo introduce cambios en los criterios de ordenamiento de las diferentes actividades productivas en la Ciudad para evitar la expulsión de las empresas del distrito y para otorgar un marco de mayor legalidad a aquéllas que, pese a no ser nocivas para el medio ambiente ni para la convivencia social, no cumplen con el Código de Planeamiento vigente desde 1977. Es decir que, en lugar de limitar la instalación de las empresas por distrito de zonificación y superficie máxima cubierta, utiliza criterios ambientales que permiten evaluar la tecnología empleada y el grado de impacto ambiental que generarían o generan en el lugar de localización.
El dictamen de minoría era respaldado básicamente por la diputada del ARI Teresa de Anchorena, Recrear y un sector del kirchnerismo.
Las diferentes posturas fueron defendidas por los diputados Álvaro González (Juntos por Buenos Aires), Ana María Suppa, Beatriz Baltroc, Miguel "Pancho" Talento (Frente para la Victoria), Daniel Amoroso (Juntos por Buenos Aires), Sergio Molina (Bloque del Sur) y Fernando Cantero (Ari).
Y luego de un debate de 30 minutos, con 42 votos afirmativos y 4 negativos (Pablo Failde, Enrique Olivera, Florencia Polimeni y Ana María Suppa), dieron por aprobada la ley.
Con respecto a el voto dividido dentro del bloque Frente para la Victoria, su presidente, Diego Kravetz, aclaró: "Desde el bloque kirchnerista entendemos que no hay una única forma de lograr el objetivo, por eso hay integrantes del bloque que votan el despacho de minoría y otros el de mayoría; pero nuestro compromiso es, sin dudas, la derogación de la normativa del proceso militar y la generación de industrias para generar más fuentes de trabajo y un desarrollo armónico dentro de la Ciudad".
Previamente, al ritmo de “Voten las leyes la p… que lo parió” o “hay que votar, hay que votar, porque sino van a cobrar”, “diputados, la co… de su madre, sino votan las leyes, de acá no se va nadie” (sinceramente sólo ésta última tenía buen ritmo), más la fuerza con la que golpeaban ese bombo que nunca paró de sonar, se aprobó la ley que la hinchada de San Lorenzo pedía dentro y fuera del recinto, y que el vicepresidente segundo de la Legislatura porteña, Miguel Talento, impulsó: la donación, con fines deportivos y sociales, al club San Lorenzo de Almagro, de un predio de 4.500 metros cuadrados, ubicado en Salcedo y José Mármol.
Talento aseguró que "el espíritu de esta ley es reconstruir el patrimonio cultural y social devastado por la dictadura militar, cuando se forzó el cambio de destino histórico de San Lorenzo, una entidad social y deportiva".
Desde las 17 que la hinchada de San Lorenzo había posado su humanidad sobre la calle Perú y lanzado cuanta bomba de estruendo tenía. La barra cuerva colgó todos los carteles que pudo y cantó hasta que Santiago de Estrada dijo, cerca de las 22, “se aprueba”. Con 49 votos a favor y 8 abstenciones (del ARI) se aprobó el proyecto. Particulares e imposibles de reproducir fueron los cánticos que tenían como destinatario al diputado Enrique Olivera.
Previamente, por iniciativa del diputado Jorge Enríquez, la Legislatura porteña aprobó una ley que impone al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de concursar todas las contrataciones profesionales de arquitectura e ingeniería civil.
Al respecto Enríquez detalló: "Se establece que estas contrataciones se efectúen bajo la forma de contratos de locación de obra intelectual y los profesionales sean seleccionados exclusivamente a través de concursos abiertos a todos los profesionales legalmente habilitados a tal efecto".
La Legislatura porteña también aprobó dos proyectos de ley que modifican el Código de Planeamiento Urbano, y que tienen como objetivo limitar a futuro la construcción de torres en altura en los barrios de Coghlan y Palermo.
Ambos proyectos fueron impulsados por la legisladora Beatriz Baltroc, del bloque del Frente para la Victoria, y como implican una modificación al Código de Planeamiento, luego de su aprobación en primera lectura, ahora deberán pasar por una audiencia pública y luego ser sometido nuevamente a votación en el recinto. En el caso de Palermo, la zona en cuestión abarca la franja delimitada por las calles Fitz Roy, Juan B. Justo, Córdoba y Santa Fe, donde actualmente se construyen complejos de torres de hasta 40 pisos de altura, lo que ha provocado el reclamo de numerosas entidades vecinales.
Al respecto, la diputada kirchnerista sostuvo que “con la sanción de ambos proyectos se busca preservar la fisonomía urbanística de ambos barrios y en el caso puntual de Coghlan se crea por primera vez un área de protección histórica”.
Otra norma sancionada este jueves es la ley de educación vial obligatoria, que deberá dictarse en las escuelas públicas y privadas. Los legisladores también aprobaron un pedido de informes de autoría de la diputada macrista Luciana Blasco en cual se solicita al Poder Ejecutivo que “informe sobre la distribución de los guardianes en los espacios verdes y especificación de las tareas que desempeñan".
“Al realizar un relevamiento en las plazas de la Ciudad y comparar la información que habíamos recibido de la Dirección de Espacios Verdes comprobamos que en el 70 por ciento de las plazas no encontramos ningún agente y nos preguntamos ¿dónde están los guardianes que le cuestan a la ciudad 5 millones al año?”, preguntó la diputada.
La Legislatura además sancionó una ley que regula la gestión integral de los residuos peligrosos. La norma aprobada establece un régimen sancionatorio para aquellos que infrinjan las normas que reglamentan el uso y la manipulación de sustancias peligrosas, que implica desde la aplicación de multas hasta la clausura definitiva de los establecimientos que no estén en regla.
Por otra parte, se aprobó la iniciativa de la diputada Inés Urdapilleta, que propone crear el Ballet de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, un cuerpo oficial integrado por 14 parejas que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Cultura porteño.
"La creación del Ballet de tango es la oportunidad para incorporar bailarines y coreógrafos que prestigien y representen a la Ciudad de Buenos Aires. Implica además, que el Gobierno porteño podrá dirigir una política cultural del tango y hacer respetar la diversidad de sus estilos tradicionales y el proceso evolutivo de esta danza", expresó la diputada.
El cuerpo se conformará a partir de audiciones públicas y, a su vez, el Director Artístico será elegido por concurso o selección de antecedentes. El jurado evaluador estará integrado por un representante del Ministerio de Cultura, dos personalidades de la danza designados por este ministerio y dos miembros de la Asociación de Maestros, Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino.
