Hace instantes, en la sesión que está llevando a cabo la Legislatura porteña, la diputada justicialista, Alicia Pierini, realizó una grave denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, acusándolo de haber averiguado la filiación política de ciudadanos previo a su contratación por la modalidad de locación de servicios.
La diputada porteña mostró en el recinto una copia del oficio emanado del 20 de setiembre de 2001 por el Juzgado Federal Nro.1 con competencia electoral que respondía a una requisitoria de la Secretaría de Promoción Social de la Ciudad -cuyo titular era en ese entonces Daniel Figueroa- de fecha 17 de setiembre. En ella se solicitaba informar sobre la filiación politica de 28 mujeres, que habían sido asistidas por razones de violencia familiar o recuperación de adicciones.
Tres meses después, el 28 de diciembre, la Dirección de Espacios Verdes les otorgaba contratos de locación a 20 de ellas para el cuidado de plazas, como parte del proceso de reinserción laboral. Casualmente las ocho no contratadas, resultaron no tener filiación política-, aunque no se sabe si fueron "reinsertadas" o no obtuvieron padrinazgo político suficiente para un "contrato basura".
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación destacó que "bajo ningún concepto pueden hacerse averiguaciones sobre creencias, religión, preferencias políticas u opciones sexuales de nadie", y denunció "la falta de garantías que este hecho demuestra en el contexto de un gobierno sin conducta, que no se corresponde con el palabrerío garantista que siempre se les escucha".
El jefe de bloque del oficialismo, Marcelo Vensentini, consintió en que el hecho constituía "una aberración, pero de lo que se trata es de aniquilar conductas y no triturar personas" en alusión al uso partidario del tema. Vilma Ripoll de Izquierda Unida agregó que ella se hallaba abocada a la misma investigación, producto de haber hecho contacto con las mujeres en Parque Centenario, donde le contaron la problemática. Su compañero de bancada, Patricio Echegaray y la diputada Marta Oyhanarte, coincidieron en su indignación "por la impunidad con que se desarrolló el hecho", mientras que Eduardo Peduto aclaró que "aunque estas personas no estaban ya en sus cargos, el Estado es una continuidad".
Pierini remató diciendo que el principal delito es la vulneración de información sensible y de los derechos personalísimos y que, si alguien puede iniciar acciones legales, son las damnificadas directas".
Una propuesta del diputado Enrique Rodríguez de citar al jefe de Gabinete, Raúl Fernández, a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos y Antidiscriminación para brindar las explicaciones correspondientes por parte del Gobierno, fue aprobada por unanimidad en el recinto y se realizará posiblemente en la semana próxima.
