Las autoridades de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) y los representantes del Barrio Samoré protagonizaron, hace algunos días, un conflicto desatado a raíz de unas circulares que estos últimos recibieron este mes de parte del organismo porteño. Allí se les indicaba que la cuota mensual que debían pagar por la adquisición de sus inmuebles, en varios casos, superaba ampliamente la estipulada hasta el momento.
Por este motivo, el lunes 20 de octubre, a las siete de la mañana, un grupo de vecinos y delegados de ese complejo habitacional se acercaron a la casa particular de Aníbal Ibarra -Campillo 2757- para reclamarle una solución. El titular de la CMV, Ernesto Selzer, debió acercarse al lugar y atenderlos en la calle mientras los vecinos seguían tocándole el timbre al jefe de Gobierno porteño. Al día siguiente, el organismo emitió una resolución dando marcha atrás a la medida, pero algunos delegados aún no están conformes, porque esperan que la misma sea dirigida a todos los vecinos que recibieron la circular anterior.
Según afirmó a NOTICIAS URBANAS Gustavo Varela, gerente del Registro de Adjudicaciones Inmuebles de la CMV, "en el más breve plazo, no más allá de quince días, saldrá una nueva carta individual informando de la nueva situación".
LA LEY 177
En mayo de 1999 la Legislatura porteña sancionó la ley 177, mediante la cual se creó una comisión técnica tripartita, integrada por representantes de la CMV, barriales y de la Legislatura- para emitir dictámenes sobre varias cuestiones vinculadas con los barrios Cardenal Samoré, Lafuente, Donizetti, Rivadavia II, Illia, Consorcio 16, Savio III y Copello, todos construidos por la Comisión Municipal de la Vivienda. Entre las cuestiones figuraba la realización de una nueva valuación de los inmuebles y del valor de las cuotas mensuales que debían pagar los compradores.
La comisión realizó los revalúos, obteniendo como resultado una fuerte disminución tanto en el precio de los departamentos como de las cuotas. Según explicó Juan Ferreira, delegado del Barrio Samoré, se estableció un máximo de 300 cuotas mínimas de 50 pesos.
El 6 de junio de 2001 se firmó un acuerdo entre los miembros de la Comisión Técnica, en presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Escribanía General de la Ciudad. Allí se establecieron cinco modelos de actas de adhesión a la ley 177 para que las suscribieran los vecinos que quisieran beneficiarse con la norma.
Los diferentes tipos de actas contemplaban las distintas situaciones habitacionales y establecían condiciones según los casos: "unidades con saldo de deuda sin escriturar", "unidades con saldo de deuda escrituradas", "unidad con precio cancelado sin escritura", "unidad titular fallecido con saldo de deuda sin escritura" y "unidad titular fallecido con precio cancelado". En las actas, los adherentes fijaban el valor de la cuota que debían pagar -siempre de cincuenta pesos como mínimo-. En cada acta se establecía también que si las condiciones estipuladas allí no se cumplían, éstas quedarían sin efecto y volvería a quedar vigente el monto estipulado en el boleto de compraventa original.
"Lo que sucedió en el caso de las personas que recibieron la circular con las cuotas más altas fue que hubo una aplicación un tanto rígida de lo establecido en las actas de adhesión. Por ejemplo, en el caso de las unidades con saldo de deuda sin escriturar se establece un plazo de escrituración de 45 días contados desde la suscripción del acta. En los casos en los que esto no se hizo se la dio por caducada", señaló Varela. "Sin embargo -añadió-, reconocimos que el reclamo de los vecinos era justo y dimos marcha atrás con la medida".
El funcionario relató que este problema surgió tras la rehabilitación de los pagos, que en la mayoría de los casos habían sido suspendidos, ya sea por los vecinos o por la CMV. En cuanto a las escrituraciones no realizadas, aclaró que hay muchos casos en los que la responsabilidad no recae sobre el comprador. Incluso a veces el responsable fue el Estado, que no otorgó a tiempo el certificado de libre deuda correspondiente para la escrituración.
El plazo para adherir a la ley 177 ya venció, aunque Varela afirmó que se harán excepciones para los casos que lo ameriten -por ejemplo, si la persona estuvo presa-. "Con respecto a las escrituraciones no realizadas, si los compradores manifiestan la voluntad de llevarlas a cabo se los va a tener en cuenta aunque se haya vencido el tiempo para hacerlo. La CMV es un organismo social, no va a salir a perseguir a la gente", prometió el funcionario porteño.
