La solicitud de comparencia de Alicia Vasconcellos se produjo a partir de una denuncia de la Asamblea de San Telmo, que la diputada del ARI, Delia Bisutti, convirtió en una citación oficial para presentarse a declarar ante la comisión de Vivienda, que preside la justicialista Silvia Gottero.
Vasconcellos, militante radical, es una protegida del ex presidente del Concejo Deliberante, el radical Juan Carlos Farizano, que comparte con el actual presidente de la Legislatura porteña, Cristian Caram, las banderas de la agrupación Futuro, que lidera Rodolfo Terragno.
La repartición en la que presta funciones Vasconcellos depende de la subsecretaria de Gestión de la Acción Social, Mónica Desperbasques.
La reunión estuvo cruzada en todo momento por controversias, gritos, amenazas veladas, acusaciones y amagos de agresión constantes. La funcionaria cuestionada se defendió bien, e incluso puso en duda las denuncias en su contra, pero sus palabras y sus actitudes la mostraron permanentemente en una pose, entre irrespetuosa y patoteril, contra los diputados y contra algunos habitantes del edificio, que abonaron -a pesar de todo- los argumentos de los denunciantes.
Los diputados Delia Bisutti y Jorge Altamira llevaron la voz cantante de la acusación y fueron los que embistieron más incisivamente contra la funcionaria, que también tuvo defensores, entre los que se contaron algunos habitantes del antiguo edificio de PADELAI, la diputada Marcela Larrosa -que también integra las filas de Futuro- y la presidenta de la Comisión, Silvia Gottero.
De todos modos, la acusada exhibió una gran habilidad para defenderse, ignorando selectivamente -con un buen juego de cintura, paradójicamente- algunos de los argumentos de los acusadores, dialogando directamente con los "disidentes" -como llamó a los habitantes de PADELAI que se oponen a su gestión- y exhibiendo en todo momento un acabado conocimiento del terreno que le tocaba pisar, llegando incluso a hacer pública -sin ningún pudor- la situación matrimonial de algunos de los "disidentes".
Éstos denunciaron que la policía los intimida permanentemente y que para introducir muebles o electrodomésticos en sus hogares deben ir a la comisaría para solicitar autorización, porque en una casilla que hay a la entrada del edificio hay una guardia policial durante las 24 horas, que les impide ejercer su libertad.
Bisutti acusó a Vasconcellos de "discriminación" por el episodio de la exhibición del video, a lo que la funcionaria contestó -muy suelta de cuerpo- que, como los vecinos no tienen cable -éstos la contradijeron en este punto-, les mostró a "los otros" -los que la apoyan- una filmación de Crónica TV en la que los asambleístas de San Telmo la acusaban por diferentes abusos.
Cuando se encontraba exponiendo el diputado del Polo Obrero Jorge Altamira, repentinamente éste interrumpió su exposición para recriminarle a un joven que se encontraba entre el público -justo frente al diputado del PO, en la primera fila- que le hacía gestos mientras hablaba.
Altamira centró sus cuestionamientos en que no se hacen reparaciones sobre el edificio -el cual vale 25 millones de dólares, según afirmó-, y en que los que optan por un crédito a baja tasa de interés que otorga el Banco Ciudad, firman un formulario por el que renuncian a los derechos que les corresponderían por el 70 por ciento del valor del edificio.
Una señora denunció que la policía no le permitió en una ocasión ingresar un lavarropas que le habían obsequiado y que en otra ocasión, cuando la policía entró a su habitación buscando a un chico y uno de los uniformados apuntó con su arma a su hijo menor.
Finalmente, poco antes de que den las diez, la Comisión de Vivienda decidió que se va a estudiar un proyecto del diputado Altamira, que instaura una operatoria para que se entreguen a los ocupantes que lo soliciten subsidios para comprar viviendas. Altamira basó su propuesta en que muchos de los beneficiarios no tienen trabajo, por lo que un crédito impago los arrojaría nuevamente a la calle, desde la cual llegaron años atrás al edificio de PADELAI.
Antes, la diputada Beatriz Baltroc (ARI) había informado que el Banco Ciudad le había enviado -a su pedido- una lista del estado de los créditos tomados por los antiguos ocupantes del edificio, que arrojó como saldo que, sobre 33 créditos, 16 se encontraban en mora.
Por su parte, la diputada Bisutti afirmó que "el tema no está terminado. Todo está muy viciado con viejas prácticas ‘punteriles’". Luego la diputada manifestó que "espero que esta semana la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura dé curso a otro Pedido de Informes para saber, esta vez, si el Gobierno de la Ciudad estaba en conocimiento de los temas que aquí hemos estado denunciando y, si no se hizo nada, pediremos un sumario administrativo para la funcionaria".
