"Después de Hora" – programa periodístico de América TV – denunció la desproporción que existe entre el presupuesto que se destina a la Cárcel de Contraventores y la cantidad de trabajo que esta recibe. Daniel Hadad, periodista que conduce "Después de Hora", se mostró indignado ante las declaraciones del personal a cargo de dicha cárcel al mencionar que el último contraventor detenido no se acordaba cuando había sido y que estuvo una semana. El Gobierno de la Ciudad, presupuestó, en el 2001, 785 mil pesos con este fín.
Según un informe que le envió al presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional, Oscar Alberto Lucangioli, el subdirector del Centro de Detención de Contraventores, Jorge Gómez, la unidad carcelaria albergó, desde el 1 de enero hasta el 20 de noviembre de 2001 -fecha en que fue firmado el escrito- a tres detenidos. Entretanto, el Gobierno de la Ciudad a cargo de Aníbal Ibarra le otorgó a su mantenimiento un presupuesto de 785 mil pesos en el 2001.
La cárcel está ubicada en Viamonte 1155, frente al Teatro Colón. Allí funcionó hasta 1989 la Unidad 22, en la que estuvieron detenidos, entre otros, el ex teniente general Jorge Videla y el ex ministro de Isabel, José López Rega.
Del presupuesto 2001 se desprende que se gastó más en el personal del "Gabinete de autoridades superiores", que en la planta permanente de empleados, 143 mil y 114 mil pesos, respectivamente. También se gastaron 104 mil pesos en concepto de "Servicios profesionales, técnicos y operativos" y 128 mil fueron destinados para "otros servicios", sin especificaciones.
En definitiva, cada noche de los detenidos en el paraíso les costó 46.176,47 pesos a los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires.
EN EL 2000, HABIA OTRAS EXPECTATIVAS
Según expresó el ex subsecretario de Legislación y Justicia del Gobierno porteño, Hugo Germano, en un articulo publicado por el matutino Clarín el 23 de enero de 2000, ningún contraventor había pasado la noche detenido, simplemente porque no había cárcel. Pero el funcionario advertía ya entonces a las futuras masas infractoras que "esto está a punto de resolverse; a fines de febrero inauguraremos una unidad para este fin".
En su momento, el ex subsecretario del Gobierno de la Ciudad y actual legislador porteño, Jorge Enríquez, anunciaba que "la obra costará menos de $200.000", en tanto que Germano motivado por la expectativa, explicó que, además de los pabellones para hombres y mujeres, "también habrá un sector para travestís". En enero de 2000, los funcionarios porteños aún no habían definido cual sería la capacidad del edificio de seis pisos, aunque suponían que alojaría entre 60 y 100 detenidos. Hoy, a más de dos años de esa utopía, la Cárcel de Contraventores sólo alberga a un puñado de personas, aunque aún conserva el presupuesto pensado para ese oneroso centro de detención.
DEMASIADO CAPACITADOS PARA TÁN POCO TRABAJO
La diputada Alicia Pierini presentó un Pedido de Informes ante la Legislatura porteña, para que el Poder Ejecutivo explique -en primer término- "las razones por las que peticionó al Consejo de la Magistratura la realización de un tercer curso de capacitación dirigido al personal del Servicio Penitenciario Federal, siendo que ya dicho Consejo capacitó a 150 agentes y no existe en el historial contravencional de esta Ciudad más de dos casos de contraventores con arresto efectivo".
En otro puntos, el Pedido de Informes de la diputada solicita que se le expliquen al cuerpo las razones por las cuales, en la reunión de la Comisión de Presupuesto de diciembre de 2000, el secretario de Justicia y Seguridad estimó que no correspondía capacitar a los policías federales porque "era una intromisión institucional, y no considera lo mismo en relación al Servicio Penitenciario Federal".
Finalmente, en los dos últimos puntos, Pierini le pide al Poder Ejecutivo que informe el monto de las transferencias realizadas a los penitenciarios y el destino que éstos les dieron. Además solicita la fecha y el texto del convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y el SPF, y "las razones por las que no ha sido enviado para su aprobación interjurisdiccional a esta Legislatura".
La diputada Pierini manifestó en sus fundamentos que "Si bien en lo teórico no dudamos que hay que capacitar y transformar al SPF, no parece entendible prima facie que no existiendo hasta la fecha más que una o dos aplicaciones de pena de arresto en dicho centro, haya sido necesario ‘capacitar con éxito’ a tanto personal".
