Ante la irresuelta problemática de los hoteles que alquila el Gobierno de la Ciudad para albergar a las personas sin techo, el juez Roberto Gallardo llamó a una audiencia pública, donde debían concurrir, entre otros, el secretario de Desarrollo Social, Rafael Romá; el presidente del Instituto de la Vivienda, Ernesto Selzer, y el defensor de Pobres que patrocina a la familias incorporadas a hoteles, Fernando Loudeiro. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad estuvo representado únicamente por el director de Emergencia Habitacional, Víctor Colombano.
El objetivo de esta audiencia pública judicial era encontrar una salida consensuada a la situación de las familias sin hogar que están viviendo en dos hoteles clausurados de Constitución, en condiciones de hacinamiento y falta de higiene.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Sandra Bergendeld, aseguró: "Me pareció una iniciativa muy loable de parte de la Justicia. Aunque debo reconocer que nos sorprendió a todos que no se hiciera presente ningún funcionario del Instituto de la Vivienda (IVC). Me parece que la voluntad del Poder Judicial es intimar al Gobierno de la Ciudad a que proporcione una vivienda digna, lo mismo que venimos haciendo desde la Legislatura".
La diputada macrista aseguró que, cuando le tocó hacer uso de la palabra, dijo que "veía que los damnificados se sienten rehenes de algo que no está resuelto entre Desarrollo Social y el IVC porque cada uno con su normativa se pasan la pelota unos a otros sin solucionar la emergencia habitacional. Porque, según el IVC, la Ley 341 no es para resolver la emergencia habitacional, por lo que lo único que se plantea para esto son los subsidios".
Bergenfeld afirmó, además, que "la Legislatura debe declarar cuanto antes la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Porque hasta que esto no se haga no podemos hacer nada, no se frenan los desalojos, no se aumentan las partidas presupuestarias y el Gobierno de la Ciudad sigue dándole la espalda a un tema tan crucial como es que haya 400.000 personas en la calle".
El juez Gallardo, por su parte, citó a una nueva audiencia para el miércoles. Ese día, el Gobierno deberá presentar su ofrecimiento para las familias que están en los hoteles Montreal y Santiago, cuyas condiciones fueron definidas por el juez como "indignas".
