La Legislatura porteña escribió otro capítulo sobre el caso Rodolfo Spisso. Se trata del magistrado cuya designación como juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, obtenida por concurso con el mayor puntaje y aprobada por el Consejo de la Magistratura, fue denegada en dos oportunidades por el parlamento porteño.
En la sesión de este jueves se verificaron las dos posturas que habían provocado la propuesta dos despachos diferentes en la reunión conjunta entre la Junta de Ética y la Comisión de Justicia. El peronismo, que tuvo como voceros a Alberto Fernández, Lucio Ponsa Gandulfoy Alicia Pierini, quiso ratificar "por coherencia" la resolución 7/2002 que denegaba a Spisso su nombramiento, para no embretar al cuerpo en una medida "hipócrita y mamarrachesca". Esta posición que perdió, tuvo de aliado al radical Jorge Enríquez, al bloque de Justicia Social y a la humanista Lía Méndez.
La postura de la Alianza, sustentada por el frepasista Roque Bellomo, logró la mayoría, al ser apoyada por el Interbloque Porteño, el ARI, Forja 2001, Julio Crespo Campos y Juliana Marino. Antes de la votación se hizo un cuarto intermedio para ver cómo se resolvía la vigencia o la supresión de la resolución 7, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se aprobó la resolución timoneada por Bellomo tal cual había entrado al recinto.
De esta manera, la Legislatura se avino a lo solicitado por el Tribunal Superior de Justicia, otorgándole a Spisso la posibilidad de defender su posición en una Audiencia Pública que se celebrará el 30 de abril. La paradoja es que aún sigue en vigencia la resolución 7/2002 que impugna al candidato a camarista, en un hecho sin precedentes. Desde el justicialismo le endilgaron a la Alianza "que ahora vean ellos cómo encarrilan la situación, ya que para eso la votaron". La situación se tranformará finalmente en un "sainete" si después de tantas palabras, idas y venidas, como se prevé Spisso será nuevamente impugnado por el cuerpo.
La decisión de no prestar acuerdo a su nombramiento se originó a partir de una denuncia anónima que recibió la Comisión de Justicia de la Legislatura, mientras analizaba la nominación de Spisso. Éste fue cuestionado por haber utilizado en el juicio por la herencia de su esposa una autorización firmada por su suegro, después de que éste había fallecido. Cuando Spisso fue citado por la Comisión para hacer su descargo, sus explicaciones no satisficieron a los diputados, por lo que éstos denegaron el acuerdo para su designación.
La semana pasada, tras un recurso de amparo interpuesto por Spisso, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Andrés Gallardo, les impuso a los legisladores una multa de 500 pesos por cada día en el que no cumplieran la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó la realización de una nueva Audiencia Pública para discutir el pliego del aspirante a camarista. Esta medida había sido rechazada en marzo por la Legislatura a través de la resolución 7/2002, que ratificó por segunda vez la impugnación de Spisso. La decisión del Tribunal Superior también estuvo motivada por un recurso de amparo que presentó Spisso (y que obtuvo fallos favorables en las dos primeras instancias judiciales), quien cuestionó que en la Audiencia Pública realizada al momento de debatir su nombramiento y presentar las objeciones a su candidatura, nadie se había opuesto a su designación.
Como respuesta a la medida, es que la Comisión de Justicia de la Legislatura elaboró los dos despachos, que fueron tratados este jueves sobre tablas. El primero acepta la decisión del Tribunal y promueve la realización de la Audiencia, mientras que el otro, ratifica la impugnación del nombramiento de Spisso.
Por su parte, el juez envió a algunos legisladores una carta en la que explica las causas por las que, según argumenta, debería ser nombrado en el cargo. Entre ellas menciona el hecho de haber obtenido el mayor puntaje en el concurso. También hace referencia a dos fallos -uno del juzgado en lo Criminal de Instrucción N2 17 y el otro del Tribunal de Disciplina del Colegio de abogados- que lo sobreseyeron en el delito por el que fue acusado. La intervención de estos cuerpos fue solicitada por la Legislatura, inmediatamente después que ésta decidiera, el 28 de septiembre del 2000, denegar la designación de Spisso.
