La justicia no realizaría este año el proceso judicial contra 16 ex funcionarios de la administración del ex intendente porteño Saúl Bouer, a pesar de que los procesamientos fueron confirmados en el mes de febrero.
Fuentes judiciales mostraron preocupación por las demoras derivadas de los pedidos adicionales de prueba que solicitó el fiscal José María Campagnoli, al juzgado de primera instancia. En la fiscalía de instrucción Nº33, donde se desempeña Campagnoli, necesitan estas medidas complementarias para elevar la causa al juicio oral.
Según el expediente judicial, los ex funcionarios habrían integrado una red que cobraba dinero a cambio de habilitar puestos para vendedores ambulantes en los barrios de Once, Retiro, Constitución, Pompeya y Chacarita.
Entre los procesados por el juez de instrucción Nº10, Raúl Yrigoyen, figuran Pedro Fernández Sanjurjo (ex titular de la Inspección General de la ciudad), Oscar De Virgilio (ex director general adjunto de la Policía Municipal) y Héctor Ares (ex jefe de Vía Pública); todos ellos recibieron prisión preventiva. También figuran como imputados en la causa el ex director de Especiales, Osvaldo Gomila, y los inspectores Carlos Cassini, Fernando Crosta, Mario y Daniel Nana. En la lista también aparecen Jorge Pagnotta, José Corrarello, Gustavo Brizuela, Miguel Carlucci, Eduardo Jaramillo, Guillermo Peña, Mario Zárate y José Iuliano, todos vinculados con la Dirección de Habilitaciones y Permisos. Y sólo cinco de los imputados fueron además procesados por enriquecimiento ilícito, tal es el caso de Sanjurjo, Pagnotta, Peña, Jaramillo e Iuliano.
El fallo, que culminó la primera instancia de una causa que se inició con la denuncia del ex titular de la Inspección General, el cavallista Guillermo Francos fue confirmado en febrero de este año por la sala 5º de la Cámara del Crimen, mediante las firmas de los jueces Mario FIlozof y Mariano González Palazzo.
Francos, quién renunció a su banca en el Congreso Nacional a fines del 2000 alegando "cansancio moral", fue el sucesor del cargo que poseía Sanjurjo en la ex Inspección General de la Municipalidad de Buenos Aires.
