El Consejo de la Magistratura distribuyó los cargos superiores entre sus autoridades. Bettina Castorino fue elegida presidente, Diego May Zubiría vicepresidente primero, Juan Sebastián De Stefano vicepresidente segundo y María Magdalena Iráizoz secretaria. La plana superior del Consejo se completa con Abel Fleitas Ortiz de Rozas y María Celia Marsilli.
Los consejeros asumieron en diciembre del año pasado. De los seis miembros que integran el organismo judicial May Zubiría, Iráizoz y Marsilli fueron elegidos por el Colegio Público de Abogados en una elección celebrada en noviembre pasado. Castorino, De Stefano y Fleitas Ortiz de Rozas fueron nombrados en diciembre por la Legislatura, a propuesta del Frente Grande, de la UCR y del PJ, respectivamente.
Al decidirse la presidencia, vicepresidencias y secretaría, se optó por intercalar a los miembros nombrados por el Parlamento porteño con los que representan al Colegio Público de Abogados. Como May Zubiría e Iráizoz integraron la lista que había triunfado en las elecciones corrieron mejor suerte que Marsilli, que ingresó al Consejo por la minoría. Y si bien al momento del nombramiento de los consejeros había trascendido que Fleitas Ortiz de Rozas sería el nuevo presidente del organismo judicial, nuevos acuerdos lo dejaron relegado.
Los consejeros se encuentran revisando la estructura que les dejaron sus antecesores, quienes actualmente se encuentran imputados en una causa por administración fraudulenta. Entre los cambios ya realizados, Norberto Urfeig -también acusado de malversación- fue separado de su cargo de director de Ejecución Presupuestaria y transferido a un puesto de menor jerarquía. Fuentes del Consejo dejaron trascender que la reestructuración continuaría profundizándose y remarcaron la disposición de las nuevas autoridades para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de lo actuado por la gestión anterior.
Otra herencia que tiene que afrontar el nuevo Consejo son los concursos para jueces y camaristas del Fuero Contravencional y de Faltas, que ya llevan tres años de atraso y que fueron objeto de numerosas impugnaciones y denuncias de fraude.
