En medio de la intensa disputa por la batalla cultural, el gobierno liderado por Javier Milei está preparando un proyecto de ley que busca eliminar lo que denominan “discriminación positiva” y que incluirá la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal.
“El Estado no puede responsabilizarse de cada sector que se considere minoritario”, señaló una fuente de alto nivel con acceso a la oficina presidencial, poco después de que el presidente criticara la ideología woke y el feminismo radical.
Con este enfoque, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, junto con el equipo dirigido por el asesor presidencial, Santiago Caputo, están trabajando en los detalles del proyecto que se llamará Igualdad ante la Ley, y que pretende derogar lo que consideran “discriminación positiva”.
El Ejecutivo busca avanzar en la derogación de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27499); el DNI no binario, implementado mediante el Decreto 476/2021; la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (Nº 27.636); y la Ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412), entre los puntos más destacados.
🔵 El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la versión que circuló ayer desde Casa Rosada respecto a la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal, entre otras normas consideradas “discriminación positiva".
💬 "Durante años han usado a la mujer para… pic.twitter.com/DTlUGNFhGo
— Telefe Noticias (@telefenoticias) January 24, 2025
La decisión también abarcará cualquier norma que asegure “un trato diferencial ante la ley”. Inicialmente, se contemplaba incluir el cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431), que obliga al Estado a garantizar el derecho al trabajo para estas personas, pero el Gobierno descartó esta posibilidad.
“Manifiesto mi deseo de destruir la crítica y la disidencia”, prometió Milei, mientras su equipo trabaja para cumplir con sus órdenes.
A finales de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la creación de la norma sin ofrecer detalles específicos del proyecto. A través de su cuenta en X, explicó: “Argentina no admite prerrogativas de sangre, nacimiento, ni religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por ello, el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que permita el acceso a empleos públicos por criterios que no se refieran a la idoneidad de las personas. Fin”.