El Embajador de Rusia en Argentina, Dmitry Feoktistov, se refirió al impacto que tendrá el Pacto Verde Europeo (PVE) lanzado en 2019 por la Unión Europea (EU) y En nuestra opinión, el Pacto Verde Europeo es una medida proteccionista y hace una contribución mínima a la solución del problema del cambio climático.
A continuación los párrafos destacados de la opinión del diplomático ruso:
Con la formación del orden mundial multipolar y la aparición de nuevos centros de poder en Asia, África y América Latina, el «Occidente Colectivo» no cesa en sus intentos de preservar su dominio tecnológico, incluyendo a través de establecimiento de unas normas que ponen a los países en desarrollo en la posición de desventaja. Esas iniciativas incluyen la transición a una economía de bajas emisiones de carbono. Por supuesto, es una tendencia de la época teniendo en cuenta el efecto del cambio climático y la necesidad de preservar el medio ambiente frente a la creciente presión humana. Sin embargo, como sabemos, el «diablo está en los detalles».
Los métodos y el ritmo de la introducción de nuevas normas ambientales estipuladas por los occidentalistas sin transferir las tecnologías necesarias a los países en desarrollo de hecho contribuyen no a la «ecologización» de la economía mundial sino a la creación de condiciones de competencia desigual. La transformación llevada a cabo por los europeos permite asegurar, en primer lugar, su crecimiento económico sostenible, así como mantener su posición de liderazgo en el mercado mundial.
El Pacto Verde Europeo (PVE) lanzado en 2019 es un buen ejemplo de la estrategia de desarrollo destinada a satisfacer exclusivamente los intereses económicos y geopolíticos de la Unión Europea. Por medio de su implementación, Bruselas busca cambiar el orden tecnológico mundial a favor de la UE y Occidente en su conjunto. La tarea principal para la Unión en el contexto del PVE es resolver el problema del crecimiento en condiciones de los escasos recursos naturales cuyos suministros dependen de terceros países.
En el marco del PVE se están realizando varias docenas de iniciativas que abarcan la mayoría de los ámbitos de la economía (energía, transporte, agricultura, tecnologías de la información y comunicaciones, vivienda y servicios públicos, industria de acero, cemento, textiles y químicos) con el objetivo de lograr la neutralidad del carbono para 2050. Dicho propósito y el objetivo intermedio de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 55% para 2030 (en comparación con 1990), están estipulados en la Ley Europea del Clima de 2021. En febrero de 2024, la Comisión Europea presentó recomendaciones para reducir las emisiones en 90% para 2040 (desde el nivel de 1990) sobre la base de las cuales se prevé desarrollar iniciativas legislativas correspondientes tras las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en junio de 2024.
Una de las direcciones clave dentro del PVE es la transformación del sector energético. Se han tomado decisiones para ampliar el aporte de las fuentes renovables de energía (para 2030 deberían representar el 42,5% del balance energético europeo) y aumentar la eficiencia energética en general (se ha acordado mejorar el indicador en 11,7% para 2030). Las normativas de emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias clave, transporte y sector público se están volviendo más estrictas. En la agricultura, se prevé reducir el uso de plaguicidas, fertilizantes y medios antimicrobianos para el ganado y avanzar hacia una gestión de la tierra más sostenible en general. La aplicación de estas iniciativas en el sector agrícola ha sido una de las razones de las recientes protestas de los agricultores en toda Europa.
Al mismo tiempo, la UE trata de imponer sus enfoques climáticos a terceros países y adoptarlos como «estándares» internacionales. Una serie de las medidas arriba mencionadas afectan directamente a empresas de terceros países (es decir, se trata de una política «verde» extraterritorial).
El 1 de octubre de 2023 comenzó la aplicación del Mecanismo Fronterizo de Ajuste de Carbono (CBAM por sus siglas en inglés) en el modo de prueba. Desde enero de 2026 los importadores a la UE de ciertos tipos de productos con gran huella de carbono (actualmente, el mecanismo abarca hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad, hidrógeno, en el futuro la lista puede ser ampliada) tendrán que comprar certificados según el volumen de emisiones implicadas. A pesar de las críticas de varios países (miembros de los BRICS, Japón, Corea del Sur y Turquía) la introducción del CBAM impulsó los debates sobre la implementación de medidas similares en otras economías importantes, con el potencial de fortalecer aún más el sesgo proteccionista en el comercio mundial.
A partir del 30 de diciembre de 2024 (para pequeñas empresas – a partir del 30 de junio de 2025) comenzará la aplicación de las medidas para combatir la deforestación. El nuevo reglamento permitirá a Bruselas limitar el volumen de comercialización en su mercado de productos procedentes de terceros países, cuya producción implica actividades de destrucción forestal (madera, granos de cacao, café, caucho, ganado, aceite de palma, soja y sus derivados). Los socios comerciales de la UE en Asia, África y América Latina critican estas medidas, ya que las mismas podrían dañar gravemente su capacidad de exportación.
Es interesante que en la propia UE juzgan con escepticismo el concepto del PVE y la viabilidad de sus objetivos, al menos en el plazo fijado por Bruselas. Los representantes de las empresas europeas critican la «sobrerregulación» y la insuficiente elaboración de las normas «verdes» individuales, lo que dificulta su aplicación. Hacen hincapié en la imposibilidad de alcanzar simultáneamente la neutralidad climática para 2050 y garantizar un crecimiento económico sostenible. Según los expertos, la Unión Europea solo podría alcanzar los objetivos de emisiones anunciados si la financiación «verde» se aumentara a aproximadamente 1 billón de euro al año. La situación se complica aún más por falta de «las reglas de juego» iguales incluso dentro de la propia UE, debido principalmente a la diferencia en el apoyo estatal y los precios de la energía en los distintos Estados miembros de la Unión. La aplicación del PVE también tiene un costo socioeconómico cada vez más grande para la población europea.
Bajo dichas condiciones, la UE es consciente de la necesidad de ajustar el PVE. Se promueve como prioridad el equilibrio entre la «ecologización» de la economía y la preservación de la competitividad de la industria europea. Cabe señalar que esto requiere una gran inversión, incluyendo por concepto del capital privado, el acceso privilegiado a la energía, las materias primas y recursos laborales fuera de la UE, así como el uso aún mayor de las medidas de protección comercial discriminatoria y las restricciones a la transferencia de tecnologías avanzadas europeas a terceros países. Estos desafíos determinarán, en última instancia, el alcance de las iniciativas promovidas en el marco del PVE y, en consecuencia, el papel de la Unión Europea en la elaboración de la política climática mundial.
En nuestra opinión, el Pacto Verde Europeo es una medida proteccionista y hace una contribución mínima a la solución del problema del cambio climático. Es obvio que la ambición de la UE es crear las mejores condiciones posibles para preservar su superioridad tecnológica, que le permitiría aumentar su crecimiento económico interno. Está claro que Bruselas seguirá imponiendo sus enfoques en el citado ámbito a los países en desarrollo, que, sin embargo, deben prestar atención a los «detalles» indicados.
