Fue el primer anuncio en el discurso de 61 minutos con el que Alberto Fernández debutó como presidente y marcó los lineamientos que, prometió, guiarán a su gestión. “Vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas”, aseveró el flamante mandatario, luego de dar un dato para ilustrar la complicadísima situación social: habló de “más de 15 millones de personas” con problemas para alimentarse.
Después, Fernández precisó el nombre que tendría el hasta ahora llamado Pacto Social: “Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia”. Cada palabra tiene su significado, pero sobre todo vale la pena detenerse en las dos últimas. “Solidaridad” porque, el Presidente lo especificaría luego, buscará sacarles a los más ricos (¿cuál será el parámetro?) para darles a los más pobres. Y “Emergencia”, para describir el presente y, en algún modo, pedir paciencia.
“Es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos”, sintetizó en el mismo discurso Fernández, por si quedaban dudas. Y al otro día, su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reforzó: “La prioridad es avanzar rápidamente sobre los sectores que han sido más postergados”.
Así, el mismo miércoles, ya se hizo la primera reunión formal del “Plan Integral Argentina contra el Hambre”. Fue una de las medidas que Fernández anunció en campaña y que tiene como una de las cabezas visibles a su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el primer confirmado del Gabinete. Gestos de hacia adónde apunta el arranque de la cuarta administración K.
El plan tiene una pata ya consolidada, que son los fondos previstos por la “Emergencia Alimentaria” declarada este año por el Congreso. Esa ley prevé un aumento de partidas para 2020: serán 40.000 millones de pesos disponibles, contra 27.000 millones previstos para 2019. Esto se reforzará con una tarjeta para menores de 6 años, extra a la Asignación Universal por Hijo, que les permitiría comprar alimentos en determinados negocios.
En paralelo, se negociará con las empresas descuentos en 13 productos de la canasta básica, cuyos beneficiarios serán sólo los sectores más postergados. Una diferencia central respecto a los descuentos del IVA que impulsó Mauricio Macri en plena campaña.
Además, y en este caso para impulsar el empleo cuentapropista, habrá “microcréditos” al 2% o 3% anual, una tasa irrisoria comparada con la inflación, básicamente para comprar herramientas de trabajo. Se calcula que con esta medida podrá beneficiarse hasta el 40% de la población. También serviría, en muchos casos, para que esas familias paguen deudas usurarias: al no estar bancarizados, suelen tomar créditos al 200% anual.
Los nuevos préstamos serán con fondos que manejará Desarrollo Social, por fuera de los Argenta que otorgó la ANSeS, en este caso a tasas más cercanas a los precios.
En el Gobierno esperan, con estas medidas, atacar la indigencia y mover la actividad en los sectores más pobres. El reimpulso a la obra pública también ayudaría en un sector clave: la construcción.
Y en paralelo, también para mejorar el poder adquisitivo de modo indirecto, se enviará al Congreso el proyecto de “Emergencia Sanitaria” para, entre otras cosas, darles medicamentos gratis a los jubilados.
Como eje central resta, por supuesto, la confirmación de una suba para los salarios más bajos y para los jubilados.
Estas primeras medidas, pensadas como un shock, correrán mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, encara una tarea compleja, la única que permitirá implementarlas: evitar el default.
Al cierre de esta edición, Guzmán se disponía a hacer los anuncios correspondientes.