El jueves se iniciará un nuevo capítulo de la comedia de enredos que protagonizan el asesor General Tutelar, Roberto Cabiche, y el asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno; ya que está previsto que la Legislatura porteña debata un proyecto de la diputada Beatriz Baltroc por el cual se pide nuevamente el juicio político a Cabiche.
Ésta es la segunda vez que Baltroc plantea el tema, dado que en junio de 2003 los legisladores habían aprobado por unanimidad el inicio del proceso de juicio político por haber "recortado las facultades" de Moreno pero, por falta de voluntad política, el tema quedó en la nada.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo en la Justicia. Luego de siete meses de tener recortadas sus funciones, el asesor tutelar de Menores fue amparado por el juez Fernando Juan Lima Moreno, que dejó sin efecto las resoluciones emitidas por su superior. Pero tras una serie de fallos favorables, el Tribunal Superior de Justicia -mediante el voto mayoritario de sus integrantes- hizo lugar a un recurso de queja presentado por Cabiche, anulando todo el procedimiento iniciado por el asesor Moreno.
La decisión judicial se fundó en que, supuestamente, no existía "causa o caso judicial", por tratarse de una cuestión suscitada en el marco de una relación jerárquica interorgánica de carácter administrativo, por lo que no analizó la cuestión de fondo.
Baltroc aseguró que "el pretendido recorte, mediante las resoluciones cuestionadas, se presenta sin lugar a dudas como un castigo a la laboriosa e impecable labor del único Asesor Tutelar concursado. En los casos vinculados a la emergencia habitacional, el derecho a la alimentación, el acceso a los medicamentos y a la educación las actuaciones de Moreno, lejos de judicializar la pobreza, han sido un necesario y valioso instrumento de defensa de los derechos de los más débiles frente a su violación por parte del Gobierno local".
En el mismo sentido, 95 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) reiteraron "su preocupación por la decisión adoptada por la mayoría del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión judicial cobra enorme importancia en momentos en que la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires reclama el fortalecimiento de las instituciones de control de la gestión gubernamental".
En un comunicado emitido por la ONG’s se expresa que "las resoluciones habían sido severamente cuestionadas por constitucionalistas, académicos, funcionarios judiciales y hasta por la Legislatura de la Ciudad, toda vez que restringen las facultades del asesor tutelar, cuya función esencial es la defensa de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad en un fuero en donde se discuten, entre otras cuestiones, las vinculadas a políticas públicas y derechos sociales. Así, disponen que el asesor tutelar deberá elevar en consulta a su superior, todas las acciones colectivas, amparos y hasta simples oficios dirigidos a autoridades públicas o contactos institucionales con otras organizaciones".
"Sin duda -agregan-, las resoluciones significan la creación de un sistema permanente de instrucciones particulares, transformando el cargo de asesor tutelar en un simple empleado del asesor tutelar general. Bajo la apariencia de una mejor distribución y supervisión del trabajo se opera un vaciamiento de funciones de la defensa pública de niños, adolescentes e incapaces de la Ciudad de Buenos Aires".
Según las organizaciones, "mediante este argumento, el Superior Tribunal desconoció que las resoluciones 71/03 y 72/03 afectan el acceso a la justicia de los niños, adolescentes y personas con discapacidad en la Ciudad, y la posibilidad de que sus derechos constitucionales sean defendidos ante los tribunales. El Superior Tribunal de la Ciudad también ignoró que las resoluciones cuestionadas afectan la autonomía funcional que es un aspecto de la independencia judicial interna, protegida por la Constitución de la Ciudad y de la Nación. Esta afectación se torna más grave aún toda vez que limita la defensa de los derechos colectivos e intereses difusos, inhibiendo el importante papel que cumple el Ministerio Público en la protección de la población frente a la violación de derechos por parte de las autoridades".
Entre los firmantes del documento se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Autoconvocatoria por el Derecho y la Justicia (ADEJU); el Departamento de la Pastoral Social del Arzobispado de la Ciudad; Abuelas de Plaza de Mayo; el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN); la Fundación Poder Ciudadano; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); y la ex defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, entre otros.
