El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó este miércoles por la tarde la conciliación obligatoria entre el sindicato Camioneros y las empresas encargadas de prestar el servicio de recolección de residuos. La medida fue reclamada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, quien minutos antes dijo que el conflicto "se tiene que solucionar hoy por acuerdo o por intervención del Ministerio de Trabajo".
La posición oficial de la Ciudad es que los empleados que trabajan en empresas que no continuarán dando el servicio puedan acceder a las nuevas prestatarias con los mismos beneficios. Quienes no accedan a esta propuesta recibirán la indemnización correspondiente.
El sindicato Camioneros de la Capital Federal, liderado por Pablo Moyano, hijo del integrante del triunvirato de la CGT, reclama que las empresas que dejan de prestar el servicio en enero les paguen a sus trabajadores una indemnización – ya sean o no absorbidos por las nuevas compañías recolectoras-, lo que -según informó Ibarra- implicaría un desembolso de entre 40 y 60 millones de pesos.
"Estaríamos creando un nuevo derecho laboral en la Ciudad de Buenos Aires: continuidad laboral más indemnización", recalcó Ibarra, quien agregó: "¡Ojo que esto lo terminan pagando todos los vecinos!"
Por la mañana, el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, mantuvieron una reunión con Hugo Moyano en la que le manifestaron su malestar por la quema de bolsas de basura que Camioneros hizo este martes por la tarde sobre la Avenida de Mayo, frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.
Por otra parte, también antes de la decisión gubernamental, el ex secretario de Obras Públicas Abel Fatala manifestó que el mismo conflicto había surgido en 1997 cuando finalizó la anterior concesión. "En aquella oportunidad se resolvió con un acta donde se reconoció a los trabajadores el hecho de que cuando terminaban con el servicio, les pagaban la indemnización", afirmó. "Hay que reconocerles tanto la antigüedad como la indemnización", agregó el dirigente kirchnerista.
En tanto, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires emitió un duro informe en el que destacó que "a pesar de los 200 millones de pesos que se invierte por año para gestionar sus residuos, las irregularidades se multiplican mientras los porteños consideran que seguimos viviendo en una Ciudad sucia".
Loa auditores además indicaron que, previo a la última licitación de la basura, "se prorrogaron los contratos de recolección de residuos a empresas que cometían 95 deficiencias por día, se les aumentó el canon y se pagaron fuertes adicionales por errores de planificación".
Ahora, ante el quite de colaboración iniciado por los trabajadores y el estado calamitoso de las calles porteñas, el Gobierno de la Ciudad podría aplicar sanciones a las empresas recolectoras de residuos.
