La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), en cuyo seno estudian aproximadamente unos 8000 alumnos, se encuentra presa de un conflicto que amenaza con involucrar a propios y ajenos al sector universitario.
Sectores de profesores, graduados y minoría de estudiantes pretenden remover a Bruno Cernuschi Frías del decanato porque, sostienen, "la facultad está paralizada" y quienes encabezan la gestión acusan de "corruptos a quienes no piensan como ellos". Por su parte, el decano y su entorno afirman que en la facultad hay grupos que quieren supeditar la institución a la facturación de servicios y los intereses partidarios.
Los problemas internos de la FIUBA parecen haber comenzado con la reglamentación de los servicios a terceros, que se aprobó hace poco más de un mes con el impulso del decano. La norma estipula que lo recaudado debe repartirse por mitades entre el equipo de la facultad que brinda el servicio y la propia institución.
Antes, al equipo le quedaba el 80 por ciento y sólo el resto a la facultad. La resolución también establece el destino de los fondos (becas, insumos, equipos) y, además, fija un tope para la cantidad anual que un docente puede cobrar por sobre su salario por prestar servicios.
El consejero por la minoría estudiantil, Eduardo Santarelli (El Gradiente), dijo que "es preocupante que el decano y sus colaboradores persigan gente acusándola de corrupta sólo porque piensa distinto. Estamos entrando en un autoritarismo".
Por su parte un estrecho colaborador de Cernuschi Frías aseguró que "con ese discurso están obstruyendo el proyecto del decano de desarrollar la enseñanza de grado, promover los servicios y transferencias tecnológicas, recuperar la industria nacional y colaborar con los sectores más carenciados de la sociedad".
"Los jefes de esta movida desestabilizadora -agregó- son los radicales que manejaron la facultad en los últimos años, desde el claustro de graduados. Quieren recuperar lo perdido. Además hay muchos fundamentos para sospechar que hubo un manejo poco claro de los recursos". La suspicacia apunta a una serie de investigaciones iniciadas por la actual gestión, entre las cuales se destaca un convenio entre la facultad y el Gobierno porteño para automatizar semáforos a cambio de 500 mil pesos.
"No puede ser que mientras gastan sólo un un millón doscientos mil pesos en planes de autoempleo para 1000 desocupados, más del 70 por ciento de los 500 mil pesos que paga el Gobierno de la Ciudad se reparten entre los profesores y graduados que intervienen", afirmaron integrantes de La Corriente, partido que conduce el Centro de Estudiantes de la FIUBA.
Además agregaron que "la Metalúrgica Renacer, bajo control de sus trabajadores, tiene un proyecto de reactivación elaborado por estudiantes y docentes de la FIUBA, pero necesita un crédito. Así se le daría un trabajo digno y estable a 350 trabajadores. Estos son los servicios a terceros que debe hacer la Facultad".
