Como parte del reordenamiento del sistema de salud, el Ministerio liderado por Mario Lugones emitió una resolución. Esta medida requiere que 1.400.000 afiliados a obras sociales comiencen a contribuir y a depender directamente de la empresa de medicina prepaga que les brinda el servicio.
Para comprender esta decisión, es esencial revisar el funcionamiento actual del sistema de salud para los trabajadores bajo relación de dependencia.
El sistema se sustenta con una contribución del salario de los trabajadores (3%) y de las empresas empleadoras (6%). Cada trabajador tiene la opción de destinar esos fondos a una obra social o a una prepaga a cambio de recibir cobertura médica.
Hasta el momento, los trabajadores en relación de dependencia que elegían una empresa de medicina privada debían transferir una parte de sus aportes a una obra social que actuaba como intermediaria, llevándose una comisión de entre el tres y el diez por ciento. Con la nueva resolución, este negocio se elimina, ya que, según fuentes oficiales, había dado lugar a la creación de 20 entidades ficticias que se formaban solo para apropiarse del dinero de la intermediación.
Los trabajadores que no deseen que sus aportes sean transferidos automáticamente a la prepaga que les brinda el servicio dispondrán de 60 días para formalizar su decisión. La obra social seleccionada deberá encargarse de la cobertura de salud, pero ya no podrá transferir dinero a una prepaga como se hace actualmente.
La reciente norma agiliza un proceso que ha estado en funcionamiento desde febrero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo permitió un trámite en el sitio web de ARCA para suprimir la intermediación de las obras sociales. No obstante, solo un número reducido de contribuyentes optó por llevarlo a cabo.
Hoy se terminó para siempre la intermediación en el sistema de salud de nuestro país.
Más información:👇https://t.co/iy5pXhZYQ4
— 🇦🇷 Superintendencia de Servicios de Salud 🇦🇷 (@SSSALUD) January 31, 2025
Qué dice la nueva normativa
La nueva disposición (1/25) se fundamenta en una resolución que comenzó a regir el 1° de diciembre pasado. Establece que todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos de la seguridad social deben estar registradas. Para los funcionarios del gobierno de Javier Milei, la medida de Lugones implementada a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) “pone fin de manera definitiva al negocio de las obras sociales ‘sello de goma’, hace el sistema más transparente y ahorra al beneficiario dinero, ya que al enviar sus aportes directamente a la prepaga, se elimina la intermediación, que representaba entre un 3% y 10% y generaba fondos millonarios con los que sobrevivían las obras sociales fantasma”, la mayoría de ellas de origen sindical.
“Básicamente -explican en Salud- la casta robaba el dinero de manera legal a los beneficiarios con un sistema perverso diseñado para alimentar cajas negras.” Según lo declarado por el organismo nacional, esta acción permite que los aportes se destinen directamente a las entidades que gestionan los planes de salud. Detallaron que “los beneficiarios ahora tendrán un acceso más directo a los servicios de salud, lo que simplifica el proceso de vinculación”, ya que “tendrán la libertad de elegir en los próximos 60 días si desean seguir derivando sus aportes a la prepaga o prefieren regresar a la obra social”.