El presidente Javier Milei firmó el viernes el decreto que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias. Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), las sesiones se extenderán desde el próximo lunes 20 de enero hasta el miércoles 21 de febrero. En el temario propuesto por el Ejecutivo destacan proyectos que buscan reformar aspectos fundamentales del sistema judicial, electoral y penal, junto con otros de impacto económico.
En el plano electoral, se discutirá la “Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral”. Este proyecto busca modernizar el sistema electoral argentino, incluyendo la implementación de tecnología para agilizar el escrutinio y medidas para garantizar mayor transparencia en el financiamiento de campañas. El oficialismo considera estas reformas esenciales para recuperar la confianza en el sistema democrático, aunque la oposición exige cautela ante posibles irregularidades en la implementación.
Uno de los ejes centrales será el tratamiento de la llamada “Ley Antimafias”. Este proyecto busca crear un marco legal más robusto para combatir organizaciones criminales como el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción. La propuesta incluye herramientas especiales para investigar redes criminales, facilitar la incautación de bienes provenientes de actividades ilícitas y proteger a los testigos clave. En un contexto donde el avance del narcotráfico preocupa en provincias como Santa Fe, el gobierno busca dar una señal de firmeza ante el delito organizado.
Otro punto clave será la modificación del Código Procesal Penal para habilitar el “juicio en ausencia”. Este mecanismo permitiría avanzar con juicios contra acusados que no se presenten ante la justicia, algo que hoy no está contemplado en la legislación argentina. La medida genera controversia, ya que si bien podría aplicarse a casos como el atentado a la AMIA, donde los sospechosos se encuentran fuera del país, también levanta dudas sobre su compatibilidad con el derecho a la defensa.
El Ejecutivo busca endurecer las penas para quienes cometan delitos de manera reiterada. La propuesta introduce cambios al sistema penal para garantizar que reincidentes enfrenten condenas más severas y para evitar beneficios como la libertad condicional en estos casos. Además, el proyecto propone unificar condenas en un único fallo, lo que apunta a simplificar procesos judiciales y evitar dilaciones.
La inclusión de la “Ley Ficha Limpia” promete ser uno de los debates más álgidos. Esta iniciativa busca prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción o similares puedan presentarse como candidatos a cargos públicos. Si bien la medida ha generado amplio consenso social, sectores de la oposición acusan al oficialismo de usarla como herramienta política.
En el plano económico, se tratará una ley para regular la compensación y la actualización de quebrantos, es decir, pérdidas fiscales que las empresas pueden computar para reducir impuestos en años siguientes. La norma busca garantizar previsibilidad para el sector privado, en un contexto donde el gobierno busca atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico.
Finalmente, el temario incluye la discusión de pliegos que requieren acuerdo del Senado. Estos podrían abarcar desde designaciones judiciales hasta nombramientos diplomáticos. La oposición anticipa que dará una intensa batalla en el recinto, especialmente si las designaciones son percibidas como alineadas a los intereses del oficialismo.