Mientras se lleva a cabo una intensa discusión técnica en Buenos Aires entre el Gobierno y un equipo de funcionarios del FMI, el Poder Ejecutivo se enfrenta a la obligación de abonar en los próximos días un nuevo vencimiento de intereses con el organismo. Esta situación repercutirá en las reservas, en un contexto de descenso en los fondos internacionales del Banco Central, que sufrió una pérdida de casi USD 550 millones en la última semana.
Con la presencia del personal del FMI, el Gobierno implementó una serie de medidas, entre ellas un canje de deuda en pesos, que logró una adhesión del 64% y permitió al Ministerio de Economía extender los plazos de vencimiento de alrededor de 14 billones de pesos que vencían este año. En el mercado persiste la percepción de que este canje podría ser una acción previa (prior actions), típicamente medidas acordadas de antemano con el FMI antes de implementar un nuevo acuerdo.
El gobierno también reveló un plan de reducciones temporales en los derechos de exportación, con un impacto fiscal de 800 millones de dólares, lo que representa menos de la mitad del superávit total logrado a lo largo de 2024. A partir de febrero, se iniciará un ajuste más lento del tipo de cambio oficial, con un incremento mensual del 1%. En las dos últimas reuniones del directorio del BCRA no se anunciaron cambios en las tasas de interés, lo que indica que el gobierno busca mantener un amplio margen para el carry trade de los inversores.
El miércoles marcó el inicio de la primera visita oficial del equipo del organismo en el contexto de las negociaciones para un nuevo acuerdo. El gobierno aspira a obtener un préstamo de al menos 11.000 millones de dólares para recapitalizar el Banco Central y facilitar el proceso de eliminación de los controles cambiarios.
El intercambio entre Buenos Aires y Washington se ha intensificado en un contexto donde el Gobierno busca un programa que asegure nuevos desembolsos para fortalecer las reservas del Banco Central. Una de las opciones en estudio es destinar ese financiamiento a la cancelación de Letras Intransferibles emitidas por el Tesoro al Banco Central. Según declaraciones del presidente Javier Milei, el objetivo es solicitar al organismo un mínimo de USD 11.000 millones. El jefe de Estado también mencionó que la negociación no solo se centra en el monto de la operación, sino también en la secuencia de los desembolsos. Además, señaló que podría haber un acuerdo paralelo con inversores privados.
En este contexto, el primer día de febrero el Gobierno deberá enfrentar un pago de casi USD 660 millones en concepto de intereses al Fondo Monetario. Este será el primero de una serie de pagos de intereses que se realizarán a lo largo de 2025. A diferencia de los pagos de capital que se efectuaron en 2024 -y que volverán al calendario de repago en septiembre de 2026-, los intereses no están cubiertos por desembolsos previos del FMI, por lo que deben ser pagados con las reservas acumuladas por el Banco Central.
En mayo habrá otros vencimientos por casi USD 630 millones, USD 500 millones más en agosto y otros USD 650 millones.
La visión del mercado
Un informe de Adcap Grupo Financiero señaló que, aunque se anticipa que no habrá restricciones estrictas sobre el régimen cambiario, las crecientes intervenciones del Banco Central en los mercados de bonos y cambiario oficial podrían intensificar las discusiones sobre el ‘dólar blend’, un programa enfocado en estimular las exportaciones agrícolas. Es importante mencionar que el ‘dólar blend’ ha demostrado ser eficaz para aumentar las liquidaciones de exportaciones en los últimos tres meses. No obstante, este éxito ha tenido un costo para el Banco Central, ya que la oferta limitada en el mercado cambiario oficial ha restringido su capacidad para acumular reservas de divisas”, explicó el economista jefe Federico Fillipini.
Desde Max Capital señalaron que “la visita de los directivos del FMI esta semana sugiere que un programa podría concretarse pronto, y consideramos que el gobierno intentará cerrar un acuerdo entre marzo y abril. De ser exitoso, la primera revisión tendría lugar en junio/julio -con el cumplimiento de la meta de abril, usualmente redundante-, la segunda en septiembre/octubre -meta de julio-, y la siguiente después de diciembre”.