El Papa Francisco recordó este miércoles, en contraposición al discurso de libremercado que pregona el presidente Javier Milei, el rol central que tiene Estado para lograr la “redistribución” y “la justicia social” en un mundo donde hay “pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados”. Asimismo, recordó que para ejercer el poder “no alcanza con la legitimidad de origen”, sino que “el ejercicio debe ser legítimo”.
Fue durante un mensaje que envió a los miembros del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) en el contexto de la inauguración de la nueva sede en Buenos Aires, y de la primera sub sede del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”.
El Poder Judicial, dijo el pontífice a los miembros de Copaju, “es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social”. Y actualmente, siguió el papa Francisco, a apenas dos semanas de su reunión con Milei en el Vaticano, “vivimos épocas de intensa injusticia: pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados”.
“No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que sí consumen”, advirtió el pontífice, al recordar que “los derechos sociales no son gratuitos” y que “la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas”.
En ese marco, puso en duda el modelo anti-Estado que defiende Javier Milei, sin nombrarlo. “El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas. Rigen. El problema, es su vigencia efectiva, su concreción. Y es ahí donde empieza vuestro papel”, remarcó.
El “dios Mercado” y “la diosa Ganancia”, continuó el pontífice, “son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta”. La historia, aseguró, lo ha demostrado en muchas y “muy tristes” oportunidades. “Son Moloch, devorando a las generaciones recién nacidas”, ejemplificó.
La palabra de Jesús, les indicó el papa a los miembros de Copaju, “fundamenta a la Doctrina Social de la Iglesia” y “es un sendero seguro y luminoso para coadyuvar en el ejercicio de la magistratura”.
Y les recordó: “Todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. No. El ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro?”, se cuestionó.
En ese sentido, pidió a los miembros de la nueva sede “firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos”. La paz, concluyó, “es una construcción diaria y ustedes son obreros de la paz”.
Los participantes
Entre los invitados a la inauguración se destacaron monseñor Gustavo Carrara, vicario general del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires; Stella Maris Martínez; defensora general de la Nación; María Lorena Segovia, defensora general de Paraguay; María Julia Correa, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura CABA; Karina Leguizamón, Luis Duacastella Arbizu y Fabiana Schafrik, del Consejo de Magistratura porteño, y Alicia Ruiz y Marcela De Langhe, juezas del Tribunal Superior de Justicia CABA.
También fueron convocados el ministro de Justicia bonaerense y miembro de La Cámpora, Juan Martín Mena; Carolina Stanley, asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Maximiliano Benítez, defensor general de Entre Ríos; Jorge Canteros, procurador general de Chaco; Marisa Graham, defensora de Niñas, Niños y Adolescentes; Martín Ocampo, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires; Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño; y Gabriela Alejandra Vázquez, presidente de la Cámara Nacional del Trabajo.
Además, participaron Andrés Fabián Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Martín Rivas, presidente del Colegio de Abogados de La Matanza; los diputados Vanesa Siley y Sergio Omar Palazzo; Héctor Daer, secretario General de la CGT; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación; Alberto “Beto” Pianelli, secretario general Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro; y Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos.
La respuesta del Gobierno
Luego de que el Papa Francisco afirmara que el Estado tiene un papel “más importante que nunca” en la Argentina para garantizar la justicia social, desde el Gobierno de Javier Milei se mostró en desacuerdo y afirmaron que “el bendito Estado presentó les quitó todo y no les dio nada” a los argentinos.
“En algunas frases del Papa no estamos de acuerdo y está muy bien que así sea . En todo caso el Papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos la Argentina, con problemas en todos lados”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa de este miércoles.
Luego planteó que el presidente en más de una oportunidad cuestionó el concepto de justicia social cuando representa “la lógica de sacar a uno para darle a otros a criterio de un funcionario de turno”. Afirmó que esta política “ha logrado en la Argentina y en el resto del mundo donde se utilizó lo que estamos viviendo, que es un 50% de pobres “.
“El presidente entiende que pueden ser frases o palabras muy lindas al oído, pero que no han hecho otra cosa, está a la vista, 20 años hablando de justicia social, y la verdad es que la gente no quiere eso, lo demostró en las urnas”, continuó.
Y concluyó: “Por supuesto que las palabras del Papa las respetamos . Pero el Estado tiene que garantizar el acceso a la Justicia, que la ley sea igual para todos, tiene que garantizar la seguridad jurídica. El Estado, al menos el que conocemos en la Argentina, no lo ha hecho “.