Un comunicado de la Corte Suprema de Justicia salió al cruce el viernes de las graves acusaciones que había hecho más temprano el propio juez Ricardo Lorenzetti, quien se sabe está enfrentado a sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, cuestionando sus desempeños y nombramientos de personal, a los que tildó de “ñoquis”. Semejantes afirmaciones tratándose de la cima judicial tuvieron rápido eco político y el jefe de Gabinete Guillermo Francos salió a criticar las demoras en los fallos, mereciendo también una severa respuesta, en la que con cifras los jueces le mostraron al Gobierno que “se han batido récords de sentencias en 2024 con la misma dotación de personal”.
El máximo tribunal mostró una serie de estadísticas, indicando que “lleva dictadas más de 12.250 sentencias en 2024”, cifra que constituye un verdadero récord histórico, en comparación con las 10.024 sentencias de 2023 y las 8.050 de 2022.
A pesar de contar con una integración incompleta, agravada por el retiro de Juan Carlos Maqueda por su edad la última semana, el comunicado de la Corte subrayó que logró resolver más de 20.200 casos en lo que va del año, contexto donde la composición de la Corte fue de cuatro miembros en lugar de los cinco estipulados por la ley.
Y sobre las acusaciones de demoras en los fallos, el tribunal recordó que, en 2017, con una plantilla de empleados similar, se dictaron menos sentencias (7.401), evidenciando el aumento en la productividad, a pesar de la falta de una integración plena. En cuanto a las críticas sobre contrataciones, la Corte explicó que su personal se mantuvo “relativamente estable”, con solo pequeñas variaciones entre los últimos tres años. A noviembre de este año, el personal del Máximo Tribunal era de 2.471 personas. En 2023 fueron 2.484 y en 2022, 2.446″, indicaron.
Con eso dejó sin sustento las críticas que el Gobierno había intentado por la vía de Franco. El jefe de Gabinete había señalado que un sistema judicial “donde los procesos pueden tardar hasta 20 años resulta lamentable”, vinculándo esas críticas a “la dificultad de operar con un tribunal incompleto”, sugiriendo que esto podía afectar la “eficiencia procesal” del Tribunal y buscando llevar agua al molino de las demoradas designaciones de Lijo y García Mansilla.