La ONG anticorrupción, Fundación Apolo, presentó un escrito en calidad de amicus curiae ante la Justicia en el marco de la causa caratulada “KUEIDER, EDGARDO DARIO c/ HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION s/AMPARO LEY 16.986”.
El documento, que lleva las firmas del diputado porteño y director general de Apolo, Yamil Santoro; y del abogado José Magioncalda, busca respaldar la legalidad de la decisión del Senado de excluir al exsenador Edgardo Kueider de sus funciones, tras su detención en Paraguay mientras intentaba cruzar la frontera con una importante suma de dinero en efectivo.
Apolo destacó su trayectoria en la defensa de la ética pública, la transparencia y el fortalecimiento institucional. Entre sus acciones recientes, se encuentran denuncias que abarcan irregularidades en asignaciones vitalicias a exmandatarios, investigaciones sobre el manejo de seguros en la provincia de Buenos Aires y la detección de ilícitos vinculados a la administración de obras sociales sindicales.
En su presentación, que tiene el patrocinio del letrado Ignacio Falcón, la ONG subrayó que la Constitución Nacional y las leyes vigentes respaldan la remoción de funcionarios por inhabilidad moral, destacando que dicha decisión tiene como objetivo preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. “No se trata de un castigo judicial, sino de una decisión política orientada a proteger la honorabilidad del cuerpo legislativo”, expresaron los representantes de la organización.
Asimismo, argumentó que el pedido de nulidad de la sesión que decidió la expulsión de Kueider carece de fundamentos jurídicos sólidos, ya que no existieron perjuicios reales hacia el exsenador que justifiquen su solicitud. Además, el análisis de pruebas o la escucha previa del acusado no son requisitos indispensables para este tipo de procedimientos, dado su carácter político y no judicial.
Con esta intervención, la Fundación Apolo reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, haciendo un llamado a que este caso marque un precedente para futuras acciones de autodepuración en el Congreso de la Nación.