El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana manifestó su apoyo al magistrado porteño Roberto Gallardo, quien, tras suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos de la Ciudad de Buenos Aires debido a irregularidades en su uso, fue denunciado penalmente por el ministro de Justicia y Seguridad local, Marcelo D’Alessandro.
A través de un comunicado, el comité, que fue creado a instancias del Papa Francisco en 2019, manifestó su apoyo a Gallardo “ante las presiones que sufre desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires”, y expresó su “preocupación por la vulneración de la independencia judicial de las y los magistrados que deben controlar la razonabilidad de los actos administrativos del Estado”.
Gallardo, juez de primera instancia en el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, recibió una denuncia penal en su contra por parte del ministro D’Alessandro, debido a su intervención en la causa que investiga el presunto uso irregular de datos biométricos a través del sistema de reconocimiento facial del Gobierno porteño.
Al respecto, desde el comité de jueces por la Doctrina Franciscana afirmaron que “en cualquier proceso judicial, las decisiones que resulten contrarias a una de las partes deben ser impugnadas a través de las vías procesales respectivas, para su revisión por instancias judiciales superiores”.
👉🏻 #SecretoDeSumario | 🗣🎙 @dariovillarruel en comunicación con #ElenaLiberatori Jueza del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 4. Jueces se solidarizan con Roberto Gallardo por la denuncia penal del gobierno porteño.
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— Radio 10 – AM 710 😷 (@Radio10) April 30, 2022
Y agregaron que “la utilización de acusaciones y denuncias penales contra magistrados afecta sin dudas la independencia judicial, y representa -en la faz personal del Juez- una presión externa indebida destinada a hostigar, a amedrentar y a afectar su autonomía y su libertad en la toma de decisiones judiciales”.
En la “faz colectiva”, continuaron, “las denuncias penales contra magistrados por el contenido y alcance de sus pronunciamientos revisten una velada intención de disciplinamiento” que “impacta negativamente en el sistema democrático y republicano”.
En el comunicado también se destacó que la “eventual utilización irregular por parte de las autoridades gubernamentales, de un sistema de reconocimiento facial de prófugos tendría impacto sobre los datos personales” y otros derechos como la “privacidad, libertad de expresión, libre reunión y asociación, la no discriminación”.
Gallardo fue denunciado por D’Alessandro y, además, recusado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien le atribuyó una supuesta “pérdida de imparcialidad” por la medida cautelar que tomó desde su juzgado el 12 de abril último, en la cual dispuso la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial de la Ciudad.