Después de seis meses de discusiones políticas, Javier Milei logró las dos primeras leyes para tener herramientas de gobernabilidad. Tanto la Ley Ómnibus como la de Medidas Fiscales comenzarán a ejecutarse en los próximos días, una vez que se promulguen y reglamenten. No obstante, ya empezaron a generar efectos políticos.
El paquete fiscal implicará la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Es una disposición que generó rechazo de un grupo de gobernadores, quienes manifestaron su disenso durante el debate parlamentario. Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, advirtió ayer que analiza judicializar ese capítulo de la normativa porque consideró que fue un “error” que se aprobara.
Las palabra de Torres encendieron alertas en el oficialismo. El gobernador señaló que estudia la regularidad del proceso parlamentario que aprobó la restitución de ese impuesto. Es una idea que une a las provincias patagónicas, donde el costo de vida es más alto que en el resto del país. Los legisladores de esa zona impulsaron en el Congreso que la normativa comprenda exenciones o algún régimen diferencial para la Patagonia. Es algo que, finalmente, no logró las mayorías necesarias y quedó afuera.
La Ley aprobada restituirá el Impuesto a las Ganancias con un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos para solteros y $2.200.000 brutos para casados con dos hijos. Torres expresó su “preocupación” por esa medida.
“Me preocupa el caso de los médicos, son asimetrías que tienen que ver con un costo de vida mayor. Si bien es cierto que los salarios son mayores no llegan a cubrir ese costo de vida. Puede tener consecuencias graves como que médicos se vayan de las provincias”, sostuvo el gobernador.
El argumento jurídico de Chubut se centra en la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional, que refiere al proceso de sanción de leyes. Alude al rol de Diputados y el Senado cuando actúan como Cámara de origen y Cámara revisora y establece los requisitos y mayorías necesarias para sancionar una normativa. Torres estudia el tema con Gustavo Menna, su vicegobernador que es abogado constitucionalista.
Desde Rawson sostienen que la aprobación del Impuesto a las Ganancias es irregular. Porque consideran que el Senado rechazó en la votación en particular el capítulo sobre ese tributo. En consecuencia, sostienen que pese a la insistencia de Diputados por la redacción original, como Cámara donde empezó el trámite legislativo de esa Ley, “no se puede sancionar un impuesto con la aprobación de una sola Cámara”. El debate es amplio y hay varias bibliotecas respecto al tema. El oficialismo defendió ese mecanismo amparados en una resolución del propio Congreso de 1995.
En Chubut conocen que el Poder Legislativo es soberano de darse su propio reglamento e interpretar por sí mismo esas reglas. De todos modos, advierten que esa lectura no puede contrariar el espíritu de la Constitución. No obstante, hay una discusión política más allá de la concepción jurídica.
“Ha sido un error por parte del Gobierno no haber contemplado las asimetrías”, señaló Torres ayer y consideró que fue “inconsulto” aprobar la restitución de Ganancias sin consensuarlo con las provincias patagónicas. De fondo, el gobernador de Chubut busca una salida narrativa para disuadir los costos políticos de una medida impopular. Esta nueva versión del tributo afectará a buena parte de la clase media. Por eso, los gobernadores, centralmente los del sur, entienden que la medida resentirá a sus electorados.
Chubut busca un posicionamiento conjunto de los gobernadores patagónicos respecto a Ganancias. De momento, no hay prevista ninguna presentación judicial por parte de esos estados.
Torres consideró que el tema se va a “judicializar” por vía del sindicalismo y de personas que evalúen que la medida vulnera sus derechos constitucionales. Y se refirió puntualmente a los sindicatos de la pesca y el petróleo, de peso político relevante en Chubut.
“Va a terminar judicializado, no solo por lo que plantea sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados”, argumentó el gobernador de Chubut.
Cabe recordar que en Argentina, el control de constitucionalidad es a pedido de parte, lo puede iniciar cualquier persona o estado subnacional. Al mismo tiempo que las resoluciones en ese sentido son por casos y no tienen alcance general. Sólo afecta a la persona que inició la acción. No obstante, cuando un caso llega a la Corte Suprema y el máximo tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma, el fallo sienta precedente.
En la Casa Rosada conocen el mecanismo y están atentos a la reacción de la política respecto a este tema. Desde que se aprobaron la Ley Ómnibus y la Ley de Medidas Fiscales, el Poder Judicial aún no se pronunció. Si bien de momento no se formalizó ninguna acción judicial, en Chubut ya sembraron una advertencia política.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, un sector de la oposición adelantó que el tema podría terminar en la justicia. Carlos Cisneros, de Tucumán, se sumó a la intención de “Nacho” Torres y dijo que está analizando ir por el mismo camino: “Nos mata. Más de un 80% va a pagar impuesto a las ganancias. Yo escuchaba que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, va a judicializar. Yo creo que hay una zona gris que también nosotros la estamos analizando”.
Y agregó: “Tenemos un equipo de abogados, desde Gustavo Ciampa, y Enrique Strega y el estudio Recalde, donde están analizando si los trabajadores bancarios judicializan. Porque nosotros entendemos que la cuarta categoría ya no existía más”.
“Se creó un nuevo impuesto, pero con el rechazo del Senado, se debería haber dejado como estaba, como estaba, sin pagar tributo a los ingresos. Ahora, la Cámara de Diputados, a pesar del rechazo, creó un nuevo impuesto y eso permite que esto se judicialice”, cerró el Gobernador chubutense.