El Gobierno nacional reaccionó muy mal ante la noticia de la liberarción de Amado Boudou. Para el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, la decisión de la Justicia de concederle la excarcelación al exvicepresidente tras haber sido condenado por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión, fue “un retroceso”.
“Hay muchos jueces que fueron designados por el Gobierno anterior que tienen una mirada abolicionista del Código Penal”, disparó el ministro.
“Es una posición que no comparto. En su momento, cuando fue la condena, me pareció bien la decisión del tribunal de hacer efectiva la detención en ese momento, es una posición que tenía cuando era juez, que sostenía que cuando las penas eran a cumplir, en el momento en el que uno es condenado uno pierde la inocencia y debe empezar a cumplir esa pena”, agregó Garavano.
Y agregó sobre el tema: “Lamentablemente, esto es un retroceso, pero es una decisión de la Justicia que el Gobierno respeta. Esto es una transición, hay muchos jueces que fueron designados por el Gobierno anterior, que tienen una mirada abolicionista del Código Penal, cercana a la mirada de Zaffaroni, donde siguen generando estas inequidades, que generalmente no se dan con la persona que no tiene visibilidad, sino con los poderosos”, agregó Garavano en diálogo con radio La Red.
La crítica del Gobierno apunta a los votos de las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, los que permitieron que el extitular del Senado recuperara la libertad, con caución real de un millón de pesos y obligatoriedad de uso de una pulsera electrónica.
Gabriela López Iñíguez se desempeñó durante más de una década en la justicia de la Ciudad. Estuvo más de 13 años al frente del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14. Desde allí, por ejemplo, debió intervenir en la usurpación del predio de Villa Lugano que se extendió entre febrero y agosto del 2014 y que la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad buscaba desalojar.
Por su parte, Adriana Palliotti jueza del Tribunal Oral Federal 4, es quien hoy lleva adelante el juicio oral más grande de corrupción que involucra al kirchnerismo : la causa de lavado de dinero por la que está preso Lázaro Báez , que llegó a juicio con 25 acusados, 191 cuerpos de expediente (unas 38.200 hojas) y 270 incidentes.