El catedrático Manuel García-Mansilla se presentó este miércoles ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte Suprema de Justicia, cargo para el que fue propuesto por el presidente Javier Milei. En ese marco, se expresó en contra de las reelecciones indefinidas y, en lo relativo al aborto, sugirió separar la penalización de la legalización. También se refirió a una eventual dolarización en el país. La audiencia duró alrededor de siete horas.
Sobre su vínculo con la Casa Rosada, indicó que la nominación para ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia se lo ofreció el asesor presidencial, Santiago Caputo, y dijo: “No hablé nunca en mi vida con el Presidente, ni siquiera por teléfono”. García-Mansilla precisó, además, que el vínculo con el Poder Ejecutivo lo lleva actualmente con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Caputo en el Ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona.
A diferencia de la audiencia en la que compareció el juez federal, Ariel Lijo –el otro candidato del Poder Ejecutivo para integrar la Corte–, las principales objeciones a García-Mansilla las elaboraron senadores del kirchnerismo.
De hecho, el neuquino Oscar Parrilli (Unión por la Patria), lo acusó de tener un “marcado sesgo antiperonista y liberal. Usted no es un juez independiente, es un juez que viene a defender a un sector político, que es el macrismo, para que tenga una mayoría automática en la Corte”, le achacó Parrilli al nominado. Además, le pidió que se expida sobre la posibilidad de excusarse en el caso que le toque revisar el expediente de algunas de las empresas petroleras para las que trabajó.
“En los casos que corresponda que me excuse, lo voy a hacer”, respondió García-Mansilla a la pregunta de Parrilli. Destacó, además, que publicó trabajos académicos en los que criticó la proscripción del peronismo, así como a la prohibición de utilizar símbolos justicialistas.
“Los jueces tienen la función de resolver causas judiciales concretas aplicando el derecho vigente tal como fue sancionado por el Congreso y respetando la Constitución, no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política o religiosa”, afirma García Mansilla pic.twitter.com/YMnqMM7Nik
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La postura combativa contra el candidato se repitió entre los principales referentes de Unión por la Patria, determinantes para que su pliego prospere en el Senado. Este bloque cuenta con 33 de los 72 senadores, fundamentales para que los nominados logren reunir los dos tercios de los votos que la Constitución exige para convertirse en juez de la Corte.
El radical Martín Lousteau (CABA) se sumó al examen minucioso de García-Mansilla, a quien interrogó sobre su postura sobre el cambio climático, cuestiones de diversidad y género, una posible dolarización de la economía y su concepción sobre el control de los Decretos de Necesidad y Urgencia. “Me llama mucho la atención que el cargo no se lo haya ofrecido el Presidente, sino un monotribustista que no es funcionario público”, señaló el titular del Comité Nacional de la UCR sobre el ofrecimiento de Caputo.
El académico también se refirió a su postura sobre pagar Ganancias o no. Fue tras una pregunta de Parrilli, sobre la que destacó que trabaja en el ámbito privado desde hace muchos años, por lo que ya paga este tributo. Indicó que no tiene “ningún inconveniente” de seguir abonándolo. Actualmente, sólo son alcanzados por este impuesto los magistrados que ingresaron al Poder Judicial después de 2017.
Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) interrogó al candidato sobre su postura sobre el protocolo anti piquetes, que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Como está judicializado, no puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable”, respondió García-Mansilla. La senadora kirchnerista también le pidió una definición sobre “el negacionismo” y le consultó si los delitos cometidos en la década del 70 son prescriptibles. “Entiendo que sí”, dijo el postulante. La consulta se da un día después de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, comunicara que está dispuesta a reabrir las causas contra Montoneros.
Reelección indefinida
Si bien García-Mansilla habló de “respetar el federalismo”, también indicó que “la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”. Sobre el aborto, destacó que ve “un conflicto entre normas de distintas jerarquías” y dijo que se tiene que “considerar la dimensión humana en juego”.
La definición sobre la reelección la dio como respuesta a una pregunta del senador formoseño Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), quien cuestionó la permanencia en el poder del gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, que lleva 32 años al frente de Formosa. “Ya se fueron 120.000 formoseños, es la venezuela argentina”, indicó Paoltroni, que precisó que en Tierra del Fuego está la segunda comunidad formoseña más grande del país. “Son los exiliados del feudo de Gildo Insfrán”, sentenció.
“Hay que respetar el federalismo, que está en la Constitución Nacional”, señaló el postulante a ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia. También consideró que el control de las constituciones provinciales la debe hacer el poder judicial local. No obstante, sumó: “El régimen republicano se creó para combatir las monarquías y la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”.
Aborto
Respecto del aborto, el catedrático estimó que para analizar este tema “se debería separar entre legalización y penalización”. “Es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”, consideró. Y explicó: “Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones”, para agregar, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene fuerza de ley: “Veo un conflicto entre normas de distintas jerarquías”.
Tras un cuestionamiento de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), el catedrático aseveró que su postura “no es confesional”. Y detalló que, de tener que fallar sobre un caso concreto, lo analizará “con mente abierta”, y se tomará “muy seriamente el argumento de las partes”. No obstante, indicó que considerará “la dimensión humana en juego”, y explicó: “Nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones sobre el interés superior del niño”, destacó.
"Sobre la legalización del aborto expliqué que debía distinguirse entre despenalización y legalización. A partir de eso confronté el artículo cuarto de la ley con ciertas normas de derecho positivo y marqué un conflicto entre normas de distinta jerarquía", explica García Mansilla
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Dolarización
Al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral se lo interrogó sobre su posición respecto de la dolarización. La pregunta la hizo el senador porteño Martín Lousteau (UCR), que consultó sobre su análisis constitucional. Como respuesta, García-Mansilla subrayó que, como académico, una de sus funciones es “contribuir al debate público”.
Por eso, indicó que analizó el tema a través de un trabajo. “Quienes dijeron que era inconstitucional obturaron una discusión sobre un tema importante y desecharla de plano no fue correcto, sobre todo cuando los argumentos a los que apelaba no eran argumentos necesariamente atendibles. De hecho, una de las cuestiones que planteamos es que hay que tener una teoría sobre como interpretar las atribuciones y los mandatos de la Constitución Nacional”, consideró, a la vez que opinó: “Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos es inconstitucional”.
"Mi planteo sobre la dolarización fue, que para poder opinar seriamente sobre la constitucionalidad o no de ese tipo de medidas, hay que analizar un proyecto de ley concreto. Y es el Congreso el que tiene la facultad para disponer o no de la dolarización", explica García Mansilla pic.twitter.com/pt3ZCJkbAh
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DNU
Lousteau quiso saber la postura de García-Mansilla sobre cómo concibe el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El nominado del Poder Ejecutivo a la Corte explicó su visión “académica” al respecto y adhirió a postura de la exjueza de la Corte Carmen Argibay. “Entiendo que el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones, sancionó una ley para regular la forma de control de los DNU. El Congreso fue el que decidió. Yo marco una inconsistencia técnica. Es raro que en un sistema parlamentario haya más control que en uno presidencialista, donde los frenos y contrapesos son la norma. Pero es decisión del Congreso”, analizó.
Respecto del DNU 70/2023, que fue judicializado, indicó que si tuviera que resolver ese expediente, “aplicaría el mismo criterio, lo presumiría inconstitucional para que el Estado nacional acredite su constitucionalidad”.
Su perfil
García-Mansilla está propuesto para ocupar el sitial en la Corte que, el 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años, dejará vacante Juan Carlos Maqueda, que deberá pasar a retiro en cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional. El cordobés pudo haber prolongado su estancia por cinco años más, pero el Poder Ejecutivo decidió quedarse con la vacante para poder designar a un miembro más en el tribunal. Lijo, por su parte, está nominado para el lugar que ocupaba Elena Highton, que renunció en 2021.
La postulación del jurista recibió 24 impugnaciones durante el plazo en el que su pliego fue sometido a la opinión de la sociedad por parte de la Comisión de Acuerdos. En su respuesta a esos cuestionamientos, García-Mansilla sostuvo que ninguna de las presentaciones constituyó “una observación válida acerca de las calidades y méritos” para ocupar el cargo al que es propuesto por Javier Milei.