El abogado especializado en Derechos Humanos, Roberto Gargarella, afirmó que la implementación del protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich tiene un sustento débil. “Estamos en un momento donde el Gobierno pone en marcha un ajuste que, como reconocen, es doloroso y va a durar muchos meses. Además, admiten que estamos en una situación de pobreza muy extendida”, indicó.
Además precisó: “Entonces, en este contexto, se tienen que abrir cuidados especiales y vías para poder escuchar a aquellos que son afectados, para que se pueda decir qué es lo que se está haciendo mal o en dónde están apretando indebidamente, y qué cosas hay que corregir”.
“La segunda medida que anuncia como relevante, luego de un plan de ajuste que ellos mismos asumen como muy costoso, es la implementación de un protocolo que va a poner especiales dificultades; si no, la idea es poner cerrojo a la protesta. Me parece inaceptable y se inscribe en lo que han hecho los gobiernos conservadores en Europa, como Eslovenia, Polonia o Hungría, que es hacer programas de ajuste combinados con el cierre de la protesta. Esto, en términos políticos, ya es súper preocupante”, subrayó.
Gargarella sostuvo también: “El protocolo se ve torpe, precipitado e improvisado, como muchas cosas que se están haciendo hasta hoy. Lo que uno puede apreciar es que contradice los consensos básicos y jurídicos que establece el Sistema Interamericano de DD.HH., que es un consenso que tiene una jurisprudencia mundial, más allá de América Latina. Las calles y parques son lugares privilegiados para la expresión política, no deberían ser lugares donde la primera reacción sea cerrar esos caminos de expresión”.
“Sobre la idea del ´permiso previo´ hay mucha discusión en el mundo, porque en este momento, se está repensando la cuestión de la protesta. Pero, otra vez, en el Derecho Americano, en lo que expresa la Comisión y la Corte Interamericana, esto no es aceptable como paso previo a una protesta”, manifestó.
“En términos jurídicos, es un sostén muy débil; porque, lo que hace es penalizar a quien corte o interrumpa el transporte. Desde hace más de 20 años está saldada la cuestión; en las situaciones de protesta hay choques de derechos de distinto nivel. No solamente está presente el 194, sino también el derecho a la reunión, a asamblea, a la libre expresión, a la crítica política y petición”, explicó.
Y concluyó: “Están envalentonados por el ´minuto uno’ que tiene cualquier gobierno. Es la versión Milei del ‘vamos por todo’ y todas estas versiones están mal orientadas. Así como se lo hubiera dicho al kirchnerismo se lo digo a este gobierno: salgan de esta situación y sentémonos. Todos entendemos que hay un problema y que se puede resolver, arreglar o mejorar; pero bajo el supuesto de que necesitamos escuchar al que se queja. Sobre todo, cuando el gobierno anuncia que el ajuste va a producir costos durante meses, y que van a ser costos graves”.