El exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y actual funcionario porteño del Ministerio Público Tutelar a cargo de Carolina Stanley, Adrián Grassi, anticipó que no asistirá este martes a la convocatoria realizada por la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso para dar testimonio sobre su participación en la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) en 2017 en la cual se habló del armado de causas contra sindicalistas.
A través de una nota, Grassi indicó: “Al resultar formalmente imputado en las mencionadas actuaciones, entiendo que me encuentro amparado por la garantía constitucional consagrada en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que ‘Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo'”.
Tras aclarar que declararán en sede judicial cuando le sea requerido, añadió: “Sólo el magistrado competente puede recibirme declaración en calidad de imputado, conforme lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”,
Se trata de la causa tramitada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de La Plata, caratulada como ‘asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público’.
La negativa de Grassi se sumó a la del exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Dario Biorsi, quien también estuvo presente en la reunión
En un escrito enviado la semana pasada a las autoridades de la comisión, el exfuncionario de Inteligencia del gobierno de JxC justificó su decisión de no responder preguntas del cuerpo legislativo en el “uso de los derechos y garantías constitucionales” que le asisten.
Biorsi y Grassi formaron parte del encuentro en el que Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, y otros miembros del entonces Gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, analizaron la conformación de una mesa judicial para accionar contra los gremios.
En ese marco fue que Villegas expresó que le hubiera gustado tener una “Gestapo” para controlar a los sindicatos.