Pregúntenle a la Ciudad de Buenos Aires por su talón de Aquiles y les dirá, sin repetir y sin soplar, palabras como descentralización, seguridad, educación, salud, vivienda y también, por qué no, ejecución –o subejecución– presupuestaria, que va encadenada a su gestión. Y es sobre esos ejes, justamente, que el Observatorio de Políticas para la Ciudad (OPC) viene haciendo foco desde fines del año último. Se trata de una iniciativa de jóvenes investigadores y profesionales de diversas disciplinas que se proponen analizar críticamente las problemáticas actuales que aquejan a la gente por estas latitudes. Bien porteñas. Así, el espacio se propone, sin más, como un lugar desde el cual vehiculizar el relevamiento, diagnóstico y elaboración de políticas públicas, dicho en criollo. Porque sus integrantes entienden que no hay crítica sin alternativa. Pero tampoco hay alternativa sin crítica.
“El Observatorio surge en tiempos en que las políticas públicas de la Ciudad se subordinan a las lógicas del mercado, cercenando derechos individuales y colectivos y profundizando las brechas sociales. Esta orientación de las políticas de gobierno se manifiesta en la creciente asimetría norte-sur, en el progresivo desfinanciamiento estatal hacia la educación y la salud y en la lógica especulativa que prima por sobre el acceso a la vivienda, por referir solo algunas de las problemáticas que recientemente han generado focos de conflictos y denuncias”, explica su director adjunto, el sociólogo Santiago Nardin. Y aclara: “Las medidas del actual Gobierno de la Ciudad, que vulnera crecientemente los derechos de los habitantes, no deben invisibilizar aquellas tomadas en los gobiernos que se fueron sucediendo desde la declaración de la autonomía porteña”. Desde De la Rúa hasta Telerman, no escapa ninguno. Teléfono retrospectivo.
Compuesto por politólogos, comunicadores, antropólogos, sociólogos, abogados y economistas, el OPC plantea su labor desde un enfoque interdisciplinario, llevando a cabo un abordaje integral de las mil caras de los cien barrios porteños. Es que si los dramas son complejos, las soluciones también. Todo sea, dicen, por el irrenunciable derecho a una ciudad inclusiva y democrática.
Por goteo
Uno de los análisis que se destacan dentro de la tarea llevada adelante por el Observatorio es el que compete al área de salud, esa en cuya gestión pública desfilaron no hace mucho tiempo varios funcionarios con el argumento de que los inmigrantes de países limítrofes y todo aquel con DNI made in conurbano roban camas y los pocos, poquísimos, recursos que tiene Buenos Aires para afrontar las dolencias de sus propios enfermos. En fin.
Sostiene el OPC a través de uno de sus informes: “En la Ciudad de Buenos Aires existe una legislación que regula al sector, la Ley 253, la Ley 448 y la Constitución de la Ciudad, que inscribe el derecho a la salud como una tarea prioritaria para el Estado y establece al mismo como regulador de todo el sistema, incluyendo a los diferentes sectores que lo componen (esto es, público y privado)”. “El derecho a la salud –se establece en una las conclusiones del escrito– es una premisa fundamental que se contrapone a las concepciones dominantes para la salud, instalada desde los años del auge de las políticas de signo neoliberal impulsadas por los organismos financieros internacionales.” Nada nuevo, ¿no? Lo alarmante es que la tendencia se profundiza como un surco irreversible.
“La mercantilización de la salud va delimitando la existencia de los servicios públicos estatales para aquellos sectores de la sociedad que no pueden pagar por un servicio de medicina privada o que por no entrar en el sistema formal de empleo carecen de obra social. Estos servicios, a la vez, son sostenidos en condiciones que no permiten atender a las necesidades de salud de la población”, continúa el estudio. Para el pueblo, lo que es de los ricos.
De esta manera, la mercantilización de la salud va borrando la idea del servicio como derecho social y, por ende, la responsabilidad del Estado en garantizarlo. Por el contrario, se observa cómo el Estado garantiza las ganancias de las empresas que invierten en la enfermedad de los habitantes de la Ciudad. ¿Si no, cómo se entiende que, por caso, la Ciudad no cuente con un plan de salud mental desde 2006?
Ese extraño trenbús
No voy en tren, voy en bondi. No, no, tampoco vamos en bondi. O sí, vamos, pero vamos mal. “El fenómeno es tan común que hasta tomó un nombre específico: cuando las formaciones de colectivos circulan de a varias juntas, a ese continuum de coches se lo conoce como ‘trencito’. Las empresas culpan al tránsito y a las barreras, pero las razones parecieran estar repartidas en un entramado más complejo, que incluye desde problemas en la planificación hasta subsidios millonarios, pasando también por ciertas ‘mañas’ de los conductores”, expone Verónica Ocvirk, licenciada en Comunicación Social e integrante del OPC.
A un lado las culpas, ¿cada cuánto tiene que pasar el colectivo? Si bien las líneas se rigen por distintos horarios, de acuerdo a la resolución ST N°301/1994, todas ellas deben cumplir con el mínimo de un servicio cada 15 minutos entre las 22 y las 24 y de uno cada 30 minutos de 24 a 4. Para el pasajero, sin embargo, no existe una forma simple de averiguar cuál es la frecuencia que corresponde a cada línea, ni tampoco cómo debería darse el cronograma de servicios. Y digamos, dicho sea de paso, que el tema de la frecuencia es uno de los que más alto rankea en los reclamos de los usuarios.
Ahora bien: el incumplimiento de la programación está penalizado por la CNRT, que solamente controla si la cantidad de servicios en la calle va de acuerdo a lo programado. Lo que no se sanciona –sencillamente porque no es penalizable– es la cuestión de la regularidad. Ouch!
“Casi todos los expertos consultados coinciden en que el problema de los ‘trencitos’ es difícil de solucionar en un cien por ciento, aunque tranquilamente podría morigerarse si existiera un compromiso mayor de parte de los conductores, las empresas y, por supuesto, principalmente del Estado, que en definitiva es el último garante del derecho a la movilidad”, refiere Ocvirk.
El pizarrón partido
La evolución de la matrícula escolar y los subsidios a las escuelas de gestión privada indican que en Buenos Aires las políticas educativas profundizan desigualdades. Para arribar a tamaña afirmación, desde el OPC notaron que las escuelas privadas utilizan un sinfín de estrategias para disimular el alto valor de sus cuotas para seguir, ya que estamos, siendo subsidiadas por el Estado. Negocio redondo mientras quien le da de comer al chancho no se percate. O no se quiera percatar.
Por otro lado, la cartera educativa Pro sigue la política de subejecutar partidas de infraestructura escolar, apoyada, según el informe, en el cercenamiento de los derechos de los docentes y el cierre de grados en la escuela pública. Ahora bien, la educación de gestión privada en 2011 gastó un 17,2 por ciento respecto al monto asignado en las partidas, que fue de un 15,4. Y en el proyecto de ley de presupuesto 2012 pidió un 33 por ciento más. ¿Y la educación de gestión pública? Tuvo, de 2005 a 2011, una subejecución presupuestaria del 67 por ciento, destinada solo a construcción y mantenimiento.
Mientras, eso sí, la matrícula privada es mayor en la Ciudad que en Provincia y es también la más alta del país. Tendencia representativa de la década es el caso del nivel inicial: fue de un 3,8 a un 45 por ciento. Y se intensifica ese movimiento, en todos los niveles, bajo el signo de la actual administración.
La pesadilla del techo propio
El OPC también enfatiza el seguimiento de la política habitacional de la Ciudad, por ser una de las áreas más conflictivas. En ese sentido, sus miembros se abocaron, entre otras respuestas a (históricas) demandas, al análisis del programa “Mi primera casa”, lanzado en junio de 2012 por el GCBA, como una línea de créditos hipotecarios con la tasa más baja del mercado, destinada, básicamente, a los jóvenes de bajos recursos. “Mi primera casa” se dio a conocer, además, a partir de un atractivo plus: los beneficiarios eligen dónde vivir. O podrían elegir.
Los resultados a los que arribaron Cecilia Zapata, socióloga especialista en estudios urbanos, y los estudiantes de Sociología Martín Oliva y Nicolás Calcagno, también parte del Observatorio, no son buenos. Y no era para menos con semejante marco: un creciente déficit de vivienda que castiga a la Ciudad de Buenos Aires, concentrando sus peores versiones hacia el sur. Allí se ubica el 69 por ciento de las villas y, fundamentalmente, en las comunas 4 –La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya– y 8 –Villa Soldati y Villa Lugano– se aglutina la mayor proporción de hogares y población pobre de la Ciudad, que asciende a casi el 30 por ciento del total de las comunas citadas. Sumada a todo ese triste panorama, la subejecución presupuestaria del Instituto de Vivienda porteño (IVC) se hace notar.
Casi como un contrasentido respecto al espíritu del programa, desde el Observatorio afirman que las condiciones de ingreso en “Mi primera casa” son “sumamente restrictivas en términos de la población que se encuentra en emergencia habitacional”. Esto quiere decir que quienes estén por fuera del mercado formal de trabajo, así como quienes se encuentren limitados para acceder a una computadora con internet, no pueden inscribirse. “Por otra parte, quienes sí puedan hacerlo, luego se encontrarán con que el crédito otorgado variará considerablemente según los ingresos que puedan demostrar”, agregan.
“De esa forma, quienes no cobran la totalidad de su salario en blanco verán también disminuida su capacidad de compra. En definitiva, solo pueden realmente ‘aprovechar’ esta línea de créditos quienes estén dentro del mercado formal de trabajo y cobren la totalidad de su salario en blanco”, consideran. En síntesis, refieren desde el OPC: “‘Mi primera casa’ no hace más que demostrar que no es interés gestionar el déficit habitacional”. Y, en definitiva, se trata de la cantaleta de siempre de los créditos hipotecarios: orientados hacia la clase media, miran a los pobres bien desde arriba.
