El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra aseguró este martes que “la Constitución, luego de la reforma de 1994, trata de superar algunas desigualdades estructurales a través de acciones positivas, lo que se denomina discriminación inversa, privilegiar algún grupo cuando se trata de determinados sectores que han sido tradicionalmente postergados o perseguidos”.
“Esto está en la Constitución, en el artículo 75, inciso 23, que llama al Congreso a dictar medidas para los grupos más postergados. La Constitución menciona específicamente a las mujeres”, destacó.
Al referirse a las expresiones que se vertieron desde el Ejecutivo en torno a la cuestión del femicidio, el excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar, explicó que “hay un error conceptual”.
“Por supuesto que la vida de la mujer vale lo mismo que la del hombre, y que la muerte de cualquiera de ellos es un homicidio. Lo que hizo el legislador es castigar con mayor severidad cuando esto se produce en un contexto de violencia de género respecto de la mujer”, puntualizó.
“Esto tiene que ver con la cantidad de hechos de violencia contra la mujer. En Argentina, prácticamente tenemos un femicidio por día; y la mayor severidad es no solamente para castigar el hecho pasado, sino también para prevenir los hechos futuros, como cualquier sanción penal”, sintetizó.
Gil Lavedra advirtió que “tenemos una democracia constitucional y exige que todos los gobiernos tienen que someterse a las reglas constitucionales, tienen que respetar sus principios básicos, como el pluralismo”.
“Por supuesto que el Congreso, así como introdujo un agravante para determinados homicidios cometidos contra las mujeres, también puede sacarlo. Yo entiendo que sería una regresión”, subrayó.
El titular del Colegio Público de la Abogacía porteño reiteró que “es un principio no controvertible que la mujer fue discriminada durante siglos. La mujer recién pudo votar en el siglo XX, me parece que es inocultable. La brecha que hay entre la remuneración de la mujer en el trabajo con el hombre es un dato objetivo, y la violencia contra la mujer también es un dato objetivo. Y que la Constitución le dé un mandato al legislador para tratar de superar estas desigualdades, esto es lo que se llama un sentido material de la igualdad, no es la igualdad formal, sino una igualdad verdadera”, concluyó.
Entrevistado en el programa “Pan y Circo” que se emite por Radio Rivadavia, respondió también sobre las encuestas que arrojaron números muy críticos sobre el Poder Judicial, al respecto señaló que “es un dato preocupante y hay que poner esfuerzo para revertir, porque los jueces son fundamentales en una sociedad democrática, son los que defienden nuestros derechos y le ponen límites al ejercicio del poder”.
“Creo que hay que mejorar muchísimo el sistema de justicia, hay que acercarlo más al ciudadano y eso tiene que ver con la resolución pronta y eficaz de los conflictos. Los jueces también tienen que buscar de qué manera se relegitiman; es decir, que el ciudadano los pueda ver no como depósito de privilegios sino como una función que es indispensable. La digitalización, el expediente digital y varias reformas indispensables en los procedimientos civiles y penales pueden redundar en beneficios concretos. La oralidad efectiva en materia civil, el enjuiciamiento a través del sistema de acusatorio en el penal, me parece que son modificaciones trascendentes que pueden ser muy beneficiosas para el ciudadano”, añadió.
Por último, Gil Lavedra contestó sobre los candidatos propuestos por el Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y reiteró que “tienen que despertar confianza, tienen que ser creíbles de que se van a desempeñar con objetividad e imparcialidad, por los mismos argumentos que venimos dando sobre esta desconfianza que hay en el Poder Judicial”.
En este sentido, sostuvo que “se deben respetar también las reglas, la cuestión del género, entendemos que es indispensable que haya al menos una mujer en la Corte. No hay tribunal en el mundo occidental que no tenga al menos una mujer en sus tribunales superiores de justicia, y esto es una exigencia también de la Constitución, y así nos hemos manifestado desde el Colegio Público”.
“Estoy absolutamente en desacuerdo con que las vacantes sean producto de designaciones en comisión. Tiene que ser la propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado, y la Constitución requiere que se busquen consensos en personas prestigiosas, honorables y que despierten confianza”, concluyó el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
