El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, tras suscribir una declaración conjunta con setenta organizaciones de la sociedad civil, en abierta oposición al decreto reglamentario que limita el derecho de acceso a la información pública, subrayó que “exigimos la inmediata derogación del decreto 780 que limita el acceso a la información pública”.
“Ese decreto es incompatible con una democracia republicana y parece propio de una autocracia populista”, añadió el excamarista que juzgó a los comandantes de la dictadura.
“Es marcadamente inconstitucional –alertó- porque se aparta de la ley de acceso a la información pública a través de un decreto. Coloca y ensancha los márgenes de impunidad porque deja en manos del funcionario establecer qué información es pública y cual no”, sintetizó el titular del Colegio Público.
Finalmente, Gil Lavedra concluyó que “todo esto resulta absolutamente inaceptable y debe ser derogado de inmediato”.-
Texto de la declaración conjunta
Un Decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016.
Las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.
El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado.
Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública.
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