En el marco de la investigación sobre la posible asociación ilícita en la llamada causa de los cuadernos por la cual está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia rechazó las presentaciones de las defensas de Julio De Vido, Hernán Gómez y Juan Carlos Lascurain. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de los arrepentidos. Y de esa manera se siguió avalando las declaraciones de los arrepentidos en la causa que llevaron adelante el juez federal Claudio Bonadio y Carlos Stornelli. El planteo de las defensas se basaba en que las mismas declaraciones no habían sido tomadas como indica la ley, mediante el debido soporte técnico de grabaciones o filmaciones.
En un fallo por mayoría, la Sala I de la Cámara de Casación Federal rechazó las presentaciones de las defensas del exministro Julio De Vido, Hernán Gómez y Juan Carlos Lascurain, tres de los procesados en el caso, con lo que ratificó el curso de la investigación. La resolución, de 200 páginas, llevó las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y tuvo la disidencia de Ana María Figueroa.
Según reveló el medio Perfil, la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Federal, máximo tribunal penal del país, fue en respuesta a los planteos realizados por los abogados de las defensas de tres de los imputados. En la causa cuadernos, CFK está acusada como jefa de una asociación ilícita que operó entorno de la obra pública entre 2003 y 2015. Los defensores dijeron que esos testimonios se tomaron sin grabación de video o audio, y que ese es uno de los requisitos de la controvertida Ley.
La causa ya está elevada a juicio oral y público. En tanto que, tras la decisión de Casación, las defensas pueden acudir ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia a la que se da por descontado a la que acudirán.
La participación de los 31 arrepentidos es clave, ya que son uno de los pilares fundamentales del caso que comenzó en agosto de 2018 con una importante ronda de detenciones que incluyeron a ex funcionarios del kirchnerismo, y a algunos de los más poderosos empresarios del país. De Roberto Baratta, exmano derecha de De Vido, al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, fueron sólo algunos de los que la madrugada del 1 de agosto quedaron detenidos por disposición del juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio.
Uno de los ejes de conflicto propuesto por las defensas estaba en uno de los artículos de la ley del arrepentido, la 27.304. Se trata del punto que sostiene que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.
Cabe destacar que las sostenían que, de acuerdo a la ley, debe tratarse de medios fílmicos o de voz. Pero ese no era el único punto controvertido por las defensas, que también cuestionaban la constitucionalidad de la ley del arrepentido así como su aplicabilidad en el caso. Esta información fue descartada en el fallo
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