La Secretaría de Transporte dio por finalizada la audiencia pública previa a los incrementos del transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde viajan más de 10 millones de pasajeros por día hábil, y afirmó que desde este martes comienza a regir un nuevo cuadro tarifario, con el que busca reducir el gasto en subsidios.
Ahora, luego de la instancia de participación ciudadana, el cuadro tarifario, formalizado en la Resolución 5/2024 publicada en el Boletín Oficial, prevé aumentos de 251% para la tarifa del colectivo y de 247% o 169% -según la línea- para el tren.
De este modo, el boleto mínimo de colectivos pasará a los $270 y el de trenes quedará en $130 para las personas que tengan su SUBE registrada a su nombre.
La tarifa social -para beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, y Becas Progresar, entre otros planes- seguirá otorgando un 55% de descuento en las tarifas, por lo que, en dichos casos, el pasaje mínimo será de $ 121,50 para colectivos y $ 58,50 en trenes.
Quienes no hayan realizado el registro pagarán $429.30 el colectivo y $260 el tren a partir del 1 de abril.
Según explicaron desde Transporte, la consulta pública de este año se desarrolló en las mismas condiciones que la implementada en años anteriores aunque, en esta ocasión, contó con una mayor participación. El informe final de la dependencia detalla que se presentaron, en total, 245 opiniones y propuestas a través de su página web.
Una novedad es que habrá un precio diferente, casi 60% más caro, para quienes usen tarjetas SUBE sin nominalizar, es decir, que usen la de un tercero o que no hayan registrado la suya a su nombre. Para estos casos, la tarifa propuesta parte de los $430 para el tramo más corto y llega a los $589,54 para el más largo. Sin embargo, esa penalidad comenzará a regir recién desde abril próximo.
En el caso de la propuesta de nuevas tarifas para los boletos de tren la novedad es que se uniforman en las distintas líneas. Hasta ahora, cada línea tenía su propio cuadro de tarifas. Eso se eliminaría, en caso de aplicarse los precios propuestos por Transporte.
En todas las líneas del AMBA, así, el pasaje mínimo pasaría a costar $130 (en la línea Mitre, por ejemplo, hoy sale $48,38), mientras que la sección dos saltaría a $169 y el boleto más caro $208. Tomando como referencia la línea Mitre, la suba ronda el 170% respecto de los valores actuales, aunque varía según el punto de partida de cada ramal.
En el caso de los trenes, el uso de tarjetas SUBE sin nominalizar implicará pagar el doble de tarifa. Y las multas por evadir el pago del pasaje serán de 10 veces la tarifa máxima, es decir $2.080 en total. También se mantendrá la tarifa social, que paga el 45% del precio completo.
El esquema de subas propuesto por el Gobierno implicará una mejora respecto a la situación en la que había finalizado el 2023: según datos oficiales, los usuarios pagaban sólo el 10% del costo total del pasaje a finales de 2023. Desde febrero estarían en torno al 27,5% de cobertura. Sin embargo, para que no vuelva a darse un retraso en términos reales en los boletos debería existir una actualización en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. De la convocatoria a la audiencia pública surge que los ajustes podrían ser bimestrales o por un periodo mayor.
La causa judicial
Cabe señalar que el juez Ernesto Kreplak, a cargo interinamente del juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo de Lomas de Zamora dio lugar a una cautelar presentada por el Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey por lo que había suspendido la convocatoria a la audiencia pública realizada por la Secretaría de Transporte con el fin de tratar los aumentos en el cuadro tarifario.
El gobierno apeló ese fallo y si bien no hubo ninguna mención oficial, “el Juez de primera instancia concedió la apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar. Esto significa que el Poder Ejecutivo quedó habilitado a continuar con el proceso de adecuación tarifaría”, precisaron fuentes de la secretaria en referencia al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora.
La intención del Palacio de Hacienda es reducir aproximadamente un 35% en términos reales las subvenciones al transporte durante 2024. La hoja de ruta prevista con el FMI arrojó un ajuste equivalente a 0,2 puntos del PBI, con un horizonte de eliminación en un plazo de tres años. Pero para eso los incrementos deberán ser mucho mayores al IPC, si es que se quiere recortar la asistencia, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.