Por la tragedia de Iron Mountain, el juez Pablo Omaechea procesó a 17 personas por el delito de “incendio culposo seguido de muerte”. Entre los procesados hay una docena de exfuncionarios de la Ciudad, directivos de la firma, y el responsable de la empresa de seguridad que tenía la custodia del predio.
Los exfuncionarios porteños procesados son: Vanesa Berkowski; Rafael Roldan; Pedro Luis Chapar; Roberto Chiesa; Gastón Laugle, Esther Moroni, Luis Cogo; Felix Raimundo Lugo; Jorge Néstor Papanicolau; Ricardo Edmundo Grunfeld; y Alberto Daniel Graciani. A todos se les aplicaron embargos que van desde los 7 hasta los 17 millones de pesos. Pero por ahora seguirán libres porque fueron procesados sin prisión preventiva.
Por esto, Noticias Urbanas consultó la opinión de Gabriel Fuks, actual defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad desde diciembre, ya que fue el legislador que desde su banca en la Legislatura poteña mostró mayor preocupación por el tratamiento de causa de Iron Mountain.
“Por primera vez, hay un dato estratégico en la causa que es que la Justicia está poniendo en el centro de la discusión la responsabilidad del Estado. La mayoría que están procesados son funciones de la Agencia Gubernamental de Control, y esto tiene que ver con un señalamiento que muchos venimos haciendo, yo entre ellos, desde el principio”, sentenció el funcionario, haciendo hincapié en que “el Estado negó sistemáticamente esto”.
“Cuando Gómez Centurión se presentó en la Legislatura negó que las omisiones del Estado fueran importantes y más bien culpó a los rescatistas por lo que pasó, y jamás asumió que podría existir una responsabilidad del Gobierno que fue importantísima para que la acción criminal del incendio se hubiera desarrollado”, agregó.
Y, finalmente, sentenció la responsabilidad concreta de Juan José Gómez Centurión por estar al frente de la Agencia Gubernamental de Control: “El propio Gómez Centurión debería estar convocado por la Justicia, porque él era el jefe de la AGC, que es quien tuvo que oír todos los llamamientos inspectivos que hubo a lo largo de este proceso”.
Y completó: “Me parece que es importante lo que está pasando porque si bien no va a permitir descubrir quién fue provocó el incendio, va a determinar lo que el grado de falta de control y esa capacidad del Estado de ausentarse del terreno y de permitir que, desembozadamente, sucedieran las cosas y que quizás, de otra forma, no hubiera pasado. Así que ahora queda analizar el nivel de responsabilidad de cada caso“.