El Gobierno parece estar perdiendo el rumbo en materia de precios. Si bien todavía no llegamos a la hipérbole de tiempos de Alfonsín (los peores tiempos que la memoria reciente pueda albergar), la canasta familiar no para de subir, un poco por el rigor económico y otro tanto por la especulación, teniendo en cuenta que la producción de alimentos está concentrada en pocas manos. Lo de siempre, digamos. Pero ese no es, claro, el único aumento. Los productores agropecuarios ya anunciaron que en estos días la carne aumentará de un 15 a un 20 por ciento, aunque para el secretario de Comercio no hay motivos para hacerlo. Precisamente, Augusto Costa se reunió con representantes del sector, a quienes reprochó que los aumentos registrados en los últimos días y los que se prevén “se basan en la especulación”, y también advirtió que habrá sanciones.
En tanto, la nafta Premium ya supera los diez pesos el litro, con el consabido efecto rebote que su alza supone hacia toda la economía. Y la canasta escolar, como de costumbre en el foco antes del inicio del ciclo lectivo, sin caer en las pretensiones catastróficas que hablan de una suba del 100 por ciento, alcanzó a comienzos de mes un 30 por ciento de incremento, en términos generales. Así, un cuaderno universitario de 80 hojas (57 gramos) pasó de 15 pesos en 2013 a 19 este año; una carpeta para dibujo con cordón, tamaño oficio número 3, fue de 8 a 12 pesos en el mismo período, y una caja de colores madera por 12 unidades varió de 14 a 18 pesos, de acuerdo a mediciones suministradas por la asociación civil Consumidores Libres.
“No hay que comprar útiles escolares hasta que los docentes los soliciten. Hay que eliminar de las listas los correctores y los marcadores, ya que en general los maestros no los queremos, y evitar también los lápices y lapiceras con juguetes: cuestan mucho y escriben poco, ya que los niños se entretienen jugando. Tampoco hay que comprar 30 cuadernos si aún no se sabe qué pedirá el docente para trabajar, y evitar los containers de hojas cuadriculadas y rayadas hasta tanto se indique qué se usará para escribir este año. No hagan el caldo gordo a los usureros y aprovechadores, esperen. Además, no hace falta comprar todo nuevo. Si una cartuchera vale 200 pesos, compren un portacosméticos de 40 pesos (o menos, si van a un outlet), que sirve igual. Tomarse un tiempo es eludir a los que se aprovechan de la buena fe y el bolsillo”, aconseja Sandra Picinotti, docente porteña.
Por otro lado, el mercado automotor, el de los 0 km, sueño de la clase media baja, de diciembre a febrero subió sus precios un 20 por ciento, aproximadamente, con tasas de financiación superiores, en la mayoría de los casos, al 30 por ciento. La suba de los electrodomésticos, por su parte, después de la furia del calor de diciembre y enero, hizo pie, pese al acuerdo de precios, en los equipos de aire acondicionado: uno de 4.500 frigorías cuesta unos 12 mil pesos y solo puede financiarse hasta en seis cuotas sin interés, con todo el viento a favor, en la mayoría de las cadenas. Adiós a las 12, las 18 cuotas. Febrero, asimismo, estrenó un nuevo aumento en los peajes de acceso a la Ciudad y en las autopistas porteñas. Para transitar en la Illia, la Perito Moreno y la 25 de Mayo hay que pagar cerca de un 30 por ciento más, con lo cual, alguien que viaja en auto desde, por ejemplo, el Conurbano, debe pagar en total unos 50 pesos diarios tranquilamente. Plin caja.
Y, entretanto, el Gobierno parece no encontrar el rumbo. Habla de conspiración. Al cierre de esta edición, el dólar oficial se encontraba en 7,75 pesos para la compra y 7,79 para la venta, en tanto que el blue, por el cielo azul como sabe hacer: 11,55 para la compra y 12,55 para la venta. Así las cosas, los costos de la devaluación son innegables. Es por eso que hace pocos días el Gobierno nacional profundizó los alcances del programa Precios Cuidados, como una de sus mayores apuestas contra la inflación, que pretende irse de las manos.
En una primera etapa, la extensión del programa al resto de las regiones más allá del área metropolitana incluye un total de 80 productos, distribuidos en 10 mil sucursales de todas las provincias al norte del río Colorado (Río Negro), con precios iguales a los de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Costa Atlántica. Este sería el resultado del acuerdo que firmaron la Secretaría de Comercio junto a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).
El acuerdo cuenta con la supervisión de asociaciones de consumidores y una red de áreas específicas de los gobiernos provinciales y municipales, según informó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Asimismo, dependen de cada supermercado los tiempos de puesta en marcha y la cantidad de productos que serán incluidos en cada caso, de acuerdo a los surtidos que comercializa normalmente cada local.
Sin embargo, las asociaciones de consumidores ya elevaron su alerta. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, expresó que nos encontramos “bajo un proceso de especulación muy profundo. Existen aumentos injustificados, que no atienden a causales objetivas, como puede ser principalmente el incremento de los costos”.
Desde el Centro de Educación al Consumidor manifestaron que “hay un acatamiento dispar de las cadenas al acuerdo de precios” y que se han detectado “identificaciones poco claras o escasamente significativas de los precios cuidados, dudosa o nula cartelería y una ubicación de los productos en góndola cuanto menos sospechosa: al lado de los artículos de precios regulados se ubican otros muy parecidos”. Viveza criolla.
Capitanich señaló que el Gobierno nacional se propone “controlar con tecnología un segmento de precios en tiempo real” y calificó esa herramienta como “una de las armas más específicas contra la especulación”. “Cada empresa será agente de información de la AFIP, para que los controladores fiscales verifiquen cada percepción e identifiquen los envíos de precios contados de la empresa”, detalló el funcionario. El jefe de Gabinete consideró además que “el proceso de conformación de los precios en la Argentina tiene un problema de carácter estructural, asociado a la concentración económica, con precios monopólicos y oligopólicos”. Al respecto, manifestó la necesidad de que “el Tribunal de Defensa de la Competencia institucionalmente funcione con la apertura de procedimientos donde hay concentración económica y distorsión de precios, pues el problema central es que cuando existe posición dominante también hay artilugios y elusión de cualquier supervisión”.
Además, afirmó que el Gobierno nacional estudia “la posibilidad de retirar los subsidios a la energía y créditos a tasas diferenciales que reciben algunas empresas por parte del Estado”. Consultado sobre el nivel de reservas del Banco Central, el jefe de Gabinete señaló que “el nivel de reservas de la Argentina hoy es más que suficiente” al señalar que “el promedio de la década fue de 36 mil millones de dólares” mientras que “durante la Convertibilidad fue de 22 mil millones”.
El acuerdo de precios había sido ampliado la semana pasada cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció un acuerdo con empresas clave de la cadena productiva, con el objetivo de retrotraer los precios de sus productos a los valores vigentes al 21 de enero. Los sectores “clave” –agrupados bajo el rubro “insumos difundidos”– que se comprometieron a retrotraer sus precios corresponden a empresas productoras de acero, aluminio y otros insumos metálicos utilizados en la industria metalúrgica, automotriz y autopartista, electrodomésticos, línea blanca (lavarropas, cocinas) y construcción.
En esa oportunidad, Kicillof informó que había dado instrucciones a la Secretaría de Comercio para abrir una instancia de revisión con el fin de analizar el impacto de los precios según el componente importado. “Cualquier servicio que se presta en la economía y no tiene componente importado o no se exporta no tendría por qué ser afectado por un movimiento cambiario”, expresó el titular del Ministerio de Economía.
En tanto, para las consultoras privadas, la inflación de enero promedió el 5 por ciento, y advirtieron a su vez que el encarecimiento del costo de vida se sentirá con mayor fuerza en febrero, a causa, justamente, de la devaluación. Aseguraron, además, que el impacto del acuerdo de precios fue escaso.
Esa conclusión se desprende de las proyecciones que realizaron distintas consultoras privadas, para las que los productos se encarecieron a lo largo de ese mes entre un 4 y un 6 por ciento. Y atribuyeron la fuerte alza a los aumentos en transporte, combustibles, peajes y prepagas que se materializaron en la primera semana de enero.
Los medicamentos, por su parte, subieron entre un 10 y un 50 por ciento en los primeros 20 días del año porque los precios, aseguran en este rubro, “estaban estancados”.
Pero no adjudican la inflación solo a aquellas actividades. También habrían aportado a la inflación las subas en alimentos y bebidas. A pesar de que se esperaba un eventual freno en los incrementos de este último rubro, porque en diciembre registraron una fuerte disparada del 4 por ciento y se implementó el acuerdo Precios Cuidados, en enero continuaron los incrementos, según las mismas mediciones.
Consultados por el acuerdo de precios, los especialistas coincidieron en que tuvo muy poco impacto en el bolsillo del trabajador mientras que algunos directamente dijeron que fue nulo “por la escasa cantidad de productos”.
Para Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Ecolatina, el próximo mes va a ser complicado por el traslado del aumento del tipo de cambio a precios. “La devaluación fue a mediados de enero, por lo que seguro va a tener un derrame fuerte en febrero. En marzo va a tener algún impacto también y a eso se suman los aumentos por el inicio de clases”.
En tanto, Luciano Cohan, de la consultora Elypsis, entidad que sostiene que la inflación de enero rondó el 6 por ciento, declaró: “Enero cerró con una inflación récord desde la salida de la Convertibilidad y dejó un arrastre de 2 por ciento para febrero”.
Mientras algunos organizan con más frecuencia compras comunitarias en el Mercado Central, otros motorizan por las redes sociales una huelga de consumidores para el 7 de febrero. Como sea, la cuestión es estirar el bolsillo por todos los medios posibles.
