El dirigente social Juan Grabois visitó a uno de los dos detenidos por los incidentes en las afueras del Congreso durante el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados.
Se trata de Jaru Alexander Rodríguez Carrero, un venezolano de 29 años que cumple prisión preventiva en la Alcaidía Octava de la Policía de la Ciudad por estar acusado de participar en los destrozos al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner el 10 de marzo último.
En una nota publicada en ElDiarioAr, bajo el sugestivo título de “Semblanza de un preso político”, Grabois sostiene: “Rodríguez está a disposición del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires que lo mantiene en una ridícula prisión preventiva pese a la ausencia de cualquier elemento probatorio que lo involucre con los delitos que le imputan”.
Según relató Grabois en su texto, el abogado de Rodríguez, Martín Alderete, le aseguró que “la querella no se opuso a ninguna excarcelación”, por lo que “la preventiva es una definición del poder porteño que busca darle a los hechos su propia narrativa a costa del debido proceso judicial y la libertad de personas inocentes”.
Y agregó: “Como tantos otros venezolanos que vinieron a la Argentina, [Rodríguez] trabajaba hasta el mismísimo día de su detención como vendedor de Rappi pedaleando nueve horas por día para juntar el mango”.
Y tras describir la vida cotidiana del joven en el país, precisó algunos datos acerca de su historia: “Jaru llegó al país hace unos 6 años desde Cotiza, un barrio de monoblocs muy pobre de Caracas. Allá en el Bloque 1 de un Torre de más de 30 pisos su abuela espera la pequeña remesa que Jaru llegaba a juntar con horas de trabaja para ayudarla a ella, su madre soltera y su hermano deportista”.
Rodríguez Carrero fue detenido el pasado 15 de marzo, cuando la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en su domicilio de Acassuso, en el partido bonaerense de San Isidro. Entre las pertenencias que incautaron en el procedimiento, había 51 plantas de marihuana y también material del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), una de las agrupaciones de izquierda que llegó a las inmediaciones del Congreso para protestar contra el entendimiento con el FMI.
Lo cierto es que a Rodríguez Carrero no se lo imputa por haber arrojado piedras contra el edificio del Palacio Legislativo, sino por aparecer en las imágenes mientras empuja uno de los containers de basura que luego fueron incinerados por los manifestantes.
Según el diario La Nación, en las últimas semanas, sus familiares y compañeros de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzaron una campaña para pedir por su liberación, a la que se sumó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio que nuclea diversos organismos de derechos humanos de izquierda. Fue a partir de ese vínculo que lograron realizar una conferencia de prensa para denunciar la “criminalización de la protesta social” y “reclamar la libertad de los manifestantes detenidos durante la represión que la Policía Federal y de la Ciudad desataron el jueves 10 sobre la movilización frente al Congreso Nacional contra el acuerdo con el FMI”.
A través de sus redes sociales sus compañeros indicaron: “A Jaru nunca se lo ve realizando ningún acto de violencia, incluso hay un informe de la División Antiterrorista de la Ciudad que lo asegura. No hay ningún elemento legal para dictarle la prisión preventiva. La causa podría seguir sin problemas con nuestro amigo en libertad, no conlleva ningún riesgo de fuga ni está en sus intenciones”.
Y agregaron: “No es nuestra intención santificarlo, pero si demostrar que lejos está de dedicarle el tiempo y las ganas a organizar un ataque, supuestamente premeditado, al Congreso y a la oficina ya mencionada de Cristina Kirchner”.
En tanto que Grabois hizo un llamado a la “solidaridad” por Rodríguez Carrero, a quien calificó como “un caído más de la cacería de brujas en la que hasta ahora sólo vemos gente pobre de piel marrón y trabajo precario” y que hasta incluso, como deslizó en uno de sus párrafos, “simpatiza con Cristina”.
Y finalizó: “Ojalá que Jaru, los otras detenidos políticos y futuros integrantes de las clases populares no sean quienes paguen con la cárcel por enfrentar la violencia que generan los poderosos”.
