Simón Fisher es un ingeniero especialista en explosivos, que se dedica a demoler edificios. Su mujer, con quien mantiene un vínculo al que solo falta desconectarle el respirador artificial, le encarga que compre la torta de cumpleaños de la hija de ambos. Mientras Fisher hace el mandado, una grúa le remolca el auto que supuestamente se encontraba mal estacionado, en una calle de un barrio claramente porteño. Va a retirar su vehículo a la playa de infractores y ahí siente el primer puñal de violencia administrativa, porque la burocracia, cuando es mediada por unos cuantos billetes, se convierte en estafa. Eso siente, al menos, Fisher, al tener que pagar por el acarreo de su coche, al margen de la infracción. Llega tarde al cumpleaños, cuando los invitados se están yendo. OK, su vida familiar se derrumba. Y todavía le resta el pago de la multa. Con resignación, se dirige a la dependencia de la empresa que tiene la concesión del servicio –¿servicio?– a realizar el trámite.
–El acta dice que estaba mal estacionado y eso es prueba suficiente– le suelta, sin dejar de mirar el monitor, el empleado.
Fisher le explica, en vano, que la línea amarilla del cordón estaba sin pintar.
Nada.
–¿Qué se siente ser un chorro?– inquiere el personaje de Darín, casi retóricamente.
El empleado le pide que no le falte el respeto pero también se burla, entre el ninguneo y el sarcasmo. Fisher no se aguanta: le rompe el vidrio de la casilla con un matafuego. Lo detienen. Sale en los diarios. Lo echan del trabajo. Y por no tener trabajo, ya separado de su mujer, no le otorgan la tenencia compartida de sus hijos. Para completar, en un descuido, le vuelven a acarrear el auto. Planea su venganza: lo estaciona sobre un cordón amarillo, el baúl lleno de explosivos. Se sienta en un bar de enfrente a tomar un café. El auto llega, indefectiblemente, al depósito de infractores. Una mujer se queja, en una advertencia profética, mientras la atiende –mal– un empleado: “Ustedes no van a parar hasta que pase una tragedia”. El auto explota. Acto seguido, el ingeniero muta, al calor de los medios y las redes sociales, en Bombita Fisher. Termina preso, es ídolo en la cárcel y nuevamente reconocido por su exesposa. ¿Conclusión del corto que promedia la última película de Damián Szifrón, Relatos salvajes? Cuidado, todos llevamos un Bombita Fisher adentro.
La comparación se torna inevitable porque Oscar Feito, exsecretario de Medios porteño durante la gestión de Jorge Telerman, tuvo su propio relato salvaje, montado en una escena salvaje. Y no es la primera vez que pasa, que una persona a la que le acarrean el auto, justa o injustamente, reacciona mal. O la pasa mal. El año pasado, por esta fecha, un remisero de Villa Tesei, de 71 años, falleció en plena 9 de Julio de un paro cardíaco luego de mantener una fuerte discusión con un agente de tránsito en la entrada de la playa subterránea, conocida como Terminal Obelisco, en Carlos Pellegrini y Sarmiento, en donde también se reciben las combis que llegan desde el Conurbano. Hasta allí había sido remolcado su auto, mal estacionado. Incluso, comenta en off a Noticias Urbanas un empleado de STO, una de las dos concesionarias del servicio de acarreo puesta en cuestión nuevamente, esta vez a partir del caso Feito, cada tanto aparece un Bombita Fisher que rompe las cabinas a golpe de matafuego o a pura patada y puño. Cada tanto, dice, hay quien tiene su día de furia como en la película.
En Buenos Aires, el acarreo de vehículos mal –o bien– estacionados es un negocio promisorio. Y más desde que el macrismo decidió incorporar en el negocio al barrio de Puerto Madero. Las grúas levantan unos 14 mil autos por mes, lo que supone que esa situación se da cada tres minutos, ya que se opera durante las 24 horas. Alcanza con pararse un ratito en cualquiera de las playas, ya sea de Dakota SA (Sistema de Tránsito Ordenado – STO), que actúa en la zona norte de la Ciudad, o hacia el sur porteño, territorio de BDR Saicfi (Sistema de Estacionamiento Controlado – SEC), para ver el incesante movimiento, la entrada y salida de vehículos de esas playas regidas con contratos firmados en 1990 con la intendencia de Carlos Grosso. Contratos vencidos en 2001 y prorrogados gobierno tras gobierno. Entre ellos, el de Jorge Telerman, del que formó parte el propio Feito.
Tal como se exponía, hace poco más de un año, en la nota “Grúas descontroladas” de Noticias Urbanas, la tarea de las empresas antes mencionadas corre por cuenta de Bernardo Marcelo Pérez y Marcelo Daniel Violante. Con CUIT Nº 20-18.284.940-6, “Bernie”, como se hace llamar Pérez, figura ante la AFIP como “monotributista, categoría D”. Esto es, una especie de locador de servicios. Bernie y su socio Ricardo Chiantore (h) operan en la zona sur de la Ciudad el negocio del parking y acarreo con el nombre de Servicio de Estacionamiento Controlado, bajo la égida de BRD SA. En tanto que Marcelo Daniel Violante regentea la empresa Dakota SA, y con su controladora Servicio de Tránsito Ordenado vigila el estacionamiento en la zona norte. El negocio es multimillonario. Tanto como ridículo es el canon que ambas empresas abonan al Gobierno de la Ciudad. En 2009, SEC y STO pagaban mensualmente, cada una, mil pesos. En 2011 se les aumentó a 30 mil pesos mensuales. Y en 2013, cada una pagaba 55 mil pesos por mes. Los aumentos del canon vinieron acompañados de incrementos en las tarifas de acarreo de alrededor del 800 por ciento. Es decir que, finalmente, terminaron pagando los “usuarios” del “servicio”.
El viernes pasado, a la noche, Feito estacionó mal su auto en la esquina de Cerviño y Salguero (Palermo), ya que, según sus dichos, tenía que comprar algo en la farmacia. El coche terminó en la playa de infractores de Figueroa Alcorta, junto a la Facultad de Derecho, que administra STO. Dice que, como no tenía suficiente dinero encima para costear el acarreo, decidió ir a buscar sus pertenencias al auto, entre ellas las llaves de su casa y una tablet. Y que entró al predio, lo reconoce, a las puteadas. Dice también que enseguida los empleados lo increparon porque había ingresado en el lugar sin autorización y que empezó a ser rodeado, como por obra de una patota. Ahí nomás cuenta que sintió, traicioneramente, desde atrás, una piña a la altura de la sien izquierda, que lo mareó y lo desestabilizó. Refiere que cayó al suelo. Sobrevino una golpiza, en un sector donde había seguridad privada y policía. Cuando se repuso, amenazó con hacer la denuncia. “Te la vas a pasar llenando papeletas”, le dijo, de acuerdo a su versión, el uniformado de turno.
“Lo que me resulta más grave es que me golpearon dentro de una dependencia pública, es como si esto hubiera pasado en la Legislatura o en un ministerio”, declaró el exfuncionario. Además afirmó que finalmente radicó la denuncia en la comisaría 19, en Charcas entre Laprida y Anchorena, y que realizará una presentación judicial para pedir el secuestro de las imágenes grabadas por la cámara de seguridad que debería funcionar en la playa de infractores. Desde el Gobierno de la Ciudad, por su parte, adujeron estar ocupándose del tema. Es más, a horas de conocerse el caso del exvocero porteño, Guillermo Dietrich, subsecretario de Tránsito y Transporte porteño, aseguró que mediante las filmaciones se identificó a dos de los empleados que agredieron a Feito y que se dio de inmediato la orden de separarlos de sus puestos. Y que se inició el expediente para sancionar a la empresa concesionaria.
No obstante, el GCBA dejó entrever que, al tratarse de un servicio concesionado, es decir, en manos privadas, no es mucho más lo que puede hacerse. La excusa se da en días en que, además del episodio Feito, la maniobra macrista de extender el estacionamiento medido a media ciudad –es decir, a barrios como Almagro, San Cristóbal, Boedo, Villa Crespo, Colegiales, Caballito, Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar y Constitución, a partir de una ley votada en la Legislatura– fracasó tras el fallo del juez Francisco Ferrer, quien dio lugar al amparo presentado por una vecina, quien planteó que ello supone una medida anticonstitucional.
Ahora bien, ¿qué adujeron los acusados? Sostuvieron que Feito mintió o, por lo menos, no dijo toda la verdad, ya que no contó que entró en la playa no solo insultando sino también escupiendo en la cara a dos empleados. “Acá la gente viene muy sacada, cada dos por tres nos comemos agresiones. Nosotros no tenemos que reaccionar, pero también somos humanos. Y vamos a defender a nuestros compañeros porque los quieren echar por un mentiroso”, contaba el martes, ante los móviles televisivos, Víctor, uno de los trabajadores de la playa. “Y por este mismo medio le aviso a la empresa: vamos a patrullar pero no vamos a levantar ningún auto, ¿está claro?”, agregaba. El paro del servicio de grúas se levantó un día después y los dos empleados cesanteados fueron, por intermedio del Ministerio de Trabajo, reincorporados en sus puestos. Y aquí no pasó nada.
Grúa, impotencia, hasta Feito se ha puesto a llorar
Noticias Urbanas se dedicó a recorrer la Ciudad junto a distintas personas que, hayan estacionado en infracción, ya sea, por ejemplo, en una zona prohibida o con el ticket de estacionamiento medido vencido, o hayan dejado el vehículo, a su criterio, sin transgredir norma alguna, han padecido la magia de las grúas porteñas y sus constantes irregularidades.
“A mí no me enganchan más. Parezco una enferma pero ahora, cada vez que dejo el auto por el centro, saco foto del lugar donde lo dejé. La desesperación de llegar al lugar y no ver el auto es indescriptible. Y como no me dejaron notificación, pensé que me lo habían robado. Lo había estacionado en Uriburu y Sarmiento, sobre Uriburu, a metros del teatro Sha. El cordón no estaba pintado de amarillo y la cuadra estaba llena de autos. Pregunté al empleado de un garaje, que me dijo muy tranquilo ‘Seguro te lo llevó la grúa’. Busqué desesperada el teléfono de la empresa, no me andaba el 3G. A unas cuadras, pasando Corrientes, encuentro una ticketeadora: tenía el teléfono viejo, con una característica que no existe más. O sea, ni ese gesto tienen. Y el Gobierno de la Ciudad lo permite. No sabía si llorar o reírme. Doblo por Corrientes, hacia Callao, y doy con un policía de la Federal. Me consigue el teléfono de las empresas. El auto estaba en la playa de 9 de Julio y Sarmiento, la subterránea. El acarreo me salió 450 pesos, sin contar la multa, que nunca me llegó”, relata Karina, una abogada de Morón que suele andar por Capital y que pudo retirar su auto de la playa, a diferencia de Feito, gracias a que tenía dinero para pagar el acarreo. De lo contrario, hubiera tenido que abonar 50 pesos por un día de estadía. Eso en el caso de SEC, ya que en lo que comporta a STO, corresponde abonar 43 pesos por cada 12 horas que el vehículo ocupa en el predio de Figueroa Alcorta. Cuando fue a retirar el vehículo le dijeron que había estacionado en zona de descargas las 24 horas. Del cartel indicativo, ni noticias.
Negocio para dos, bronca para muchos
El límite del área de influencia de cada empresa está dado por la calle Viamonte. De ese modo, si el automóvil mal estacionado se encuentra entre Viamonte (excluida) y Rivadavia (incluida), será remolcado a la playa subterránea de 9 de Julio y Sarmiento. Si, en cambio, se encuentra al sur de Rivadavia (excluida), será remolcado a la playa ubicada debajo de la autopista 9 de Julio, en Juan de Garay y Bernardo de Irigoyen. Y si es removido al norte de la calle Viamonte, contemplando esa misma arteria, el vehículo en infracción irá a parar a la playa de estacionamiento emplazada en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, lindera del parque Thays.
“Me acuerdo que ese día llegaba tarde al trabajo y como vi que casi toda la cuadra, en donde hay muchos locales gastronómicos, estaba ocupada, pensé que se podía estacionar”, recuerda, dando escaso crédito a su pasada credulidad, Ariel, empleado administrativo. Ese día, también recuerda, usó el auto porque iba a trasnochar y le daba “fiaca” esperar el colectivo cerca de una hora para el regreso. “En toda la cuadra, fui el tocado por la varita mágica del acarreo. Lo bueno es que esta ciudad es tan moderna que podés pagar en efectivo, débito o crédito”, ironiza, levantando su ceja derecha, mientras recorre con la vista la cuadra en cuestión. En Chile al 500, cuentan los vecinos de San Telmo, a diario se repite la historia de Ariel.
“Estacionamos al borde de la línea amarilla, sin tocarla, sobre Cerviño, entre las diez y las once de la noche, apurados porque queríamos llegar a la guardia del hospital Fernández, desde donde estaban por trasladar a un familiar al Anchorena. Cuando hicimos las dos cuadras, vimos que la ambulancia estaba lista, por lo que dijimos ‘volvamos al auto y vayamos para el otro sanatorio’. Sin embargo, al volver ya no estaba el auto. Se lo habían llevado pero no había pegado en el piso aviso ni nada parecido. Incluso llamamos a LoJack, por las dudas. De ahí, a pagar los 450 del acarreo; la multa nunca llegó (esto fue a mediados de junio). Lo que da bronca es que encima de que no habíamos estacionado sobre la línea amarilla del cordón, sino a centímetros, patrullan como buitres a la pesca de quien, en una situación de urgencia, puede caer en infracción. Es más, ¡se cruzan las grúas y se saludan! Sobre todo cerca del Rivadavia, el Cemic, el Fernández, el Anchorena, el Alemán. La zona de Barrio Norte/parque Las Heras está inundada de grúas”, relata, con detalle de cronista, Camilo Borghi. Habla, sin más, de la zona en la que Feito fue presa de la caza de las grúas.
“A mí me pasó de haber ido al Gran Rex, dejar el auto por Tucumán, volver y que no estuviera. Lo acarrearon porque supuestamente estaba a menos de cinco metros de la parada del colectivo. ¡Mentira! Estaba bien estacionado. Jamás vi el cartel de la parada. Es bastante conocido que las mismas empresas pintan y despintan los cordones. Todo puede ser”, precisa Yamila, profesora de Biología, oriunda de Avellaneda. Su última afirmación la corrobora Juan Manuel Chavarri, el titular de la ONG No al Parquímetro, que viene peleando cuerpo a cuerpo desde hace ya varios años contra los abusos cometidos por los sucesivos gobiernos con las concesiones de grúas y parquímetros. “Ambas empresas, SEC y STO, están autorizadas a pintar las zonas en las que no se permite estacionar, pero lo hacen con pintura al agua, que a la tercera lluvia queda borrada. La ley obliga a que se pinte con pintura acrílica, que no se deteriora tan fácilmente. Así, de esta manera, los automovilistas no ven claramente las zonas prohibidas y entonces viene la grúa y se los lleva, ayudando a aumentar la recaudación”, señala Chavarri.
“En mi caso, se llevaron el auto a las 21, cuando el estacionamiento ya es libre”, expresa Juan Carlos, con la seguridad de que apelará la injusticia. Y Matías, empleado metalúrgico de La Boca, describe: “Tenía que vender el auto. Me fijo en el sistema para sacar el libre deuda y me figuran cuatro infracciones, de las cuales no fui notificado. Tenía de todo: exceso de velocidad –la única fotomulta–, violación de luz roja y, en cuanto a estacionamiento, una sobre rampa y otra en línea amarilla. El total daba como 5 mil pesos. La controladora, ‘de onda’, porque en las actas de infracción no figuraban las características del vehículo y en otra la patente no era legible, o sea, estaban mal labradas, me dijo que me cobraba ‘solo una’, como haciéndome precio. Terminé pagando mil pesos nomás. Si son tan flexibles es porque se inventan muchas infracciones o el negocio está, definitivamente, en los acarreos. Si no, no se entiende”.
Claudia Neira: “La Dirección de Tránsito facilita el negocio de las grúas”
La legisladora Claudia Neira, del Frente para la Victoria, presentó recientemente un pedido de informes al Ejecutivo sobre el funcionamiento del servicio de acarreo de vehículos en la Ciudad.
Neira manifestó que “aunque la ley establece que la remoción del vehículo debe ser solicitada por un funcionario público que constate la infracción, lo que vemos es que los empleados públicos acompañan la grúa y solo se limitan a firmar el acta”.
“De esta manera, los funcionarios del Estado porteño se convierten en facilitadores de las concesionarias. En vez de que las empresas estén al servicio de las necesidades del Estado, el Estado se pone al servicio de las empresas.”
En la fundamentación del pedido de informes se detalla que de acuerdo a la información disponible, en la playa de estacionamiento lindera al parque Thays hay 81 agentes por día que, “en lugar de encontrarse ejerciendo sus funciones en la vía pública, funcionan casi como empleados de las empresas concesionarias”.
Días atrás, la Auditoría General de la Ciudad reveló un informe donde se detallan irregularidades en la Dirección General de Concesiones vinculadas al servicio de acarreo. Estas empresas están reclamando un plus de 120 millones de pesos.
