El aumento del gas y la compensación a las distribuidoras por el aumento del dólar que les dio el Gobierno nacional de Mauricio Macri provocó una fuerte reacción política de Cristina Fernández de Kirchner y de los intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires, pero también de la Justicia.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas en virtud de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar.
En el escrito de denuncia al que accedió Infobae, el titular del Ministerio Público Fiscal solicitó además que se dicte una medida cautelar para suspender los aumentos.
Marijuan considera que el funcionario es “prima facie” autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.
“Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”, argumentó el fiscal.
El funcionario judicial precisó que la resolución alcanza a períodos que ya fueron pagados por los usuarios y si se habilitara una suerte de compensación sobre períodos ya transcurridos se alteraría el principal efecto jurídico que tiene la cancelación de obligaciones.
Esta medida se suma al aumento que en un principio se había anunciado que llegaría al 35% y este lunes se conoció que en realidad será de 50 por ciento.
Al ser consultado sobre el tema, el ministro dijo que quienes se quejan por los aumentos son militantes kirchneristas. Sin embargo, los reproches surgieron también desde otros espacios políticos que ya están analizando la posibilidad de vetar el ajuste con una sesión especial en la Cámara de Diputados.