El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y ese poder no es cualquier poder. La importancia que tienen las fuerzas de seguridad es clave no solo para combatir el delito sino también para delimitar dentro del tejido social lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando las fuerzas de seguridad empiezan a transitar la zona gris entre el bien y el mal, como si se tratara de personajes de una novela de policial negro, las cosas se complican. Y si el escenario de esos actos es la realidad, el panorama se oscurece aún más.
Existe un enfrentamiento público entre el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y cierto sector de la Justicia. Ese enfrentamiento se fue acrecentando en el último tiempo, provocando resquemores difíciles de solucionar. Pero detrás de las declaraciones pirotécnicas del funcionario K existen razones de fondo que muchas veces son pasadas por alto.
“El trabajo de fiscales y jueces muchas veces apunta con datos concretos a la vinculación de la policía con ciertos delitos, como el narcotráfico y la trata de personas. Eso enoja mucho a Berni, que dispara diciendo que los magistrados están lejos de la realidad y de lo que le pasa a la gente, y los acusa de dejar salir con rapidez a los delincuentes. Pero Berni siempre reacciona cuando le tocan a la Federal o cuando hay un caso de gran repercusión mediática”, le manifestó a Noticias Urbanas un fiscal de instrucción.
El informe que el fiscal federal Federico Delgado le presentó el martes 23 de septiembre a la procuradora general Alejandra Gils Carbó puso en evidencia el accionar de la Policía Federal en casos de narcotráfico y trata de personas. Ese detallado estudio que tenía como objetivo conocer cómo están conformadas y estructuradas las fuerzas de seguridad en la Ciudad, en particular las 53 comisarías porteñas, cuáles son sus funciones y qué es concretamente lo que hacen, fue demasiado para Berni, que explotó de ira.
A fines de octubre, el funcionario kirchnerista acusó a Delgado de hacer un “trabajo universitario” y presentó una denuncia penal contra el fiscal federal. Allí lo acusó de “movilizar recursos humanos y técnicos del Estado, recursos que son limitados y que se encuentran abocados al desempeño de sus funcionarios particulares, para un proyecto personal por encima de las funciones que le corresponden a su grado”.
El verdadero trabajo que provoca malestares de todo tipo
La respuesta del fiscal no tardó en llegar. “No leí la denuncia. Pero lo que me achacan es abuso de poder. Una especie de ‘no te deberías haber metido’. Y, en realidad, los fiscales están para molestar, para desconfiar, y deben ser como tábanos”, afirmó Delgado a los pocos días de que se diera a conocer la denuncia en su contra.
El fiscal llevó adelante causas como la de los sobornos en el Senado, el Megacanje, la tragedia de Once y hasta impulsó una denuncia para investigar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por un supuesto pacto con el Gobierno nacional. En marzo denunció la relación de cierto sector de la Policía Federal con un centenar de lugares que funcionaban como centros de venta de drogas. En octubre realizó una denuncia penal para que se identificara a la cadena que les suministraba y vendía drogas a niños y niñas en situación de calle en las inmediaciones del shopping Alto Palermo. Por último, en noviembre elaboró un informe sobre la cantidad de causas que ingresaron en su Fiscalía en junio de 2014. De las 277 investigaciones iniciadas, el 73 por ciento fueron por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737) y el 27 por ciento restante se relaciona con otros delitos de competencia federal.
“El trabajo de Delgado pone en la mira la actuación de las fuerzas de seguridad. No solo en el caso que provocó el enojo de Berni sino en otros anteriores, donde su labor exhaustiva dejó al descubierto los lazos que existen en este tipo de delitos y la colaboración o el dejar hacer de la policía”, le explicó a este medio un funcionario judicial. Este funcionario, que simpatiza con el Gobierno nacional, destaca la labor del fiscal. Sin embargo, un sector del Gobierno sospecha que detrás de ciertos fallos judiciales existen motivaciones políticas. Y por eso salen en defensa de Berni. Tal fue el caso del titular de la Anses, Diego Bossio, cuando criticó el fallo de la jueza federal de San Isidro, Sandro Arroyo Salgado, de ordenar el retiro de la Gendarmería de los cortes que realizan los trabajadores de la fábrica Lear en Panamericana.
“El problema de cierto sector del kirchnerismo es que ataca a toda la Justicia y termina provocando el enojo de los que hacen bien su trabajo y hasta de los grupos que comparten la idea de que la Justicia debe renovarse, como es el caso de Justicia Legítima. Pegarle al trabajo que hizo Delgado es no haberlo leído. Nadie puede discutir los datos”, expresó el funcionario judicial consultado.
La Federal, en la mira
Noticias Urbanas tuvo acceso al informe que Delgado le presentó a Gils Carbó. Los datos y la calificación de la actuación de la Federal son contundentes. “A la hora de los números, la proactividad de las fuerzas de seguridad parece casi inexistente”, dice el texto elaborado sobre la actuación de las 53 comisarías de la Ciudad.
El objetivo de Delgado y sus colaboradores era elaborar un informe sobre los recursos humanos y materiales con que cuenta la Federal para prevenir el delito.
Al sumar el total de uniformados de las 53 comisarías se llegó a la conclusión de que hay 11.691 efectivos en funciones. Estos datos le fueron proporcionados al fiscal por los propios jefes de cada comisaría.
Teniendo en cuenta el censo nacional de 2010, donde se determinó que la Ciudad tiene 2.890.151 habitantes, en promedio hay un uniformado cada 247 vecinos.
A los integrantes de la Federal hay que sumarles los 2.500 efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura que desde 2011 se encargan de la tarea de prevención en la zona sur de la Capital.
“La distribución de manzanas y cantidad de efectivos asignados dista de ser regular. La comisaría 1º, en el microcentro, tiene a su cargo 49 manzanas y 230 efectivos. Es decir, cuatro policías por manzana. La seccional 42 tiene 966 manzanas y 325 uniformados. La cuenta, en principio, da 0,33 policía por manzana, pero, sin embargo, hay que agregar que en este caso hay 38 policías con licencia permanente y 44 efectivos destinados a tareas administrativas”, se lee en el informe del fiscal.
El escrito pone en evidencia que la policía no investiga redes de trata ni de narcos y que su principal tarea es la de acudir a las llamadas de emergencia de víctimas de la delincuencia o realizar los trámites ordenados por los magistrados. Y las estadísticas que da a conocer el informe así lo demuestran. Los propios números de las fuerzas de seguridad sobre la lucha contra la trata son insignificantes.
Al tratar el tema del narcotráfico, los propios registros estadísticos de las comisarías afirman que se iniciaron 2.485 sumarios por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, la investigación de Delgado demuestra que entre el 60 y el 70 por ciento de los casos en los que intervienen las fuerzas de seguridad son de tenencia para el consumo, en los cuales actúan ante el “consumo en la vía pública” o por “actitud sospechosa”. En los informes, los casos de tenencia para el consumo surgen bajo las voces de “apología”, “consumo” o “tenencia”.
El informe explica que se iniciaron 2.485 sumarios por infracción a la Ley 23.737 (ley de drogas), número que dividido por 53 comisarías da como resultado 46,88 por comisaría por año.
El documento también dice que de un total aproximado de 145.164 sumarios labrados por las 53 comisarías durante 2013, solo 61 fueron por posible infracción a la Ley de Trata de Personas. Si se lo divide por 53, el resultado es de 1,33 sumario por comisaría al año. Por otra parte, 177 sumarios fueron por posible infracción a la ley de profilaxis, y si se lo divide otra vez por 53, el resultado es de 3,33 sumarios por comisaría.
Un fiscal entre dos fuegos
A pesar de que la idea del fiscal y sus colaboradores era generar un amplio debate a nivel judicial sobre la problemática de la seguridad (ver recuadro), su trabajo terminó enojando a muchos (y no solamente a Berni sino también a la Policía Federal), ya que hacía hincapié en dos temas sensibles: la droga y la trata de personas.
“En términos generales, quisimos obtener información relativa a la configuración de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la Ciudad a fin de establecer correlaciones ilustrativas entre fenómenos delictuales y la inversión de recursos públicos en materia de seguridad, más puntualmente, las relaciones de aquellos fenómenos y el trabajo de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Ello en relación a dos manifestaciones del crimen organizado en materia federal: la trata de personas y el narcotráfico”, aclara el texto.
El malestar que provocó el trabajo de la Fiscalía no se produjo cuando se conocieron sus resultados sino al inicio de la investigación.
“Como es obvio, por las características de nuestro trabajo una y otra vez recurrimos al auxilio y a la colaboración de las fuerzas de seguridad, en algunas oportunidades con resultados provechosos y en otras no tanto, al punto de vernos obligados a intentar diversos caminos con distintas fuerzas con el costo temporal que ello acarrea. En ese sentido, nos parecemos al Geógrafo de El principito, de Saint-Exupery: sin exploradores no es mucho lo que podemos hacer”, se lee en un tono que roza la poesía.
La falta de colaboración se muestra con claridad en el caso de la trata
“Una de las tantas líneas de investigación que ensayamos, aunque no la central, consistió en intentar conocer el despliegue territorial de posibles redes de trata de personas en el ámbito de la Ciudad. Sin embargo, no tardamos en darnos cuenta de que para ello necesitábamos de un muy fuerte compromiso por parte de las fuerzas de seguridad, muy difícil de conseguir porque la respuesta armada, cuando solicitábamos un posible plan de investigación, era: ‘Si nos indican un domicilio puntual nosotros lo investigamos, pero no podemos ir de lo general a lo particular porque, además, son las comisarías del lugar las que tienen la obligación de actuar por prevención’. Asimismo, nos concientizamos sobre nuestra ignorancia en torno a cuáles son las posibilidades concretas de trabajo por parte de esas fuerzas, de manera que difícilmente podíamos definir una estrategia de investigación compleja y factible cuando desconocíamos los recursos asignados y utilizados por el Estado”.
Por último, y bajo el subtítulo de “Escolios”, el informe señala que este accionar deficiente de las fuerzas de seguridad está relacionado con la falta de convicción política del Estado de dar una lucha más efectiva contra este tipo de delitos. En otras palabras, las responsabilidades incluyen al Estado y al poder político de turno.
“Pero esos datos debemos cualificarlos aún más, porque por nuestro trabajo en la administración y promoción de la Justicia sabemos que cada vez que alguien realiza una denuncia no es que la policía inicia actividades de prevención y constatación inmediatas, sino que le da intervención al Poder Judicial. Este, precisamente porque esas causas no se inician por prevención, corre vista al Ministerio Público Fiscal para que inste la acción penal. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que transcurre tiempo entre que se denuncian los hechos y se define la ‘voluntad’ del Estado de hacer algo al respecto”, se afirma en el documento.
Frente a este cuadro de situación, la pelea de Berni contra la Justicia y las rimbombantes acusaciones del funcionario sobre la lentitud de la misma y los supuestos beneficios hacia los delincuentes tiene una parte de verdad, pero también una parte de mentira. Es verdad que hay malos funcionarios judiciales, pero lo que más enojó a Berni del informe fue la contundencia de los datos concretos. Y lo peor de la verdad es que no tiene remedio.
