Las agresiones a los profesionales de la salud pública por parte de pacientes o sus familiares y acompañantes, con cada vez más frecuentes. El guardapolvo blanco, el ambo y el estetoscopio que años atrás oficiaban las veces de escudos protectores para médicos y enfermeros al identificarlos como los “salvadores”, se han convertido con los años, gracias a la escala de violencia que vive la sociedad, en señales de blancos móviles donde dirigir enojos, furias y exigencias desmedidas frente a una vida en riesgo o un cuerpo lesionado.
Ante al incremento de los hechos de violencia que sufren los trabajadores de hospitales y centros de salud, en la Legislatura porteña avanza un proyecto para incrementar la protección de los servicios sanitarios y hospitalarios , el cual hace eje en sancionar con penas económicas y de arresto a quienes afecten el normal funcionamiento de estos servicios públicos esenciales.
El proyecto plantea la modificación del Código Contravencional de la Ciudad para que se incluyan en el artículo 69 (el que establece sanciones a quienes afecten el funcionamiento de servicios públicos) “los servicios sanitarios y hospitalarios”.
La iniciativa, impulsada por los legisladores del PRO Carmen Polledo y Alejandro García, fue trabajada en la Comisión de Justicia, y con el aporte de diversas fuerzas, se llegó a un dictamen consensuado que actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El texto del dictamen consensuado al que tuvo acceso Noticias Urbanas propone que “quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios sanitarios, hospitalarios, de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, es sancionado/a con mil a cinco mil pesos de multa o arresto de dos a 10 días”.
“Son de público conocimiento los hechos de violencia que sufren los trabajadores y pacientes en los hospitales públicos, como así también destrozos que luego impiden el normal funcionamiento de los servicios de salud. La intención es incorporar a los los servicios sanitarios y hospitalarios al Código Contravencional con la protección que tienen los servicios públicos. Claro está sin afectar los derechos de los trabajadores tutelados constitucionalmente. Siendo un tema de esta trascendencia, estamos trabajando junto a la oposición para trabajar un único despacho que tenga el consenso de todas las fuerzas políticas de la legislatura el cuerpo”, remarcó la legisladora Carmen Polledo.
En los fundamentos del proyecto se resalta que en el Código Contravencional porteño “con la redacción actual, no están protegidos los servicios sanitarios y hospitalarios, a pesar de que en el ordenamiento jurídico nacional, este es considerado un de los servicios públicos esenciales”. También se subraya que “carece de sentido que el derecho a huelga sea diferenciado para estos servicios (se obliga a garantizar un servicio mínimo), pero que la protección de su infraestructura y trabajadores, no lo esté”, ya que “el daño ocasionado, no sólo es un daño para los trabajadores sanitarios, si no que se daña a quienes necesitan del sistema público de salud”.
“El proyecto que presentamos con la legisladora Polledo ha merecido el acompañamiento de la oposición. Todas las fuerzas políticas coincidimos en la importancia de adoptar medidas que contribuyan a defender el trabajo de médicos, enfermeros y trabajadores del sistema sanitario, y también, a garantizar el derecho de los vecinos a la salud pública”, dijo a NU el legislador Alejandro García.
