Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunciaron que existen 44 proyectos mineros asentados en zonas glaciares y periglaciares.
La información consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación, según el cual existen en total trescientos veintidós proyectos mineros en distinto grado de avance en el país, de los cuales setenta y siete se encuentran en las cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciares y Ciencias Ambientales, donde vuelcan el relevamiento nacional de glaciares. Del total de estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre los cuerpos de hielo, que deberían estar protegidos.
A raíz de esta situación, Gonzalo Strano, de Greenpeace, declaró que “con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en los que este tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo seis de la Ley de Glaciares. Seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan. Ni un sólo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se finalice el inventario de glaciares”.
El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del abundante material que el juez Federal Sebastián Casanello secuestró en sus recientes requerimientos al Ministerio de Ambiente de la Nación, dentro de la causa penal que investiga los derrames de solución cianurada que se produjeron este año y el año último en la mina Veladero, que opera en San Juan la empresa canadiense Barrick Gold. El documento fue cedido a las organizaciones por la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, que oficia como querellante en la causa.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asesor letrado de la Asamblea, señaló que “resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento, para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. En un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal encontramos un importantísimo material, que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial”.
La especialista de FARN, Pía Marchegiani sostuvo que “esta información da cuenta de la gravedad de la situación de la protección de los glaciares en el país. Es fundamental que no se avance con ningún proyecto más, en particular aquellos que están próximos a iniciarse, como Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan, hasta que el inventario se encuentre finalizado en todas sus etapas y se verifique que el proyecto no se asienta en zonas que deberían estar protegidas”.
