Las elecciones 2021 han sido desde el principio territorio propicio para toda clase de proposiciones decorosas, lúcidas, institucionales, algo tiradas de los pelos, novedosas y hasta delirantes.
Existen matices en estas definiciones de los partidos y las coaliciones que presentan candidatos el 14 de noviembre, pero en este punto la grieta volvió a hacerse presente. Algunos candidatos y dirigentes encumbrados de Cambiemos y de La Libertad Avanza lanzaron una batería de diversas propuestas que tienen por objetivo eliminar las indemnizaciones por despidos laborales y flexibilizar las condiciones de contratación, para que estas concesiones hacia las patronales “generen más empleo”.
Pero desde en Frente de Todos –en cuyo seno existe una fuerte representación sindical- la respuesta fue la esperada: no a todo. Las leyes que protegen los derechos de los trabajadores son una parte fundamental del entramado social del peronismo y sus aliados suelen compartir esas doctrinas tradicionales, a las que el peronismo no puede renunciar sin quebrar su base política.
Ya existen cuatro propuestas legislativas para eliminar las indemnizaciones. Dos de ellas salieron del interior de Juntos por el Cambio. La primera es de autoría del diputado fueguino Héctor Stefani y la segunda partió desde el cambiante aliado radical Martín Lousteau.
Las otras dos proposiciones provienen del sector industrial: una es del propietario de TN Platex, Teddy Karagozian y la otra, de Industriales Pyme de Argentina (IPA)
Entretanto, se generaba literatura acorde con las propuestas. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó su conformidad con “ir de una indemnización a un seguro”, como se utiliza en el gremio de la construcción, la ínclita Libreta del Fondo de Desempleo. “Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar cómo podemos generalizarlo a otros sectores. No es el sistema de Suecia o Dinamarca, es de acá, ya está probado”.
Larreta expresó que “hay que tener en cuenta a los trabajadores actuales y a los millones que no consiguen trabajo porque nadie toma a un empleado en Argentina con un sistema como éste”.
El Diablo mete la cola
Hasta aquí, todo era racionalidad y planteo. Filosofía y política. Pero…siempre hay un pero.
En este exacto punto, apareció José Luis Espert. Fiel a su estilo desesperado, de exacerbar sus propuestas hasta el fin, el economista que siempre dice lo que los empresarios más poderosos quieren escuchar, sugirió que se debe “limitar el derecho a huelga en cualquier actividad, previendo etapas previas de conciliación entre las partes. La ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales que violen las instancias legales con huelgas salvajes y otros medios extorsivos. En cualquier caso, los días de huelga no será pagos”.
Quizás no sepa el economista (entendible) que siempre existen instancias de negociación entre las patronales y los trabajadores. Además, una “huelga salvaje” debería estar tipificada en la legislación. No basta definirlas de esa manera, sino que se las debe normatizar. Por último, no hay “medios extorsivos”, hay presiones salariales o por condiciones de trabajo. Se elige un camino de lucha cuando las demandas no son escuchadas. Nadie va a una huelga o a algún tipo de conflicto porque le duele un callo, sino porque existe una necesidad o una carencia.
Pero el candidato no se detuvo allí. Tocando una música que suena celestial para algunos oídos empresariales, propuso además que se debe “limitar a un mínimo excepcional la legalidad de las huelgas generales, que siempre tienen una motivación política. Las condiciones para la legalidad de las huelgas generales serán explicitadas taxativamente y la ley preverá condena de multa, inhabilitación y prisión para los dirigentes sindicales que convoquen al desacato impulsando movimientos de fuerza fuera de la ley. Aun cuando las huelgas cumplan con los requisitos legales, los días de huelga general no serán pagos”.
Nuevamente, el planteo es legalizar las condiciones de huelga –que ya debería saber que siempre, indefectiblemente, son políticas-, para después volver a proponer que no se paguen los días. Además, siempre propone cárcel para los trabajadores, una muletilla que no se le cae nunca de la boca, mientras que las violaciones a la legalidad del sector patronal jamás serían sancionadas en su mundo ideal.
El tercer punto de su propuesta es risible. “Los empleados estatales y de servicios esenciales privatizados no tendrán derecho a la huelga y la ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales estatales que violen las instancias legales con huelgas salvajes”, escribió. Quizás sea porque los empleados y obreros estatales no tengan derechos en su mundo de fantasía o porque el Estado –el gran precarizador, desde los tiempos de Carlos Menem- jamás se debe hacer cargo del bienestar de los trabajadores y debe trabajar sólo para garantizar la riqueza de los beneficiarios de todas las cosas y no para terminar con la pobreza.
Pero el engaño viene a continuación. Entrevistado por el programa periodístico Políticos en el Recreo, el economista afirmó que “hay seis millones de trabajadores en negro. Son el 40 por ciento de los laburantes. No tenés medicina, no tenés jubilación, no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones. Una reforma laboral es necesaria para que el laburante tenga derechos, sino no los tiene”. Lo inexplicable es que propone anular al mundo sindical, lo que dejaría a los trabajadores sin su representación natural para buscar una vida mejor. ¿Quién va a sentarse en la mesa de las negociaciones en este mundo ilusorio?
Su propuesta flexibilizadora tampoco tiene desperdicio. Habló de “las pésimas leyes laborales”; de “un tamaño del Estado que demuele a la gente de laburo” y de “una clase empresaria que no le gusta competir con el mundo”. Casi como el Papa, que bendice urbi et orbi, Espert se ubicó en una posición ecuménica para no decepcionar a nadie y desde allí terminó con todos.
Extrañamente, en su cruzada hasta culpó a la vicepresidenta porque “hace tantos años que vive de la política que es una extraterrestre. ¿Qué debe saber ella de derechos laborales si nunca trabajó en su vida? Hace cuatro o cinco décadas que no trabaja”. Sería bueno que reconociera que en el mundo al que aspira a llegar, la señora Fernández de Kirchner llegó un poquito más lejos que él mismo.
Paralelamente, se producía el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, al que estuvo invitado el propio Espert.
Al promediar el evento, el economista jefe de IDEA, Santiago Bulat, lanzó la propuesta de los empresarios para generar más empleo en la Argentina. “Nosotros consideramos y empezamos a ver, estudiando a lo largo del tiempo ciertas cifras, que todos los desempleados empezaban a perder capacidades acorde a lo que el mundo laboral demandaba”, planteó Bulat.
Luego, el colega de Espert explicó que “en un mundo laboral que venía creciendo en las demandas de habilidades”, los que no tenían empleo “se estaban quedando cada vez más afuera, generando una brecha mayor”.
Los empresarios propusieron entonces que se podrían contemplar la implementación de bonificaciones provisionales para las cargas empresariales, mientras se privilegiara el empleo joven. Además, se proponían poner en marcha un nuevo régimen transitorio para despidos que no afecte el sistema de indemnizaciones, para otorgarle previsibilidad a los costos por esos ceses.
Espert y su socio, Javier Milei deben haber pensado en acusar a Bulat de “zurdo, comunista, gusano asqueroso arrastrado”.
Peligrosos los dos. Total, hablar es gratis.
