La polémica por la deuda del Correo Argentino, que estalló días atrás en la Justicia, llegó al Congreso. El Parlamento se hizo eco de lo planteado por la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquin, quien consideró que el posible acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Macri, exconcesionario de la empresa postal, era “abusivo”.
Abroquelada, la oposición pidió en las últimas horas la presencia del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; de Franco Macri; de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; del síndico general de la Nación, Ignacio Martín Rial; del procurador del Tesoro, Carlos Balbín; del actual presidente del Correo, Jorge Irigoin, y de “directores jurídicos varios”.
“Nosotros tenemos los resortes para reclamar desde el Poder Legislativo cuando vemos que hay un avasallamiento de los derechos”, apuntó en diálogo con Noticias Urbanas la diputada massista Carla Pitiot, quien estuvo presente en el reclamo opositor.
Según la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y dirigente sindical, el multimillonario acuerdo –se habla de más de 4.000 millones de pesos– “tiene implicancias políticas”. “No podemos permitir, como control parlamentario, que haya pérdidas ni perjuicio para el Estado”, aseguró. Y le reclamó al presidente Mauricio Macri “ser cristalino”.
–El escándalo del Correo Argentino ya había estallado en la Justicia y obligó a dar una respuesta al Ejecutivo. Ahora llegó al Congreso para que se presente el ministro Aguad. ¿La oposición no cree en la postura del oficialismo?
–El pedido de la oposición es un reclamo de esclarecimiento del caso. Nosotros podemos seguir las instancias judiciales donde se está hablando del concurso preventivo del Correo, pero somos espectadores. Sin embargo, este caso tiene implicancias políticas porque el Estado es acreedor y deudor.
–¿Cree que el Estado podría haberse perjudicado?
–No podemos permitir, como control parlamentario, que haya pérdidas ni perjuicio para el Estado. Si nos damos cuenta de lo que sucedió desde que saltó el escándalo hasta el pedido que hicimos para que se presente Aguad, aún nos quedan muchas preguntas, que seguro también se las está haciendo el ciudadano común. Tenemos que darles respuesta a los ciudadanos y a nosotros mismos como Poder Legislativo.
–¿Cuál es el punto más polémico del caso?
–Hay cuestiones que no cierran porque no estamos hablando de cualquier acreedor, sino que es el Estado como participante de un concurso preventivo de una empresa. Es como ver la historia argentina, desde los 90, a través del Correo.
–Además está el hecho de que se trata de una empresa de la familia Macri.
–Claramente. No nos podemos olvidar que no es cualquier concurso preventivo ni es cualquier composición accionaria. Entendemos que Macri, cuando asumió, puso sus bienes en un fideicomiso ciego y cedió las acciones a sus hijos. Habría que investigar si la composición de esos activos está declarada dentro de este fideicomiso ciego.
–¿Le genera dudas el papel del Presidente?
–Hay muchas dudas sobre el rol del Presidente, que debería ser aún más cristalino siendo quien está a cargo de la primera magistratura.
–En la oposición hay quienes acusan al macrismo, como acusaban al kirchnerismo, por supuestos casos de corrupción. ¿Se asemejan o se diferencian ambos gobiernos?
–En este momento no se está dando lo que sucedió durante los años del kirchnerismo, cuando en vez de dar respuestas las ocultaban, las menospreciaban o culpaban a la prensa. Pero tampoco estoy defendiendo al Gobierno, porque no es solo responsabilidad del Gobierno dar respuestas, sino que también es un logro de todos los argentinos, que ya no toleran más los hechos de corrupción. Así como es un mérito de los políticos, que también estamos cansados de que nos metan a todos en la misma bolsa. No hay que dividir en buenos o malos, sino entre los que queremos que las cosas cambien y que la gente vuelva a creer en las instituciones, que en definitiva es creer en la democracia, y los que no.
–¿Cómo le cayó la imputación a Macri?
–A nadie le gusta que esto esté sucediendo. No me gusta ni que Macri esté imputado en esta causa ni que Cristina esté procesada en otra, porque habla mal de los argentinos. De hecho, no quisiera ni que Cristina vaya presa.
–Marcos Peña y Oscar Aguad dieron una conferencia de prensa y aseguraron que “no hay conflicto de intereses” en el caso.
–En los últimos días escuché que todos ponen las manos en el fuego por todos. Y acá no es cuestión de eso, sino de que se transparenten los actos de gobierno. Hay que ser y parecer transparente. Ellos tienen una postura respecto del acuerdo, dicen que hicieron las cosas que debían hacer… bueno, habrá que ver lo que pasa en la Oficina Anticorrupción y en la Justicia, porque ya están imputados Macri y Aguad.
–¿Le llamó la atención que en la misma conferencia de prensa Peña anuncie nuevos aumentos en los servicios?
–No me sorprende porque este Gobierno tiene falta de tacto, de oportunidad y de conveniencia. No quiero pensar mal de nadie y no quiero creer que haya mala voluntad, pero la reiteración de torpezas con un objeto de bien mayor, a mí no me gusta. Creo que no lo pensaron. Seguro tenían programados los anuncios independientemente de la causa del Correo, como ha pasado con los DNU para su aprobación. Ellos tienen anteojeras, no reparan en el contexto. Se plantean metas como en una empresa y no entienden que uno es uno y sus circunstancias.
–Mencionó la polémica de los DNU, y justo esta semana se programó la votación del nuevo régimen de ART en una sesión extraordinaria que pidió Macri. ¿Cuál es la clave de la nueva ley?
–Yo firmé el dictamen de mayoría con el convencimiento de que hay una falencia en las prioridades. La verdad es que no disminuye derechos, sino que agiliza el trámite en la ART, aunque es verdad que le da mayor importancia a las comisiones médicas, que es el mayor reclamo de los que no compartieron. Pero hubo avances. Ahora lo que nos queda es trabajar ya mismo en una ley de prevención y protección de los trabajadores.
–Hablando de los trabajadores y siendo usted dirigente sindical, ¿cómo ve la situación laboral?
–Hay reclamos no satisfechos y por eso la CGT convocó a la movilización el 7 de marzo. No estamos teniendo una economía estable y el reclamo tiene que ver con no avalar leyes de flexibilización laboral, no avalar despidos en ámbitos privados ni públicos y reactivar finalmente la economía. Estamos hablando del bolsillo del trabajador y de paritarias a las que ya les quieren poner un techo.
