El 15 de junio próximo se realizará la Audiencia Pública para fijar el ajuste de la tarifa para el subterráneo. La cita será a las 12:00, en el Centro Cultural San Martín.
El cónclave iba a realizarse el seis de mayo último en el mismo lugar, pero tras la presentación de varios amparos -uno, por parte del legislador Gustavo Vera (Bien Común) y uno más por parte de la Asociación Gemial de Trabajadores del Subte y Premetro, entre otros- la titular del juzgado del Fuero Contencioso Administrativo Nº 4, Elena Liberatori, concedió al pedido de Vera y suspendió la audiencia.
El fallo fue publicado el mismo viernes seis de mayo, cuando la sesión estaba por realizarse, por lo que la nueva cita fue fijada para el 15 de junio.
En este punto, el legislador porteño Claudio Heredia presentó ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos un proyecto de Resolución en el que solicitó informes acerca del aumento al Gobierno porteño. “El objetivo es determinar si realmente se debe aumentar la tarifa para los usuarios y de ser así, cuál sería el monto correspondiente”, declaró el diputado porteño.
Heredia solicitó más detalles acerca de la tarifa técnica, que siempre se confecciona en base a arcanos misteriosos que impiden al público conocer cuáles son realmente los costos que justifican un eventual incremento de las tarifas. El legislador interrogó a los funcionarios si tuvieron en cuenta las recomendaciones emanadas de la Auditoría de la ciudad por medio de la Resolución 373/13 y por las que realizó el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
“Es importante aclarar que ambos organismos llamaron la atención sobre la última información recibida de la conformación de la tarifa técnica presentada por SBASE en el año 2014 y advierten sobre la necesidad de modificaciones para evitar que gastos de la empresa -por ejemplo, los de mantenimiento e infraestructura- sean trasladados al boleto del usuario”, expresó el legislador y exgremialista de UPCN.
Heredia solicitó también el detalle del monto de los subsidios que cobra la empresa concesionaria Metrovías del Poder Ejecutivo y el destino que se les da a éstos, con el fin de evaluar su aplicación y su incidencia en los costos del servicio que presta.
