“Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos; rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil.
La hojarasca era implacable.Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte.
En menos de un año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma, esparció en las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo un corral para los muertos en el otro, en un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos”.
La Hojarasca (1954). Gabriel García Márquez
Parecen cuadros de un sainete desarrollado en el mítico Macondo. La ironía siniestra los bautizó “La Hojarasca”; sin embargo, forman parte de un proyecto de ley presentado con trampa ante la sociedad como una forma de eludir normas supuestamente “obsoletas” o “inútiles”, como las que protegen “la cría, educación, entrenamiento y mejoramiento de la paloma mensajera” o el uso obligatorio del “carné del mochilero” por quienes, “con fines turísticos, soliciten la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar”.
Sin embargo, no se trata de una obra de Gabriel García Márquez, sino de un nuevo mega-articulado del fracasado ex titular del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, el exterminador que el presidente Javier Milei, decidió utilizar para barrer más de 100 normas y disolver entre 60 y 70 organismos estatales que, en realidad, constituyen la institucionalidad de políticas públicas, beneficiosas para diferentes sectores de la sociedad, la producción, la salud, la vivienda, la educación, la cultura, para cada una de las actividades del país y la protección de sus bienes comunes.
El proceso de derogación de normas iniciado con el decreto desregulador 70/23 (que la oposición parlamentaria se tragó como agua) y legalizado por la Ley Bases, junto con la quita de derechos y garantías, en realidad formaliza la “ley de la selva”, la libertad del zorro en el gallinero que implica que el mercado decida, por ejemplo, sobre los precios de bienes y servicios. Es el caso de los alimentos en un país en el que el 75% de la góndola de supermercado es manejado por apenas 20 empresas oligopólicas: de Unilever y Mastellone Hermanos hasta Coca Cola Company, Sancor Cooperativas Unidas Limitada o Molinos Río de La Plata.
En su debut discursivo, el flamante ministro de “Desregulación y Transformación del Estado” afirmó que “a más leyes, menos Justicia hay” y remarcó que, en función de ese absurdo convertido en sentencia, abordará una “agenda de la libertad económica”, en base a un listado armado, en realidad y una vez más, por las consultorías de las corporaciones económicas en función de los intereses de sus mandantes.
Trabajo para topos e infiltrados
“Amo, amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro.
Es como estar infiltrado en las filas enemigas.
La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado,
y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de calumnias, injurias, mentiras, tanto sobre mi persona como sobre mis seres más queridos,
que son mi hermana y mis perros… y mis padres, con tal de destruir al Estado”.
Javier Milei a Bari Weiss (The Free Press) el pasado 6 de junio. A confesión de partes…
Los diseñadores del mapa de esa destrucción utilizan las posturas extremas del mandatario para que haga el trabajo sucio y baje la inversión pública, interpretada como “gasto” por los ultraliberales, del 40% del PBI al 25%.
El proceso de demolición arrancó el propio 10 de diciembre, cuando el gobierno antiestatista comenzó con la supresión de ministerios y organismos, expulsó a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores públicos y, algo que para muchos pasa desapercibido, disminuyó la ejecución presupuestaria de diferentes áreas imprescindibles para el normal funcionamiento de la vida nacional.
Las investigaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran que en los primeros seis meses del año en curso se registró una fuerte caída de esa ejecución real con relación al mismo período de 2023, con un 30% menos de inversión sobre cifras a las que, además, la inflación les comió porcentajes exorbitantes. Implica un ajuste brutal sobre áreas sensibles de la administración, que conduce a su desaparición.
Algunas de las caídas son elocuentes:
– Superintendencia de Servicios de Salud: -48%
– Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): -17%
– Agencia Nacional de Discapacidad: -15%
– Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): -22%
– Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: -40%
– Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES): – 70%
– Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: – 93%
– Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae más del 90%
En el área Salud permanecieron virtualmente paralizados por falta de fondos programas críticos como:
– Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica: -50%
– Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra: -75%
– Atención Sanitaria en el Territorio: -96%
– Prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 65% y el 73%.
– Fortalecimiento del Sistema Público de Salud: -72%
– Hospitales nacionales, incluido el Instituto Nacional del Cáncer: -13%
Tampoco se salvan los organismos de seguridad, en especial las fuerzas federales, supuestamente valoradas por la ministra Patricia Bullrich:
– Policía Federal: -25%
– Gendarmería Nacional -24%
– Policía de Seguridad Aeroportuaria: -15%
– Prefectura Naval: -24%
Bases del serrucho
La aprobación de la ley autodenominada “Bases”, apoyada por buena parte de la “oposición” amiga, además de transferir de manera anticonstitucional facultades legislativas al Poder Ejecutivo (que en la Argentina es unipersonal), facultó al Gobierno a disponer de manera discrecional la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial” de los organismos que forman parte de la estructura estatal.
Milei-Sturzenegger afilan hachas, motosierras y licuadoras para concretar todas y cada una de esas acciones. En realidad, en el sentido exactamente inverso al de las “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina” del tucumano Juan Bautista Alberdi, a quien dicen seguir pero que, en realidad, en 1852 diseñó la ingeniería de un país y de un Estado encargado de su administración. Por el contrario, la normativa en marcha está destinada a desmontarlo, para lo cual otorga al Poder Ejecutivo facultades privatizadoras y poderes desregulatorios amplios y a gobernar por decreto en materia administrativa, económica, financiera y energética; instala un régimen de promoción de grandes inversiones, que destruye la producción nacional y abre las puertas a la enajenación de los bienes naturales comunes convertidos en “recursos” a disposición de las transnacionales.
Afuera, afuera y, también, afuera
La Administración Pública Nacional argentina está conformada en la actualidad por 10 jurisdicciones: Presidencia de la Nación, su Jefatura de Gabinete de Ministros y 8 ministerios: Capital Humano, Defensa, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Salud y Seguridad. Incluye 43 organismos desconcentrados y 73 descentralizados, además de 64 Entes del Sector Público Nacional, las tan apetecibles para el mercado sociedades del Estado, sociedades anónimas y organizaciones empresariales con participación estatal.
Ese mapa contiene un botín sobre el que pesan intenciones de transferir a las corporaciones y, a juicio de los actuales funcionarios, un amplio “territorio de descarte”, la supuesta “hojarasca” que, por el contrario, es la expresión formalizada del trabajo acumulado de decenas de generaciones de argentinas y argentinos, estructurada en dispositivos institucionales que cuentan con autoridades, misiones y funciones, protocolos y reglamentos. La inmensa mayoría ordenan una administración que debe regirse por los mandatos de la Constitución Nacional, norman derechos y obligaciones, generan acciones beneficiosas para la ciudadanía, respetan el federalismo, garantizan el acceso a la salud, la vivienda, la educación, la previsión social, la alimentación, los derechos humanos, la justicia o la justicia social, mal que le pese a quienes la consideran “aberrante”.
Batalla contracultural y tijera
A caballo de la ideología de un sistema como el del mercado y el capitalismo, repiquetea de manera constante la campaña antiestatista, contraria a la actividad partidaria (perversamente presentada como “la política”) y a cualquier pensamiento nacional y, ni qué decir, popular. Cada medida de destrucción es presentada, en especial por el propio presidente y por el principal megáfono de su batalla anticultural, el vocero Manuel Adorni, como un avance sobre inexistentes “choreos”, sobre “ñoquis” que en realidad cumplen o cumplieron hasta que los echaron con funciones útiles y pertinentes o “ravioles” que alojan diferentes “curros” que no son más que acciones normadas por ley, o sobre trabajadoras y trabajadores a los que, por haber estado en las estructuras administrativas antes del 10 de diciembre del año pasado, califican de “militantes”.
En la lista de futuros blancos o de estructuras ya ejecutadas aparecen:
• Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de Jefatura de Gabinete;
• Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), bajo la órbita del actual omniministerio de Capital Humano;
• Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dentro del organigrama del Ministerio de Justicia;
• Fondo de Integración Sociourbana (FISU);
• Instituto Nacional de la Música (INAMU); el Instituto Nacional del Teatro (INT); Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner; el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas,
• El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e indígena (INAFCI) y los 59 Centros de Referencia (CDR) de la cartera de Capital Humano ya fueron disueltos.
Mientras se discutió la herramienta que, en definitiva, le dio a Javier Milei la posibilidad de avanzar hacia el reemplazo de un gobierno por un plan de negocios y de un país por una modesta filial del mercado transnacional, se produjo un proceso de movilizaciones gremiales y de los movimientos populares contrarias al desguace. En el seno mismo de las cámaras legislativas, el peronismo genuino discutió y votó en rechazo del mismo, al tiempo que gobernadores de diferentes provincias, encabezadas por la de Buenos Aires, junto a centenares de municipios, hicieron otro tanto. Presionaron, obligaron a recortar la nómina del achique, para sustraerle estructuras de muchísima importancia para el presente y el futuro nacional.
Solo leer la lista de los “salvados” causa estupor el que hayan pretendido desaparecerlos o entregarlos a las corporaciones. De todos modos, mientras permanezcan en cualquier carpeta del portafolios de Sturzenegger, con un presidente al que se le delegaron poderes por un año, siempre quedará la duda acerca de si estructuras como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) podrán sostenerse dentro del aparato estatal.
Aquel maletín, reemplazado a veces por una juvenil mochila, guarda el deseo presidencial, por ahora contenido, de privatizar de manera total o parcial Aerolíneas Argentinas; Energía Argentina S.A. (Enarsa); Radio y Televisión Argentina; Intercargo; AySA; Correo Argentino; Belgrano Cargas; Corredores Viales; Trenes Argentinos; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Atucha I y II y la Central de Embalse); Banco Nación; Nación Seguros, Reaseguros, Seguros de Retiro, Servicios y Bursátil y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consideró que el actual “no sólo es un ataque a los estatales, sino a toda la sociedad”. Con una mirada global, además de la defensa de las fuentes de trabajo, Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato de alcance nacional, explicó que “cada organismo que se cierra se traduce en un servicio público que desaparece”, contrario a la “obligación de garantizar los derechos fundamentales a los sectores más vulnerables” propia del Estado. Se trata, por ejemplo, de “asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente”, de elaborar “políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo” o de financiar “proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares”, además de la “creación de lotes con servicios”, que no son otra cosa que las misiones de algunas de las estructuras a decapitar.
Dicen que “la Patria no se vende”. Los legisladores tendrán su oportunidad de avanzar o rechazar las propuestas libertarias cada vez que lleguen leyes proponiendo esos movimientos. Las centrales obreras, los movimientos populares, partidos políticos, gobernadores, intendentes, el estudiantado, asociaciones profesionales, culturales… tendrán también la posibilidad de dar respuesta a los intentos de destrucción del Estado y de la Patria misma.
