Human Rights Watch ha solicitado al Estado argentino que investigue la represión policial ocurrida durante una marcha de jubilados el pasado 12 de marzo en Buenos Aires. La organización también cuestionó el protocolo antipiquetes, argumentando que facilita violaciones de derechos humanos. Además, destacó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión cerebral tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un agente de seguridad.
El contundente llamado de atención hacia la gestión de Javier Milei también reafirma los hallazgos de la investigación que identificó al agente de Gendarmería Nacional responsable de apuntar y disparar el cartucho de gas lacrimógeno contra el fotoperiodista Pablo Grillo, lo que le ocasionó una grave lesión.
Human Rights Watch sostiene que este y otros disparos se realizaron “en violación de los estándares internacionales” sobre el uso de la fuerza y criticó que, a pesar de esto, la ministra Patricia Bullrich haya defendido la represión, ignorando las evidencias.
Asimismo, en su informe, la organización reconoce que algunos manifestantes “realizaron actos violentos”, pero subraya que la respuesta de la policía fue aún más desmedida: “Hicieron un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza”, y “hay pruebas contundentes” que lo respaldan.
Uso irresponsable y riesgoso de la fuerza
El pronunciamiento de Human Rights se realizó a través de un informe público breve pero impactante titulado “Excesos en la reacción policial ante la protesta”. El documento presenta un relato desgarrador de los eventos ocurridos el miércoles, cuando las agrupaciones de jubilados recibieron el respaldo de miles de aficionados de clubes deportivos, a quienes el Gobierno intentó desacreditar mediante la generalización de “barrabravas”.
Ese día se evidenció un “uso irresponsable y riesgoso de la fuerza”, y “hay evidencia sólida” que respalda esta afirmación, afirmó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juaniga Goebertus.
Por ese motivo, puntualizó la organización, “las autoridades argentinas deberían investigar” la represión, así como también “revisar el protocolo antipiquetes, que facilita violaciones de derechos humanos”.
Contra el protocolo antipiquetes
El informe de Human Rights se centró en la política de seguridad del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y en la resolución administrativa que la respalda: el protocolo antipiquetes implementado por Bullrich en diciembre de 2023.
La organización señaló que este mecanismo “autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear la fuerza en situaciones donde su uso no estaría justificado según el derecho internacional de los derechos humanos”.
Además, subrayó que “no posee cláusulas que obliguen a las fuerzas de seguridad a recurrir a medios razonables al ejercer la fuerza”. También lo acusó de “criminalizar cualquier obstáculo al tránsito que surja de una manifestación” y permitir “a la policía utilizar la fuerza incluso cuando los manifestantes no generen una situación de riesgo”.