Los esfuerzos de los vecinos de Floresta para proteger la tradicional esquina en ochava de la calle San Nicolás al 500, donde por décadas funcionó el histórico “Almacén de Alonso” tuvieron éxito en los papeles pero fueron un fracaso absoluto en los hechos. Estar incorporado preventivamente al catálogo de inmuebles patrimoniales, por decisión del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires no fue suficiente para frenar la ambición de un proyecto inmobiliario; tampoco logró torcer los destinos de la obra el tratamiento legislativo de una iniciativa de protección. Ni siquiera una orden judicial consiguió cambiar el destino de escombros del viejo almacén, ejemplo típico de las despensas barriales de comienzos del siglo pasado.
La esquina de San Nicolás y Aranguren ya no es más la esquina del tradicional almacén, las intenciones de demoler el inmueble para construir en el valioso predio, algún proyecto inmobiliario con altos rendimientos económicos fue concretada ignorando una medida cautelar.
El pasado martes 1º de octubre el juez porteño Marcelo Juan Segon, titular del juzgado N° 17 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordenó el cese de actividades en el inmueble y también definir su estado de conservación, además de disponer que el Gobierno de la Ciudad informe qué acciones se están llevando a cabo con el propósito de preservar el patrimonio. Esta medida cautelar, dictada en el marco de un amparo iniciado por un vecino de Floresta con el patrocinio letrado de la defensora pública Cecilia González de los Santos, a cargo de la Defensoría Nº 4, fue ignorada totalmente, lo que se constata con el desmantelamiento de la histórica edificación.
Frente al hecho consumado, y ante el incumplimiento de la orden judicial, desde el Ministerio Público de la Defensa se denunció como “hecho nuevo” el incumplimiento de la medida cautelar. “El almacén de Floresta ha sido demolido casi en su totalidad”, sostiene la defensora González de los Santos en su presentación en la cual resalta que “dichas acciones se han llevado a cabo en claro incumplimiento” de la orden judicial “debidamente notificada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 1° de octubre”.
En la denuncia, la defensa pública no sólo solicita que se realice un reconocimiento judicial para que se constate la demolición y se dispongan las medidas correspondientes a la violación de lo dispuesto por el juez, también plantea que podría existir por parte del Gobierno de la Ciudad un hecho delictivo al no ejecutarse las acciones necesarias para el cumplimiento de la ley.
“Pongo de resalto que dicha situación debería ser analizada a la luz del artículo 248 del Código Penal, motivo por el cual, solicito a Vuestra Señoría se extraigan copias de las presentes actuaciones y se remitan a sede penal para su investigación”, expresa la denuncia de la defensa.
En el caso de prosperar la causa penal contra el Gobierno porteño al no tomar las medidas suficientes que evitaran la demolición, según lo dispone el Código Penal los funcionarios que pudiesen ser imputados por “no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere” podrían ser sancionados con prisión de hasta dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.
El caso del Almacén de Floresta no sólo llama la atención por la demolición concretada apenas días después de la orden judicial suspendiendo todo tipo de actividades que dañaran el edificio, resulta aún más llamativo ya que en el mes de abril, los vecinos de la ONG Salvar Floresta, denunciaron que se estaban retirando los techos del edificio para “crear el hecho consumado”, y asumir la multa correspondiente por demoler sin permiso como un simple costo extra para legalizar una obra ilegal.
