En consonancia con el proyecto del Pro porteño en la Legislatura porteña, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, adelantó que el Gobierno nacional apostará fuerte en el reinicio de las sesiones en el Congreso: aprobar el financiamiento privado a los partidos políticos es la prioridad. Algo que la Justicia sospecha que Cambiemos ya hizo en 2015 y 2017.
“Si no se discuten en extraordinarias, van a ser los primeros temas que se pongan en debate en el arranque de las sesiones ordinarias del Congreso”, reveló el funcionario.
Además, detalló cuáles son los otros temas legislativos de importancia para el oficialismo: “Tanto financiamiento político como la ley de barrabrava son dos temas que han avanzado en las discusiones en el Parlamento”, explicó el hombre de Cambiemos.
“En este caso, lo que importa es que podamos discutir, ya sea ahora, en febrero o en marzo, una ley de financiamiento que nosotros creemos que necesita la Argentina para seguir este proceso de transparencia que hemos arrancado hace tres años”, sostuvo Frigerio contradiciendo a gente de su espacio, como Elisa Carrió, quien se mostró en contra asegurando todo lo contrario: la medida atentaría contra la democracia.
Además, el ministro cree que “todo lo que es materia electoral no se puede definir por un decreto de necesidad y urgencia” y que, por ende, “tiene que pasar sí o sí por el debate parlamentario”.
Y el hombre del Gabinete continuó: “Prefiero no adelantarme en dar detalles porque nuestra energía y nuestro objetivo es que esto sea una ley sancionada por el Parlamento y que tengamos una reforma integral del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas”.
“Si no lo conseguimos, si no logramos que la oposición nos acompañe en esta iniciativa, veremos qué instrumentos tiene el Ejecutivo en, por lo menos, avanzar algo en la transparencia del proceso electoral”, concluyó Frigerio.
Recordemos que Cambiemos está siendo investigado por el juez Ariel Lijo por presuntos aportes privados durante sus campañas electoral de 2015 y 2017. En las mismas, los fondos privados habrían sido blanqueados a través de una inmensa lista de personas que nunca realizaron ningún tipo de aporte ni estarían afiliados a ninguno de los partidos.
