El PJ presentó en diputados un proyecto de ley que prohíbe, con retroactividad al 10 de diciembre de 2015, despidos sin causa por el transcurso de un año. Y castiga los incumplimientos con una triple indemnización.
No es el primer plan en este sentido pero probablemente sí el más duro. Es que el diputado nacional del Frente Renovador, Facundo Moyano, había presentado la semana pasada un proyecto de ley para declarar la emergencia ocupacional y de esta forma prohibir los despidos injustificados por el plazo de 180 días. La iniciativa, según Moyano, había sido acompañada por los diputados Héctor Recalde, Alicia Ciciliani, Néstor Pitrola, Edgardo Depetri, Enrique Castro, Jorge Taboada, Cecilia Moreau, Omar Plaini, Carla Pitiot y Mónica Litza.
Los referentes económicos de Cambiemos en el Parlamento se mostraron en desacuerdo con el proyecto y señalaron que no lo acompañarán porque implicaría una muy mala señal para las empresas y para las futuras inversiones que el Gobierno considera necesarias para reactivar el crecimiento y el empleo, sobre todo en el sector privado.
Así las cosas, la propuesta presentada hoy es de Oscar Romero, jefe del bloque del PJ en la Cámara Baja. Justamente, el sector autopartistas (Romero tiene un proyecto sobre el sector) y de las terminales automotrices viene sufriendo suspensiones, retiros voluntarios y despidos por goteo. El presidente Mauricio Macri fue justamente a Córdoba, a la presentación de una inversión de 500 millones de dólares por parte de FCA (Fiat).
De acuerdo a los números que plantea Romero, ya existen en la economía unos 120.000 despedidos desde el cambio de gobierno. Según estimó, el objetivo del proyecto es “parar la embestida contra los trabajadores”. Y agregó además: “La intención de esta iniciativa es que los sectores públicos y privados cierren sus cuentas, pero con los trabajadores adentro, y si se tiene que ajustar, que no sea a costa de la pérdida de trabajos”.
El proyecto de Romero establece que se decrete la “emergencia laboral” por el término de un año, lo que establecería directamente la prohibición durante ese período en todo el país de despedir a un trabajador sin causa. Se aplicaría sobre todos los trabajadores, tanto en el ámbito público como privado, registrados, no registrados o registrados irregularmente, independientemente de su modalidad contractual y de su fecha de ingreso, con retroactividad al 10 de diciembre de 2015.
“También está contemplado en un artículo que los empleadores del sector privado que no cumplan con la ley deberán abonar una triple indemnización”, explicó el diputado, quien pidió reincorporar a los trabajadores públicos despedidos y pagarles los salarios caídos.