El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5 imputó a autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta administración infiel, esto último en caso de comprobarse la existencia de sobreprecios.
Los tres principales acusados son José Luis Giusti exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas; Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la Unión Cívica Radical porteña y Sergio Gastón Ricardo, exsecretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA, quienes a su vez serían de los principales promotores de Martín Lousteau.
Según se conoce, los imputados habrían utilizado el alto cargo jerárquico desempeñado en la casa de estudios para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas “José de San Martín” -dependiente de la UBA- hacía proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados.
Para llevarse a cabo, las maniobras habrían contado con la complicidad clave de quienes sucesivamente se desempañaron al frente de la Dirección de Administración del Hospital de Clínicas, quienes habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol, según diferentes estipulaciones judiciales.
Tras denuncias periodísticas que señalaban esta presunta situación y que la vinculaban con la financiación de la campaña de Martín Lousteau a jefe de Gobierno, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación preliminar que derivó, semanas atrás, en la presentación de una denuncia penal por los delitos de negociaciones incompatibles, administración infiel, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Parte de esa pesquisa habría puesto de relieve los múltiples vínculos existentes entre José Luis Giusti, Emilio Yacobitti y Sergio Ricardo con Coy, Quiroga y Bordoli, quienes desde 23 de febrero de 2007 y hasta el mes de junio de 2015 se desempeñaron sucesivamente al frente de la Dirección General de Administración del Hospital de Clínicas. “Podría inferirse que ellos fueron designados estratégicamente en ese cargo para favorecer sus intereses privados y de su círculo de confianza”, concluyó la Procelac.
En base a la investigación de la Procuraduría se sospecha de distintas contrataciones que beneficiaron a un conglomerado de empresas, como Medipack S.A., que desde el 9 de abril de 2008 hasta el 19 de marzo de 2014 obtuvo 69 contratos por un total de $11,229 millones.
Se trata de una sociedad que fue constituida en septiembre de 2003 por Diego Pellegrini, cuñado del imputado Sergio Gastón Ricardo. Es decir, quienes contrataban y eran contratados formaban parte de un “círculo íntimo”, modus operandi que se reitera en todas las operaciones bajo análisis.
El Hospital de Clínicas no es el único nosocomio en el cual se habrían producido este tipo de irregularidades: Sergio Gastón Ricardo se desempeñó también como director General de Administración del Hospital Pedro Elizalde período durante el cual se proveyó de medicamentos a través de Medipack, al menos entre 2009 y julio de 2014, aunque por cifras inferiores ($144.525).
“Si bien esta cifra es muy inferior a la de la Universidad de Buenos Aires, estas contrataciones irregulares demuestran que estas personas no distinguen entre lo público y lo privado, sino que utilizan las instituciones del Estado para engrosar su patrimonio personal, y dejar de lado el tan preciado bien común por el que deben velar”, consignó el fiscal federal Franco Picardo en su presentación.
En su requerimiento de instrucción, Picardi señaló que Giusti, Yacobitti y Ricardo poseen “numerosos negocios espurios” con la Universidad de Buenos Aires, situación incompatible por ser funcionarios públicos de esa institución y que avizora “un claro conflicto de intereses” para los cuales se valieron, entre otras maniobras, en la designación de personas de su absoluta confianza en cargos estratégicos de esa casa de estudios.
Así las cosas, Picardi extendió la imputación no sólo a quienes desempeñaron esos cargos estratégicos -en el Hospital de Clínicas, particularmente- sino también a las personas que integran el conglomerado de sociedades contratadas, con quienes los principales acusados tienen, en algunos casos, relaciones de parentesco.
